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Abuso a infancias y adolescentes: ¿qué leyes garantizan el acceso a la Justicia y qué falta?

Aún se espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en la infancia.

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En los últimos 20 años en Argentina hubo modificaciones a la normativa que garantiza el acceso a la Justicia de niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente, leyes que se fueron adecuando al impulso de las propias víctimas y que permitió ahora que un joven pudiera hablar y así iniciar la causa por “asociación ilícita, trata de personas y corrupción de menores”, donde hay cuatro detenidos, entre ellos, un productor de Gran Hermano.

Recientemente se conoció otra denuncia contra Jay Mammon, conductor de «La Peña de Morfi» en Telefe, que fue separado provisoriamente del canal por encontrarse denunciado de abuso por un hombre que denunció vejaciones cuando era menor de edad por parte del comediante.

Marcelo Corazza, el ganador de la primera edición del reality realizada en 2001 y actual productor del mismo programa, fue detenido acusado de integrar una organización dedicada a la explotación sexual y la corrupción de menores, y por la misma causa están presos Andrés Fernando Charpenet, Francisco Rolando Angelotti y Raúl Ignacio Mermet.

La causa está a cargo del juez en lo Criminal y Correccional 48, Javier Sánchez Sarmiento.

El paraguas legal que permite que las víctimas abusadas siendo menores de edad puedan denunciar cuando se sientan preparadas y contenidas, tiene su historia en el país.

Tres años antes de la emisión del programa Telenoche Investiga que dio a conocer el 23 de octubre de 2002 en horario central una investigación que sacó a la luz los abusos a menores de edad del cura Julio César Grassi, ya se había producido un cambio fundamental legislativo en Argentina.

Fue con la sanción de la ley 25.087 en 1999, que sustituyó el título «Delitos contra la honestidad» por el de «Delitos contra la Integridad Sexual» en el Código Penal, un cambio conceptual que implicó dejar de lado las consideraciones ético-religiosas en la persecución de estas violencias.

Este cambio legislativo también implicó la derogación de un artículo que eximía de prisión a un delincuente sexual por casamiento posterior con la víctima, pero introdujo en su lugar la figura del «avenimiento» que fue eliminado recién en 2012.

El avenimiento estipulaba que la víctima mayor de 16 años podía proponer al tribunal un entendimiento con el imputado por agresión sexual, que los jueces podían aceptar excepcionalmente en caso de que fuera formulado libremente y si existía una relación afectiva preexistente.

De esa manera la acción penal se extinguía, lo que ocurrió en el caso de Carla Figueroa, la joven pampeana de 19 años que se casó con el hombre que la había violado en 2011 con la consecuencia de que a los pocos días de recuperar la libertad él la asesinó a puñaladas.

Un año después, la figura del avenimiento había desaparecido del Código Penal a través de la ley 26.738.

Once años más tarde, se sancionó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, entre otras cosas, estableció que tenían derecho a participar en todo procedimiento judicial en el que estaban involucrados y a ser escuchados en los tribunales.

El próximo cambio legislativo importante se dio en 2011 con la sanción de la normativa 26.705 conocida como «Ley Piazza» porque fue impulsada por el diseñador Roberto Piazza luego de contar públicamente que fue abusado por un hermano en su infancia con ninguna consecuencia para el agresor porque el delito había prescripto.

Hasta ese momento, para casos de abuso sexual en la infancia corrían las mismas reglas que para cualquier otro delito; se consideraba prescripto después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, que en estos casos era de 12 años.

Concretamente, la norma estableció que en el caso de violencia sexual contra menores de edad el tiempo de prescripción debía empezar a computarse desde la mayoría de edad de la víctima.

Luego, en 2015 se sancionó la ley 27.206 que suspendió para esos delitos la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales.

Así, después de los 18 años la persona puede denunciar haber sufrido abuso sexual en la infancia sin plazos, el problema es que a partir de allí sí empiezan a correr los tiempos de prescripción y quedan afuera todos los casos de abuso no denunciados sufridos antes de 2015.

Por eso se espera una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre la declaración de imprescriptibilidad de los delitos de violencia sexual en la infancia.

