Judiciales ⚖️
Exigen avanzar sobre posibles autores intelectuales del ataque a Cristina
Mientras la Justicia federal se centra en los autores materiales y sus cómplices, cuyo contacto con los hechos surge a partir de conversaciones de WhatsApp, la querella reclama ir a fondo.
Por Ariel Zak
La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclama, al igual que lo hizo la propia ex mandataria, que se investigue quiénes son los autores intelectuales del intento de magnicidio, mientras que la Justicia federal se centra, al menos hasta ahora, en los autores materiales y algunos eventuales cómplices cuyo contacto con los hechos surge de conversaciones de WhatsApp.
Aunque aún sin pistas firmes, desde la Justicia federal insisten en que todas las líneas de investigación permaneces abiertas y en que se buscará descifrar quiénes pudieron estar por detrás de los autores del ataque fallido contra la vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre.
La idea de que el ataque fue planificado por personas distintas a quienes finalmente lo ejecutaron es una de las principales líneas investigativas empujada por la querella, y así lo reveló la propia vicepresidenta el último viernes cuando alegó en defensa propia en el juicio que se le sigue por el caso conocido como «Vialidad».
«Nadie puede pensar que esa banda (de autores materiales) planificó o ideó la autoría intelectual de lo que me hicieron», sostuvo Fernández de Kirchner desde su despacho del Senado en el marco de una audiencia que se transmitió en vivo a través del canal de YouTube que dispuso el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que interviene en esa causa.
Por el ataque a la Vicepresidenta se encuentran detenidos y procesados como coautores del hecho Fernando André Sabag Montiel, el hombre que gatilló una pistola con cinco balas en el cargador apuntada a la cabeza de la exmandataria; y su pareja Brenda Uliarte (23), quien lo acompañó hasta el lugar del hecho y se jactaba en mensajes de WhatsApp de haberlo enviado a cometer el magnicidio.
También se encuentra detenida Agustina Díaz (21), quien registra conversaciones con Uliarte, al menos desde el 4 de julio, en las que se habla de matar a Fernández de Kirchner e incluso de cómo esconderse luego para evadir el accionar de la Justicia.
Y hay aquí una particularidad aún no develada: Díaz usaba una línea telefónica a nombre de Uliarte y su teléfono comenzará a ser peritado esta semana.
No será el único: hay al menos otros 5 teléfonos secuestrados en distintos allanamientos que serán sometidos a peritajes en los próximos días, aunque es baja la expectativa de que surjan de allí datos de trascendencia.
El cuarto detenido del caso es Nicolás Gabriel Carrizo (27), el hombre se que se hizo conocido el 2 de septiembre cuando protagonizó una entrevista junto con Uliarte en el noticiero del canal televisivo Telefe, en la que se presentó como el jefe de un grupo de vendedores de copos de nieve que estaban recibiendo amenazas por haber tenido entre sus empleados a Sabag Montiel.
Las propias conversaciones halladas en el teléfono de Carizzo lo muestran como alguien que conocía el plan para matar a la Vicepresidenta, además de que surge de ellas que habría aportado una pistola que no fue finalmente la que se usó en el ataque fallido.
Carrizo se presentó a la Justicia de manera voluntaria luego de que fuera detenida Uliarte; del mismo modo entregó su teléfono celular (y la clave de acceso) en el que se encontraron las pruebas que lo incriminan.
Tras su detención, se presentó para defenderlo el abogado Gastón Marano -que por entonces colaboraba también con un senador del PRO en la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de Inteligencia-, y quien reclamó que se declararan nulos los mensajes del celular de Carrizo porque él había aportado el dispositivo en calidad de testigo. El intento, por supuesto, fue rechazado.
Marano solicitó además una batería de medidas tendientes a despegar a Carrizo del atentado con la idea de que sólo tenía un vinculo laboral con los atacantes: para ello se enfocará en los mensajes de WhatsApp que acumula con ellos hasta el día del hecho.
Para los investigadores judiciales, pero sobre todo para la querella, el personaje de Carrizo es, al menos hasta ahora, el que podría conducir hacía los eventuales autores intelectuales del atentado fallido, según pudo reconstruir Télam de fuentes de la investigación.
Esta agencia informó el miércoles pasado que la querella de la vicepresidenta hizo una presentación judicial con el objetivo de que se investigue quién está por arriba del detenido Carrizo y que, para ello, aportó un dato sensible al expediente vinculado con un posible nexo del imputado y solicitó que sea investigado en un legajo reservado.
