La negociación en torno al nuevo proyecto de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados chocó esta semana con un obstáculo que el propio oficialismo generó: el antecedente de Manuel Adorni, quien días antes de ser desplazado de la Jefatura de Gabinete formalizó junto a su esposa, Bettina Angeletti, la adhesión al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en plena investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Esa movida, que este medio documentó hace dos meses cuando ya eran siete los funcionarios de La Libertad Avanza acogidos al mismo régimen, se convirtió en el argumento central de la oposición para frenar el avance del proyecto ampliado, según informó la Agencia NA.

Fuentes parlamentarias del bloque de La Libertad Avanza consultadas señalaron que la intención sigue siendo dictaminar este miércoles en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, desde las 11 en el anexo C de la Cámara baja. Sin embargo, reconocieron las resistencias que genera la posibilidad de que funcionarios públicos queden habilitados bajo la letra de la ley. En las últimas horas comenzó a cobrar fuerza la fecha del 26 de agosto como alternativa para tratar el proyecto en el recinto, junto a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, postergando la sesión que en el mejor de los escenarios para el oficialismo podría haber sido el 19 de agosto.

Una ley nacida polémica, con efectos inmediatos y concretos

La historia de la Inocencia Fiscal no arrancó esta semana. Cuando el Gobierno envió el proyecto al Congreso, en diciembre de 2025, este medio ya advirtió que la iniciativa abría la puerta al lavado de dinero del narcotráfico y el crimen organizado al elevar a $100 millones el piso para perseguir penalmente la evasión simple, recortar de 5 a 3 años el plazo de prescripción tributaria y crear un régimen simplificado que elimina la obligación de justificar el origen de los consumos personales para patrimonios de hasta $10 mil millones. Especialistas en transparencia y fuentes del ámbito judicial consultadas por este medio advirtieron en ese momento que la combinación de esos mecanismos generaba un «cóctel perfecto» para legitimar fondos de origen ilícito, sin necesidad de declarar los activos ante ningún organismo de control.

Los efectos no tardaron en materializarse. En enero de 2026, apenas dos días después de la promulgación de la Ley 27.799, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario sobreseyó a dos empresarios condenados por evadir $17,1 millones entre 2016 y 2019. La defensa solicitó la habilitación de feria el mismo día que entró en vigencia la norma, argumentando que los montos evadidos quedaban muy por debajo del nuevo umbral penal. El tribunal aplicó retroactivamente la ley más benigna y ordenó la libertad inmediata de uno de los imputados que cumplía prisión domiciliaria desde abril de 2024. La resolución abrió la puerta a centenares de causas similares en todo el país.

Los funcionarios que se blindaron con su propia ley

La paradoja más brutal del debate llegó en junio de 2026, cuando este medio confirmó que siete funcionarios de primera línea del gobierno libertario ya habían adhierido al régimen simplificado que ellos mismos impulsaron. Encabezó la lista Adorni, investigado por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares; un jefe de gabinete que admitió haber ocultado medio millón de dólares bajo la premisa de «ahorros en negro». Lo siguieron Aimé Vázquez, jefa de asesores; el cineasta Santiago Oría; el senador Agustín Monteverde; el titular de ARCA Andrés Vázquez; el diputado José Luis Espert, redactor de la norma; y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger. El mismo organismo que debería controlar el origen de los patrimonios, ARCA, estaba dirigido por uno de los beneficiarios del régimen.

El senador radical Martín Lousteau fue el más contundente en la caracterización política del mecanismo: advirtió que la norma «torna ciego al fisco» para detectar cambios patrimoniales no declarados, funcionando como una pantalla para que funcionarios o sectores vinculados a actividades ilícitas bloqueen investigaciones sobre el origen de su riqueza. Desde Comodoro Py, mientras tanto, los magistrados sostuvieron una interpretación unánime que el Gobierno no difundió en el debate parlamentario: la adhesión a la Inocencia Fiscal no constituye un escudo ante delitos penales. El régimen no impide que la justicia investigue lavado de dinero, cohecho o defraudación al Estado.