El máximo tribunal tiene varios casos de absolución por prescripción, en los que debe dirimir si prevalece el principio de legalidad o el interés superior del niño consagrado por la Convención de los Derechos del Niño que en la Argentina tiene rango constitucional desde 1994.

Línea 102
Si necesitas ayuda o conoces a alguien que esté expuesto a violencia, llamá al 102. Es un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes. Podés llamar ante una situación de vulneración de derechos. Si vivís una emergencia llama al 911.

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Dos Adorni, dos causas: tras ser imputado, levantaron el secreto fiscal del hermano del vocero

El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

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El cerco judicial se amplía: imputan y levantan el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, diputado provincial bonaerense y hermano del Jefe de Gabinete, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se suma al expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni ante la justicia federal, configurando un panorama judicial sin precedentes para una de las figuras más visibles del gobierno de Javier Milei.

La nueva causa: Francisco Adorni en la mira judicial

Este miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó la imputación de Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del actual Jefe de Gabinete, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa se originó en una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien alertó sobre presuntas inconsistencias en el patrimonio declarado por el legislador bonaerense.

Al día siguiente, el juez federal Sebastián Casanello hizo lugar a las veinte medidas de prueba solicitadas por Marijuan y dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del imputado, habilitando el acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP) y ordenando la remisión a la fiscalía de un informe completo del sistema EFISCO, que incluye las declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA de Francisco Adorni.

Lo que investiga la Justicia

Según la información disponible en la causa, los puntos centrales de la investigación son tres: un crédito hipotecario de $60 millones que habría sido cancelado en el plazo inusualmente breve de doce meses; la adquisición del 50% de un vehículo sin justificación patrimonial clara; y un incremento patrimonial del 84% en el transcurso de un año, cifra que los investigadores consideran incompatible con los ingresos declarados por el diputado provincial.

Las veinte medidas de prueba dispuestas por Casanello apuntan a reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad, lo que supone un rastreo exhaustivo de sus movimientos financieros durante el período que coincide, parcialmente, con el ascenso político de su hermano Manuel.

El expediente que ya pesa sobre Manuel Adorni

La imputación de Francisco Adorni no se produce en el vacío. Desde hace semanas, el propio Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación paralela ante la justicia federal, a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, por un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares.

En ese expediente se investigan, entre otros hechos, la compra de un departamento en el barrio de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó una deuda con dos jubiladas cuyos hijos son socios de una desarrolladora inmobiliaria, y refacciones de lujo en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que ascendieron a 245.000 dólares abonados íntegramente en efectivo y sin factura, según la declaración testimonial del contratista Matías Tabar. Entre las mejoras contratadas figuran una pileta con cascada, un quincho con parrilla valuada en 15.000 dólares y baños con jacuzzi.

Además, se indaga el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, a Nueva York, y la posible vinculación del entorno de Adorni con la denominada Causa $Libra, una estructura de presunto lavado de dinero y movimientos financieros off-shore. En ese marco, la diputada Marcela Pagano, la misma legisladora que denunció a Francisco Adorni, también solicitó la detención de Manuel Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia.

Una familia bajo la lupa del Poder Judicial

La apertura simultánea de causas contra ambos hermanos configura una situación inédita en la historia reciente del gabinete nacional. Lo que comenzó como una investigación sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete se extiende ahora al núcleo familiar más próximo, con dos jueces federales y dos fiscales actuando en expedientes que, aunque formalmente separados, comparten protagonistas, denunciantes y contextos.

La decisión del juez Casanello de levantar el secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, apenas un día después de su imputación, indica que la investigación avanza con celeridad y que la Justicia considera que existe mérito suficiente para profundizar el escrutinio sobre los movimientos financieros del diputado bonaerense.

Puntos clave:

  • El fiscal Marijuan imputó a Francisco Adorni, diputado provincial y hermano del Jefe de Gabinete, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
  • El juez Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario y habilitó veinte medidas de prueba.
  • Se investiga un crédito hipotecario de $60 millones cancelado en doce meses y un incremento patrimonial del 84% en un año.
  • Manuel Adorni enfrenta una causa paralela ante el juez Lijo por un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares.
  • La diputada Marcela Pagano es la denunciante en ambas causas y también solicitó la detención del Jefe de Gabinete.
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