De las propias comunicaciones de Carrizo y de su manejo del WhatsApp y el Telegram surgen líneas de investigación en las que ya trabajan la Justicia y su auxiliares: en las conversaciones que ya fueron analizadas por los investigadores surgen elementos que colocan a ese imputado como alguien con ciertos conocimientos del submundo de la inteligencia, pero también de la Justicia y del accionar de las fuerzas policiales, a la vez que aparece como quien conduce a Uliarte en las horas posteriores al ataque.
Es el propio Carrizo el que diseña la estrategia de ir a los medios de comunicación a dar una entrevista y desde ese lugar fue el que se ocupó de definir las condiciones y de reunir, el 2 de septiembre, al resto de los supuestos vendedores de copos de nieve con la propia Uliarte.
«Brenda necesito que hablemos de algo. Nos están investigando, incluso a vos. Tenemos los teléfonos pinchados (…) vamos a darle una montada a los medios de mirada. Si, tenés que venir con nosotros. Pero antes de eso vamos a hablar acá y lo que tenés que decir», le dijo Carrizo a Uliarte horas después del ataque fallido, cuando actuaba como quien maneja todas las variables.
Por esas horas también le envió un mensaje a su hermanastra, agendada en su teléfono como «Andrea», en el que le decía que el atentado estaba planificado para la semana siguiente y que Sabag Montiel era un «pelotudo» por haber fallado. Allí también le manifestó que había aportado una pistola para el ataque y su hermanastra intentó tranquilizarlo con el pretexto de que no quedarían huellas en el arma.
Carrizo intentaría luego, durante su declaración indagatoria ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rivolo, hacer pasar esos mensajes como parte de una «broma», algo que pareciera que nadie creyó.
Del análisis de sus propias conversaciones puede observarse, incluso, que el tono es, primero -en las horas más cercanas al hecho-, el de quien quiere dominar una situación, y luego, acaso en un giro estratégico, el de quien intenta modificar el tono para alguna vez presentarlo como jocoso.
En las horas posteriores al ataque Carrizo le indicó a Uliarte cómo moverse; la conversación fue la siguiente, según reconstruyó Télam:
Carrizo: Ponete un barbijo y actúa normal, viajá en bondi y listo. (…) tendrías que salir ahora. A esta hora la gente sale a laburar
Brenda: Perdonen chicos en el lío que los metimos.
Carrizo: Lo único que te puedo decir es que estamos investigados. La llamaron a la mamá de Miguel (Ángel Castro Riglos, uno de los supuesto vendedores de copos de nieve).
Brenda: ¿Posta?
Carrizo: Y le preguntaron si tenía vínculo con Sabag Montiel. No es joda.
Brenda: Tengo miedo que vayamos todos en cana si salimos a hablar.
Carrizo. No boluda, sabés de qué tenés que tener miedo, de la condena social. Legalmente nosotros no hicimos nada. Pero la justicia duda de complicidad. Yo sé cómo se manejan esta gente. Y sé cómo lo toma la gente que mira la tele. Hay que ir hoy mismo.
Esa secuencia de mensajes, que incluyó también conversaciones con otros miembros de su grupo de pertenencia, continuó hasta la tarde-noche del viernes 2 de septiembre, cuando le dieron la entrevista a Telefe; luego Carrizo cambiaría el tono de sus conversaciones hasta el punto de acusar a Uliarte de haberles mentido.
«Boluda escuchame, mirá acá andan en la tele están diciendo que vos lo viste el mismo día (del hecho), que fuiste a cobrar diez lucas con él y vos dijiste en la tele dijiste, que hacía como dos días no lo viste, eso es lo que pasa boluda, eso es lo que yo te estoy diciendo, que hay cosas que van a quedare en el aire y quedamos como unos mentirosos», le reprocharía.
Días más tarde, el 14 de septiembre, Carrizo se convertiría el cuarto detenido del caso en el que se investiga el intento de magnicidio.
En este contexto, no fue bien recibida por la querella la noticia revelada por Télam este sábado de que la jueza Capuchetti decidió rechazar la competencia que le había conferido su colega Marcelo Martínez de Giorgi en relación a una causa en la que se investigan los mensajes violentos y amenazantes en contra de la vicepresidenta y otros miembros del Gobierno lanzados desde la cuenta de Revolución Federal en la red social Instagram.
Ahora será la Cámara Federal porteña la que deberá decidir si ese asunto se investiga junto con el ataque a las dos veces presidenta, y por ende queda en manos de Capuchetti, o en forma completamente separada, en manos de Martínez de Giorgi.
Mientras tanto, esa causa pasó a estar bajo secreto de sumario mientras se llevan a cabo una serie de medidas que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita y que tienden a determinar quiénes financian ese espacio.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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