Seguridad 🚨
Violencia institucional: marcharon frente a la comisaría por hombre asfixiado en traslado
“Estamos pidiendo justicia principalmente y el esclarecimiento del accionar policial rápidamente”, aseguraron sus familiares.
Familiares y amigos de Ariel Goyeneche, el hombre que falleció asfixiado la semana pasada cuando era trasladado a una comisaría de la ciudad entrerriana de Paraná, y por el que dos policías fueron imputados, realizaron esta tarde una marcha frente a la seccional, en reclamo de justicia.
La concentración se llevó a cabo en la calle Gualeguaychú al 200, en el centro de dicha capital provincial, donde se encuentra ubicada la sede de la comisaría 2da. de Entre Ríos, y contó con la participación de organizaciones de Derechos Humanos.
Las hermanas de la víctima encabezaron el reclamo vistiendo remeras blancas con una foto de la víctima y la frase “siempre en mi corazón”, y señalaron: “Estamos pidiendo justicia principalmente y el esclarecimiento del accionar policial rápidamente”.
Durante el reclamo, que se desarrolló de forma pacífica, se intervino una pared ubicada enfrente de la comisaría, donde se pegó una foto del hombre fallecido, con la frase “Justicia por Ariel Goyeneche”.
El lunes pasado, el fiscal del caso Santiago Alfieri confirmó a esta agencia que los dos policías que lo inmovilizaron permanecen imputados, aunque aún no fueron indagados porque esperará los resultados de los análisis de laboratorio y anatomopatológicos al cuerpo de la víctima para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la muerte.
Si bien la causa fue caratulada inicialmente como «investigación para establecer las circunstancias y el modo de la muerte», el fiscal Alfieri dijo que existe un alto grado de «sospecha de la injerencia» de los dos policías imputados en el fallecimiento de Goyeneche.
La autopsia que fue incorporada al expediente reveló que el hombre murió por asfixia, pero los informes permitirán «determinar el tipo y motivo de asfixia» que sufrió, explicó el propio Alfieri.
La muerte de Goyeneche, padre de una niña de 12 años, ocurrió el lunes 12 de febrero frente a dicha comisaría y, según las pruebas y testimonios, todo comenzó en la madrugada cuando un vecino alertó al 911 que un hombre caminaba por los techos de calle Piedrabuena, y dos policías llegaron al lugar.
El vecino declaró que Goyeneche descendió del techo de una casa, «sin resistencia» -según consta en el parte policial- aceptó ser esposado, y fue trasladado a la comisaría por el supuesto delito de invasión a la propiedad privada, a pesar de que notaron que se encontraba «exaltado».
Su testimonio es «trascendental», aseguró el fiscal a Télam, ya que permitirá recomponer «en qué condiciones estaba y qué aptitud tenía» Goyeneche antes de ser apresado.
En ese sentido, remarcó que en la causa hay una «certeza objetiva», gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que establece que «unos 25 minutos antes de que se produzca su muerte, estaba en condiciones de abrir la puerta de un auto, bajarse, correr, subir escaleras y sostener la fuerza de tres policías, todo esto estando esposado».
«Por los propios informes policiales, él rompió un vidrio del auto. Si él podía hacer todo eso antes de que lo pongan boca abajo en la vereda, habrá que explicar el enlace de muerte en esas circunstancias», completó Alfieri.
Familiares y allegados del joven enviaron a Télam un video grabado por un vecino que forma parte de la investigación, donde se ve -de noche- a dos policías encima del joven, uno con su rodilla y peso sobre el torso, y otro tomándole los pies y propinando golpes en la zona de la cintura y en una de sus piernas, mientras se escuchan gritos de dolor de Goyeneche, que estaba esposado y boca abajo.
Una vez establecido el tipo de asfixia que sufrió, el fiscal trabajará para determinar la «proporcionalidad y racionalidad del accionar policial, siempre con conclusiones apoyadas en evidencia».
En ese sentido, una de las hipótesis que se analizan es la posibilidad de que se haya tratado de una asfixia producida directamente por la fuerza física de los policías sobre el cuerpo de Ariel, caso en el que serán acusados de «homicidio doloso agravado por el incumplimiento de los deberes de funcionario».
Otra línea investigativa es que «por un conjunto de elementos y circunstancias, la muerte se explique solamente por la duración de las maniobras realizadas» sobre el cuerpo del hombre, dijo Alfieri.
Eso, confirmó el fiscal, «no despeja las responsabilidades» de los policías: «Todo lo contrario. Se extiende también a quienes tendrían que haber tomado alguna decisión, si la tomaron, no la tomaron y qué decisión fue», apuntó.
Allí la imputación será por «homicidio por omisión respecto de los oficiales que no tomaron ninguna decisión», teniendo en cuenta su procedimiento y el cumplimiento -o no- de los protocolos establecidos ante estos casos.
Existe una tercera hipótesis que apunta a que la muerte de Goyeneche se haya producido por «un proceso interno», aunque esa posibilidad perdió fuerza entre los investigadores.