El debate de esta semana: lo que el oficialismo no quiere discutir

En la reunión informativa del plenario del miércoles pasado, altos funcionarios del Ministerio de Economía defendieron el nuevo proyecto, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado y busca fomentar la incorporación de ahorros informales o no declarados al circuito formal. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, rechazó que la iniciativa suponga un nuevo blanqueo: «Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada», dijo. Aclaró además que los funcionarios continuarán obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción.

El director del Banco Central, Martín Vauthier, aportó el número con el que el Gobierno justifica toda la arquitectura de la ley: estimó en «aproximadamente 170 mil millones de dólares» el stock de billetes en moneda extranjera que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, cuatro o cinco veces el total de los depósitos privados en moneda extranjera. Esa cifra es el anzuelo con el que el oficialismo intenta convencer a los bloques dialoguistas. Lo que el Gobierno no discute con la misma transparencia es el costo institucional de la operación: dejar sin herramientas de control al fisco para perseguir a quienes acumularon esos dólares ilegalmente, incluyendo a sus propios funcionarios.

La oposición señaló sin rodeos que la norma alienta la evasión y constituye un «blanqueo permanente» que beneficia particularmente a los funcionarios públicos, quienes no están excluidos del régimen. El director del Banco Central, Juan José Imirizaldu, intentó despejar una de las dudas técnicas más repetidas, aclarando que las sociedades no entran al régimen simplificado y que el beneficio alcanza únicamente a personas físicas residentes fiscales argentinos. Sin embargo, la pregunta que la oposición dejó sin respuesta oficial es la más incómoda: ¿por qué un funcionario público bajo investigación por enriquecimiento ilícito puede acogerse al mismo régimen de «inocencia» que la ley pone a disposición de cualquier ciudadano?

El doble discurso de la «casta» que legisla para sí misma

El nudo político del debate es difícil de resolver para La Libertad Avanza, y el caso Adorni lo expone con una claridad brutal. El mismo gobierno que llegó al poder prometiendo exterminar a la «casta» produjo en menos de dos años y medio una ley que, antes de ampliar sus alcances, ya fue utilizada por siete de sus propios cuadros para ordenar patrimonios que no pueden justificar con sus salarios públicos. El expediente judicial de Adorni, con refacciones de 245.000 dólares pagadas en efectivo, viajes en primera clase para la familia, uso del avión presidencial y triangulaciones con empresas estatales, constituye el retrato más nítido de lo que la Inocencia Fiscal busca encubrir bajo el eufemismo de la «declaración jurada simplificada».

La discusión en Diputados no es, entonces, exclusivamente técnica. Es una disputa sobre si el Estado argentino renuncia definitivamente a perseguir la evasión y el enriquecimiento ilícito de quienes lo administran, o si la transparencia patrimonial de los funcionarios públicos conserva algún valor institucional. La respuesta que el Congreso dé esta semana tendrá consecuencias que van mucho más allá de los $170 mil millones bajo el colchón que el Banco Central sueña con capturar.

Puntos clave

• El antecedente de Adorni, que se acogió a la Inocencia Fiscal mientras era investigado por enriquecimiento ilícito, traba los acuerdos para dictaminar esta semana en Diputados.
• El oficialismo evalúa correrse al 26 de agosto para tratar el proyecto en el recinto junto a la reforma del Banco Central.
• En enero de 2026, apenas dos días después de promulgada la ley original, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario sobreseyó a dos empresarios que habían evadido $17,1 millones.
• Siete funcionarios de primera línea del gobierno libertario ya adhirieron al régimen, entre ellos el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez.
• La justicia federal mantiene que la adhesión a la Inocencia Fiscal no protege contra causas penales por lavado de dinero, cohecho o defraudación al Estado.