Seguridad 🚨
Jaldo prohíbe las fiestas electrónicas en Tucumán
Los organizadores critican la medida y piden una colaboración estatal en lugar de prohibiciones.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, prohibió la organización de fiestas electrónicas en la provincia, argumentando que estos eventos representan un riesgo para la juventud debido a la venta de drogas. «En las fiestas ganan plata dos o tres personas y corren riesgo muchos jóvenes», señaló Jaldo en una conferencia de prensa este lunes. El gobernador justificó la medida afirmando que no permitirá la organización de estos eventos «hasta que se garantice el 100% de lo que tiene que ver con la salud y la vida de quienes concurren».
La decisión de Jaldo no tardó en generar controversia, especialmente entre los organizadores de fiestas electrónicas, quienes criticaron la prohibición como una respuesta extrema a un problema que, aseguran, debe ser abordado desde políticas públicas más efectivas.
El Argumento del Gobernador
Jaldo fue tajante en sus declaraciones al señalar que el principal motivo de la prohibición está relacionado con la presencia de drogas en los eventos. “No vamos a exponer a los jóvenes tucumanos al consumo de droga por el interés de tres o cuatro personas que quieren hacer dinero», afirmó el gobernador, dejando claro que la salud de los jóvenes es su principal preocupación.
Según Jaldo, la medida solo será revisada cuando «las cosas estén en regla» y se ofrezcan garantías de que la seguridad y la salud de los asistentes estarán plenamente protegidas. “Cuando las cosas estén en regla y estén dadas las garantías, recién vamos a empezar a conversar si las autorizamos o no”, advirtió.
La Respuesta de los Organizadores
La reacción de los organizadores de fiestas electrónicas no se hizo esperar. Eduardo Mesón, dueño de un club nocturno, expresó su descontento ante la prohibición, calificándola de desproporcionada. “Nos llama profundamente la atención que la prohibición sea el único camino que encuentra el Gobierno ante esta preocupación», afirmó Mesón. Además, cuestionó la falta de políticas públicas efectivas para abordar el problema de la droga en la provincia: «Si hay presencia de drogas en la provincia, es responsabilidad de las políticas públicas, no de un organizador de eventos”.
Mesón también argumentó que la prohibición solo contribuirá a fomentar la clandestinidad, un escenario que, según él, ya ha tenido consecuencias nefastas en la provincia. En su opinión, la solución no pasa por prohibir, sino por trabajar de manera coordinada con el Estado para garantizar la seguridad en los eventos.
Debate Abierto: Seguridad vs. Prohibición
El argumento de Jaldo, basado en la protección de la salud de los jóvenes, es difícil de ignorar en un contexto donde las drogas sintéticas y el alcohol han sido responsables de tragedias en distintas provincias. Sin embargo, la crítica de los organizadores se centra en que prohibir no es la solución, sino que el Estado debería ofrecer una mayor colaboración y control en la organización de los eventos para asegurar condiciones seguras.
Este tipo de medidas restrictivas suelen generar un dilema entre la libertad individual y el control estatal. Mientras que algunos ven la prohibición como una forma efectiva de prevenir tragedias, otros sostienen que solo llevará a que estos eventos se realicen de manera clandestina, aumentando los riesgos para los jóvenes.
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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