A pesar de la posible imputación que pueda caberle a los policías imputados, el jefe de la fuerza, Claudio González, pidió en las horas posteriores al hecho «respetar la investigación» y comunicó que ambos policías permanecen en «servicio activo efectivo».
El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un protocolo a implementar en estas circunstancias (Resolución 843/2022) que determina «solicitar la atención inmediata del equipo de salud» como «prioridad en estas situaciones».
Judiciales ⚖️
Pity Álvarez: el fiscal pidió 18 años y 6 meses y su detención inmediata si es condenado
Sandro Abraldes descartó la legítima defensa, acusó al músico por la muerte de Cristian Díaz y la portación ilegal del arma, y pidió que quede detenido si lo condenan, al terminar la internación. La querella había pedido 11 años y 2 meses.
El fiscal general Sandro Abraldes pidió este miércoles 18 años y seis meses de prisión para Cristian “Pity” Álvarez por la muerte de Cristian Díaz y reclamó que, si hay condena, el tribunal ordene su detención inmediata, que quedará sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple por orden de un juzgado civil. Abraldes, titular de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N.° 27, alegó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 de la Ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Hugo Navarro y Juan María Ramos Padilla.
El fiscal consideró a Álvarez responsable de dos delitos: homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil. Díaz murió el 12 de julio de 2018 en el barrio Cardenal Samoré, de Villa Lugano. El acusado no se conectó a la audiencia. Está internado desde el 2 de octubre en una clínica psiquiátrica de Castelar y, según informó el director del lugar al tribunal, no quiso participar porque se consideraba bien representado. Sus defensores, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, siguieron el alegato por vía remota.
Cuatro disparos y ninguna agresión previa
Según la reconstrucción de la Fiscalía, cerca de la 1.30 Álvarez y Díaz discutieron frente al acceso de una de las torres del complejo. El músico sacó una pistola del bolsillo derecho de su campera y le disparó a Díaz en la cabeza. Con la víctima en el piso, efectuó tres disparos más hacia la misma zona. Después huyó, descartó el arma en una alcantarilla y se entregó en una comisaría de Villa Lugano a la mañana siguiente.
Abraldes se apoyó en los peritos, que ubicaron los disparos a muy corta distancia, entre 60 y 80 centímetros, y en la forense, que concluyó que todos fueron vitales. “Álvarez quiso matar a la víctima, le disparó primero para matarlo y ya en el suelo, se aseguró de que muriera”, sostuvo el fiscal. Recordó además que el amigo de Díaz, testigo presencial, aclaró que la víctima no estaba armada.
El fiscal descartó la legítima defensa porque, dijo, no hubo una agresión ilegítima contra el acusado. “Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Díaz y decidió que no tenía que vivir más”, afirmó. También rechazó la versión de la indagatoria, en la que el músico dijo haberse sentido “atrapado o acorralado”, y exhibió frases que Álvarez dio en entrevistas años antes del crimen, como “ando armado porque todos andan armados”. Recordó que no tenía permiso para tener ni portar armas. Proyectó, además, un video del músico en la entrada de un boliche de Ramos Mejía, donde camina con normalidad, contra los testimonios de allegados que dijeron que una operación de cadera se lo impedía.
Abraldes también descartó la inimputabilidad. Citó a los profesionales que lo examinaron en 2018, quienes no hallaron afectación de su capacidad para entender o dirigir sus acciones.
Una pena en la mitad de la escala
El homicidio con arma de fuego tiene en el Código Penal una escala de 10 años y 8 meses a 25 años de prisión, por la combinación de los artículos 79 y 41 bis. El pedido de la Fiscalía se ubica cerca de la mitad de ese rango; el de la querella, de 11 años y 2 meses, quedó apenas por encima del mínimo. Como agravantes, el fiscal valoró el escaso valor que el acusado le dio a la vida de Díaz, la reiteración de los disparos y su experiencia con armas. Como atenuantes, el arrepentimiento y el pedido de disculpas a la familia.
La diferencia con la querella también alcanza a la forma de cumplimiento. El 6 de noviembre, Fabián Améndola había pedido arresto domiciliario con salidas laborales. Abraldes, en cambio, reclamó la detención: “Sin afectar la presunción de inocencia, la condena modifica cualitativamente la situación del acusado”. Y cerró: “En un Estado de Derecho, la ley manda para todos”.
El viernes 13, al mediodía, alegarán Baños y Queijeiro. El veredicto todavía no tiene fecha confirmada. Hasta la sentencia, Álvarez conserva la presunción de inocencia.
Lo que tenés que saber:
- El fiscal general Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión para Pity Álvarez por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil.
- Reclamó su detención inmediata si es condenado, sujeta al fin de la internación involuntaria que cumple desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar.
- Descartó la legítima defensa: según los peritos, los cuatro disparos fueron a entre 60 y 80 centímetros y tres se efectuaron con Díaz en el piso.
- La querella había pedido el 6 de noviembre 11 años y 2 meses, con arresto domiciliario y salidas laborales; la escala va de 10 años y 8 meses a 25 años.
- La defensa alegará el viernes 13; el veredicto no tiene fecha confirmada.
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