A una semana del veto, Milei sostiene la exclusión de toda la prensa acreditada en la Rosada

★ El gobierno del presidente Javier Milei mantuvo este lunes la prohibición del ingreso de los periodistas acreditados a la Casa de Gobierno, sin anunciar plazos para su levantamiento ni ofrecer explicaciones adicionales a las ya conocidas. El próximo jueves se cumplirá una semana de la decisión, que desde Balcarce 50 siguen encuadrando como una medida estrictamente «preventiva».

La restricción, que abarca a la totalidad de los cronistas acreditados en la sede del poder ejecutivo, se tomó luego de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje ilegal, tras la difusión de un informe televisivo que mostraba recorridos por pasillos e interiores del palacio de gobierno. Fuentes del Gobierno justificaron el veto general argumentando que el material podría derivar en una causa por espionaje y que la medida se mantendrá hasta que la situación judicial se esclarezca.

Sin plazos ni garantías para la prensa

A siete días de iniciada la restricción, el oficialismo no fijó una fecha de levantamiento ni habilitó canales para que los periodistas afectados pudieran impugnar la decisión. La postura oficial se limita a reiterar el carácter «preventivo» de la medida, sin precisar qué condiciones deberían cumplirse para restituir los accesos. La ausencia de un criterio objetivo y la falta de un procedimiento formal convierte la prohibición en un acto discrecional, sin plazos, sin tribunal y sin derecho a réplica para los trabajadores de prensa afectados.

Un escalonamiento progresivo

La medida de este jueves pasado no surgió de la nada. Como informó este medio el 6 de abril, el Gobierno ya había vedado el ingreso de periodistas de siete medios de comunicación, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, bajo el pretexto de su presunta vinculación con la llamada «trama rusa», una supuesta campaña de espionaje del grupo «La Compañía» para desacreditar a la administración libertaria. Aquella medida, que también se extendió a la Cámara de Diputados bajo la presidencia de Martín Menem, fue resistida por el Senado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se negó a replicarla.

Lo que entonces fue una restricción selectiva por medio se convirtió, el jueves 23 de abril, en un veto universal: ningún periodista acreditado puede ingresar a la Casa Rosada, independientemente del medio que represente o de cualquier vínculo con las causas invocadas. La ampliación del alcance de la medida evidencia una lógica de escalada que ya no requiere pretextos individualizados.

El timing y los escándalos que el veto apaga

La consolidación del veto a la prensa se produce en una coyuntura de particular exposición para el Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta investigaciones judiciales paralelas por presunto enriquecimiento ilícito y por su rol en la causa $LIBRA, el fraude con criptomonedas que salpica directamente al presidente Milei, quien ya fue citado a indagatoria. A eso se suma la polémica por los créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza, un esquema que el propio oficialismo debió salir a defender públicamente ante el creciente escándalo.

En ese contexto, el cierre de las puertas de la Casa Rosada a la totalidad de la prensa acreditada no puede leerse solo como una respuesta al incidente de TN. La cronología sugiere otra cosa: una administración acorralada por causas judiciales y escándalos en cascada que encuentra en la restricción informativa una herramienta para administrar el daño.

Puntos clave

• El Gobierno de Milei mantiene al lunes 28 de abril la prohibición total de ingreso a la prensa acreditada en Casa Rosada, sin fijar plazos ni condiciones para su levantamiento.
• El próximo jueves se cumple una semana de la medida, que el oficialismo justifica como «preventiva» ante la causa penal por presunto espionaje ilegal contra periodistas de TN.
• La restricción actual es la culminación de un proceso escalonado: el 6 de abril el Gobierno ya había vedado el acceso a cronistas de siete medios, invocando la supuesta «trama rusa».
• La prohibición carece de plazo, procedimiento de impugnación formal y criterio objetivo para su levantamiento, lo que la convierte en una medida de facto discrecional.
• El veto se sostiene mientras el Gobierno enfrenta investigaciones activas por la causa $LIBRA, el Banco Nación, el caso Adorni y la indagatoria al presidente.