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Realizaron acto en el Borda a nueve años de la brutal represión de la Policía de la Ciudad

«2013-2022, a nueve años de la represión en el Borda, seguimos exigiendo justicia», fue la consigna de la convocatoria que se hizo desde las 10 en la sede de ese centro de salud porteño, ubicado en la calle Ramón Carrillo 375 del barrio de Constitución.

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Distintas organizaciones vinculadas a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizaron este martes un acto con motivo de cumplirse nueve años de la represión ejercida por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires contra pacientes, trabajadores, legisladores y periodistas en el Hospital Borda.

«2013-2022, a nueve años de la represión en el Borda, seguimos exigiendo justicia», fue la consigna de la convocatoria que se hizo desde las 10 en la sede de ese centro de salud porteño, ubicado en la calle Ramón Carrillo 375 del barrio de Constitución.

Las organizaciones recordaron en un comunicado que «se cumple un nuevo aniversario de aquella represión policial dentro del hospital que dejó más de 50 heridos entre trabajadores, pacientes, periodistas y legisladores de la Ciudad», y señalaron que se trató del día «en que nos arrebataron el Taller 19».

En el acto tocaron bandas en vivo, hubo una olla popular y un festival con arte y música, y las actividades fueron organizadas por los trabajadores del Borda, Moyano, Tobar García, Alvear, Talleres Protegidos y ATE.

«Seguimos reclamando que paguen los responsables políticos de aquella represión: (María Eugenia) Vidal, (Horacio) Rodríguez Larreta y (Mauricio) Macri. El recupero de las vacantes para trabajadores y pacientes; paritarias y salarios dignos y condiciones de trabajo dignos para atender a nuestros pacientes», manifestaron los trabajadores.

El 26 de abril de 2013, la Policía Metropolitana irrumpió violentamente en las instalaciones del Hospital Borda con el objetivo de demoler los Talleres Protegidos.

La orden fue dada por la gestión del entonces jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y su vicejefa, María Eugenia Vidal, quienes tenían la intención de instalar allí un centro cívico para que funcionen dependencias gubernamentales.

Pacientes psiquiátricos, trabajadores, legisladores, militantes, vecinos y comunicadores que se acercaron al hospital en esa oportunidad fueron víctimas de esa represión, que incluyó golpes y gases lacrimógenos.

Gabriela Sánchez, trabajadora y delegada de ATE Capital en el Borda, recordó en declaraciones a radio Gráfica que «aquella mañana, arremetieron con todo por el lado de atrás con topadoras y muchísima policía. No nos dejaban entrar al taller y luego, cuando los trabajadores quisieron ver cómo entraban las topadoras, comenzó una terrible represión, nunca antes vista adentro de un hospital» y manifestó que «fue una experiencia terrible y muy traumática».

El acto, que contó con la participación de unos 200 asistentes, tuvo como puntos centrales el pedido de castigo a los responsables de la represión, la defensa de la salud pública, la reivindicación de la labor diaria de sus trabajadores y el reclamo de reconstrucción del Taller Protegido Intrahospitalario 19 en el lugar donde estaba.

«Hoy los hospitales de salud mental siguen abiertos gracias a que lo sostienen los trabajadores y trabajadoras de salud, gracias a su esfuerzo cotidiano y a la resistencia que arrancó ese 26 de abril de 2013, afirmó el delegado de Talleres Protegidos, Gustavo Fernández Ferro y sostuvo que se trata de «una fecha que debemos recordar porque es la prueba más cruda de lo que significa la salud pública para el neoliberalismo».

Por su parte, las Juntas Internas de ATE en los hospitales Borda, Moyano, Alvear, Tobar García y Talleres Protegidos señalaron en un comunicado que «estamos orgullosos y orgullosas, porque si bien el costo que pagamos fue alto y el taller ya no está, sin esa lucha, sin enfrentar cara a cara a la policía ese 26 de abril, hoy no tendríamos el hospital Borda abierto, de pie».

Gremiales

PAMI en crisis: médicos paran 72 horas y denuncian más recortes

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Se garantizan urgencias.

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El Argentino Diario-Médicos-Residencias médicas-Hospital público-Salud Pública.

El sistema de salud de los jubilados entró en zona de conflicto abierto. Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo a una resolución oficial que, según denuncian, recorta sus ingresos y deteriora las condiciones de atención. Mientras tanto, la cadena de pagos también cruje: farmacéuticos advierten por deudas millonarias que arrastran desde comienzos de año.

La medida fue impulsada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Integral y Afines (APPAMIA), que nuclea a los médicos del primer nivel de atención. Aunque se garantizan las urgencias, el conflicto deja expuesta una tensión de fondo: la sostenibilidad del modelo prestacional en un contexto de ajuste.

Un recorte que impacta en el bolsillo y en el sistema

El eje del reclamo es la resolución RESOL-2026-1107 del PAMI, que modifica el nomenclador y unifica criterios de pago. En los hechos, los profesionales aseguran que implica una baja significativa en sus ingresos.

  • Pago propuesto: $2.100 por paciente por mes
  • Ingresos mensuales que caen de $2.100.000 a $1.400.000
  • Jornadas completas con alta carga administrativa

Desde APPAMIA sostienen que esos montos no alcanzan para cubrir costos básicos de funcionamiento, como alquiler de consultorio, personal administrativo o servicios. “Es inviable sostener la práctica médica en estas condiciones”, advierten.

Sobrecarga y precarización

El conflicto no se limita a los ingresos. Los médicos describen un esquema de trabajo cada vez más exigente, con consultas cada 20 minutos y un sistema de validación que, según denuncian, suele fallar.

Ese cuello de botella obliga a muchos profesionales a completar tareas fuera del horario laboral, incluso por la noche, para evitar descuentos. La combinación de menor ingreso y mayor carga de trabajo alimenta el malestar.

Riesgo de éxodo y deterioro de la atención

El dato que más preocupa es el posible impacto en los afiliados. Desde la organización gremial advierten que podría producirse un “éxodo masivo” de médicos, lo que afectaría el funcionamiento del primer nivel de atención, clave en el seguimiento de enfermedades crónicas y la coordinación de tratamientos.

El médico de cabecera es, en la práctica, la puerta de entrada al sistema: prescribe medicamentos, ordena estudios y gestiona derivaciones. Su debilitamiento repercute de manera directa en la calidad de atención.

Deudas y falta dde medicamentos

A la par del paro, farmacéuticos denuncian atrasos en los pagos que, según estimaciones del sector, podrían superar los $500.000 millones. La deuda complica la provisión de medicamentos y suma presión sobre un sistema que ya muestra signos de fragilidad.

En ese escenario, el conflicto en PAMI deja de ser sectorial para convertirse en un problema estructural. Lo que está en juego no es solo una discusión salarial, sino el funcionamiento de una de las principales redes de atención sanitaria del país. Y los perjudicados por el gobierno libertario son, una vez más, los jubilados.

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