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Realizaron acto en el Borda a nueve años de la brutal represión de la Policía de la Ciudad

«2013-2022, a nueve años de la represión en el Borda, seguimos exigiendo justicia», fue la consigna de la convocatoria que se hizo desde las 10 en la sede de ese centro de salud porteño, ubicado en la calle Ramón Carrillo 375 del barrio de Constitución.

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Distintas organizaciones vinculadas a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este martes un acto con motivo de cumplirse nueve años de la represión ejercida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra pacientes, trabajadores, legisladores y periodistas en el Hospital Borda.

«2013-2022, a nueve años de la represión en el Borda, seguimos exigiendo justicia», fue la consigna de la convocatoria que se hizo desde las 10 en la sede de ese centro de salud porteño, ubicado en la calle Ramón Carrillo 375 del barrio de Constitución.

Las organizaciones recordaron en un comunicado que «se cumple un nuevo aniversario de aquella represión policial dentro del hospital que dejó más de 50 heridos entre trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores de la Ciudad», y señalaron que se trató del día «en que nos arrebataron el Taller 19».

En el acto tocaron bandas en vivo, hubo una olla popular y un festival con arte y música, y las actividades fueron organizadas por los trabajadores del Borda, Moyano, Tobar García, Alvear, Talleres Protegidos y ATE.

«Seguimos reclamando que paguen los responsables políticos de aquella represión: (María Eugenia) Vidal, (Horacio) Rodríguez Larreta y (Mauricio) Macri. El recupero de las vacantes para trabajadores y pacientes; paritarias y salarios dignos y condiciones de trabajo dignos para atender a nuestros pacientes», manifestaron los trabajadores.

El 26 de abril de 2013, la Policía Metropolitana irrumpió violentamente en las instalaciones del Hospital Borda con el objetivo de demoler los Talleres Protegidos.

La orden fue dada por la gestión del entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y su vicejefa, María Eugenia Vidal, quienes tenían la intención de instalar allí un centro cívico para que funcionen dependencias gubernamentales.

Pacientes psiquiátricos, trabajadores, legisladores, militantes, vecinos y comunicadores que se acercaron al hospital en esa oportunidad fueron víctimas de esa represión, que incluyó golpes y gases lacrimógenos.

Gabriela Sánchez, trabajadora y delegada de ATE Capital en el Borda, recordó en declaraciones a radio Gráfica que «aquella mañana, arremetieron con todo por el lado de atrás con topadoras y muchísima policía. No nos dejaban entrar al taller y luego, cuando los trabajadores quisieron ver cómo entraban las topadoras, comenzó una terrible represión, nunca antes vista adentro de un hospital» y manifestó que «fue una experiencia terrible y muy traumática».

El acto, que contó con la participación de unos 200 asistentes, tuvo como puntos centrales el pedido de castigo a los responsables de la represión, la defensa de la salud pública, la reivindicación de la labor diaria de sus trabajadores y el reclamo de reconstrucción del Taller Protegido Intrahospitalario 19 en el lugar donde estaba.

«Hoy los hospitales de salud mental siguen abiertos gracias a que lo sostienen los trabajadores y trabajadoras de salud, gracias a su esfuerzo cotidiano y a la resistencia que arrancó ese 26 de abril de 2013, afirmó el delegado de Talleres Protegidos, Gustavo Fernández Ferro y sostuvo que se trata de «una fecha que debemos recordar porque es la prueba más cruda de lo que significa la salud pública para el neoliberalismo».

Por su parte, las Juntas Internas de ATE en los hospitales Borda, Moyano, Alvear, Tobar García y Talleres Protegidos señalaron en un comunicado que «estamos orgullosos y orgullosas, porque si bien el costo que pagamos fue alto y el taller ya no está, sin esa lucha, sin enfrentar cara a cara a la policía ese 26 de abril, hoy no tendríamos el hospital Borda abierto, de pie».

Investigación 🔎

ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones bajo la gestión Spagnuolo

Un informe interno elaborado tras la salida de Diego Spagnuolo reveló diferencias de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas clave del organismo. Los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025 mientras parte de los compromisos se abonó sin pasar por los controles administrativos obligatorios.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni, Karina Milei, coimas, ANDIS, Diego Spagnuolo, Eduardo Menem, lawfare, Cristina Fernández de Kirchner, Sebastián Casanello,
El agujero negro de la Andis: más de $158.000 millones en diferencias contables y una causa por coimas del 20%.

Más de $158.000 millones en diferencias contables no justificadas, pagos millonarios sin respaldo documental y una causa judicial que investiga sobreprecios y posibles coimas de hasta el 20%: eso es lo que dejó al descubierto la auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) después de la salida de su conductor.

La intervención del organismo elaboró el informe tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025. El trabajo examinó la gestión hasta esa fecha y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, nómina de empleados y declaraciones juradas.

$158.717 millones que nadie puede explicar

El eje del informe es contundente: «se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible», según consigna el propio documento. La cifra surge de comparar la información entregada por dos áreas con responsabilidad directa sobre las finanzas del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud.

Fue precisamente la Dnass la que informó el monto de deuda más elevado. Y fue también la Dnass la que, según el informe, presentó posibles imprecisiones en los datos entregados: desde esa dirección advirtieron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. Una explicación que los auditores no consideraron suficiente para cerrar el caso.

Pagos sin control previo y la figura del «legítimo abono»

La auditoría también puso el foco en la utilización del mecanismo conocido como legítimo abono, una figura que permite pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. En otras palabras: primero se entrega el servicio, después se busca la forma de pagarlo, saltando los controles que el Estado establece para garantizar transparencia y competencia en las compras.

El informe señaló que hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y que solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios. Los auditores no identificaron en detalle cuáles fueron los pagos efectuados bajo esa figura, pero revelaron un dato que habla por sí solo: los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

Una causa judicial que avanza sobre posibles coimas

La Dnass no solo está en el centro del desfasaje contable. También es objeto de una investigación judicial que conduce el fiscal Franco Picardi, quien analiza un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra. Según la acusación fiscal, esos procesos habrían presentado sobreprecios y deficiencias graves en los procedimientos administrativos.

La causa judicial que involucra a Spagnuolo suma así una nueva dimensión: ya no se trata solo de irregularidades contables sino de una posible estructura de corrupción que habría operado durante su conducción del organismo. La justicia federal rechazó además el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente, según trascendió de fuentes judiciales, lo que mantiene activa una de las líneas de investigación más sensibles del caso.

Lo que tenés que saber

  • La auditoría detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda de la DPYC y la Dnass en la ex Andis.
  • Los prestadores de medicamentos e insumos cobraron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
  • Parte de esos pagos se realizó bajo la figura de legítimo abono, sin los controles administrativos previos obligatorios.
  • El fiscal Franco Picardi investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra de la Dnass.
  • La justicia rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente.
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