Seguridad 🚨
Violencia institucional: marcharon frente a la comisaría por hombre asfixiado en traslado
“Estamos pidiendo justicia principalmente y el esclarecimiento del accionar policial rápidamente”, aseguraron sus familiares.
Familiares y amigos de Ariel Goyeneche, el hombre que falleció asfixiado la semana pasada cuando era trasladado a una comisaría de la ciudad entrerriana de Paraná, y por el que dos policías fueron imputados, realizaron esta tarde una marcha frente a la seccional, en reclamo de justicia.
La concentración se llevó a cabo en la calle Gualeguaychú al 200, en el centro de dicha capital provincial, donde se encuentra ubicada la sede de la comisaría 2da. de Entre Ríos, y contó con la participación de organizaciones de Derechos Humanos.
Las hermanas de la víctima encabezaron el reclamo vistiendo remeras blancas con una foto de la víctima y la frase “siempre en mi corazón”, y señalaron: “Estamos pidiendo justicia principalmente y el esclarecimiento del accionar policial rápidamente”.
Durante el reclamo, que se desarrolló de forma pacífica, se intervino una pared ubicada enfrente de la comisaría, donde se pegó una foto del hombre fallecido, con la frase “Justicia por Ariel Goyeneche”.
El lunes pasado, el fiscal del caso Santiago Alfieri confirmó a esta agencia que los dos policías que lo inmovilizaron permanecen imputados, aunque aún no fueron indagados porque esperará los resultados de los análisis de laboratorio y anatomopatológicos al cuerpo de la víctima para determinar el grado de responsabilidad de cada uno en la muerte.
Si bien la causa fue caratulada inicialmente como «investigación para establecer las circunstancias y el modo de la muerte», el fiscal Alfieri dijo que existe un alto grado de «sospecha de la injerencia» de los dos policías imputados en el fallecimiento de Goyeneche.
La autopsia que fue incorporada al expediente reveló que el hombre murió por asfixia, pero los informes permitirán «determinar el tipo y motivo de asfixia» que sufrió, explicó el propio Alfieri.
La muerte de Goyeneche, padre de una niña de 12 años, ocurrió el lunes 12 de febrero frente a dicha comisaría y, según las pruebas y testimonios, todo comenzó en la madrugada cuando un vecino alertó al 911 que un hombre caminaba por los techos de calle Piedrabuena, y dos policías llegaron al lugar.
El vecino declaró que Goyeneche descendió del techo de una casa, «sin resistencia» -según consta en el parte policial- aceptó ser esposado, y fue trasladado a la comisaría por el supuesto delito de invasión a la propiedad privada, a pesar de que notaron que se encontraba «exaltado».
Su testimonio es «trascendental», aseguró el fiscal a Télam, ya que permitirá recomponer «en qué condiciones estaba y qué aptitud tenía» Goyeneche antes de ser apresado.
En ese sentido, remarcó que en la causa hay una «certeza objetiva», gracias a las cámaras de seguridad de la zona, que establece que «unos 25 minutos antes de que se produzca su muerte, estaba en condiciones de abrir la puerta de un auto, bajarse, correr, subir escaleras y sostener la fuerza de tres policías, todo esto estando esposado».
«Por los propios informes policiales, él rompió un vidrio del auto. Si él podía hacer todo eso antes de que lo pongan boca abajo en la vereda, habrá que explicar el enlace de muerte en esas circunstancias», completó Alfieri.
Familiares y allegados del joven enviaron a Télam un video grabado por un vecino que forma parte de la investigación, donde se ve -de noche- a dos policías encima del joven, uno con su rodilla y peso sobre el torso, y otro tomándole los pies y propinando golpes en la zona de la cintura y en una de sus piernas, mientras se escuchan gritos de dolor de Goyeneche, que estaba esposado y boca abajo.
Una vez establecido el tipo de asfixia que sufrió, el fiscal trabajará para determinar la «proporcionalidad y racionalidad del accionar policial, siempre con conclusiones apoyadas en evidencia».
En ese sentido, una de las hipótesis que se analizan es la posibilidad de que se haya tratado de una asfixia producida directamente por la fuerza física de los policías sobre el cuerpo de Ariel, caso en el que serán acusados de «homicidio doloso agravado por el incumplimiento de los deberes de funcionario».
Otra línea investigativa es que «por un conjunto de elementos y circunstancias, la muerte se explique solamente por la duración de las maniobras realizadas» sobre el cuerpo del hombre, dijo Alfieri.
Eso, confirmó el fiscal, «no despeja las responsabilidades» de los policías: «Todo lo contrario. Se extiende también a quienes tendrían que haber tomado alguna decisión, si la tomaron, no la tomaron y qué decisión fue», apuntó.
Allí la imputación será por «homicidio por omisión respecto de los oficiales que no tomaron ninguna decisión», teniendo en cuenta su procedimiento y el cumplimiento -o no- de los protocolos establecidos ante estos casos.
Existe una tercera hipótesis que apunta a que la muerte de Goyeneche se haya producido por «un proceso interno», aunque esa posibilidad perdió fuerza entre los investigadores.
A pesar de la posible imputación que pueda caberle a los policías imputados, el jefe de la fuerza, Claudio González, pidió en las horas posteriores al hecho «respetar la investigación» y comunicó que ambos policías permanecen en «servicio activo efectivo».
El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un protocolo a implementar en estas circunstancias (Resolución 843/2022) que determina «solicitar la atención inmediata del equipo de salud» como «prioridad en estas situaciones».
Seguridad 🚨
Santa Fe les cobra a los padres de los amenazadores: “Cara la jodita”, la reacción ante la boleta de $6 millones
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
Santa Fe entregó la primera multa a padres por amenazas escolares: más de $6 millones
★ El gobierno de Santa Fe concretó la primera notificación de cobro a los responsables de amenazas escolares en la provincia: los padres de un menor identificado como autor de una intimidación recibieron una boleta por $6.024.944. La reacción del adulto notificado no tardó en circular: «Cara la jodita», dijo al recibir el documento, en una frase que el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, se encargó de difundir en su conferencia de prensa.
La primera notificación y sus alcances
El operativo de notificación fue realizado este lunes por la Policía de la Provincia de Santa Fe en la ciudad capital. El ministerio de Justicia y Seguridad provincial notificó a ambos progenitores del menor identificado como autor de una de las amenazas a escuelas, en carácter de responsables solidarios del gasto operativo.
La boleta detalla el monto de la deuda, los medios de pago disponibles y establece un plazo de cinco días hábiles para abonar. Vencido ese término, el expediente se gira automáticamente a la Fiscalía de Estado para la etapa de cobro compulsivo.
La maquinaria ya tiene 58 casos identificados
Cococcioni precisó que a la fecha ya se identificó a los responsables de 58 hechos, lo que implica a más de 70 personas involucradas, dado que varios casos cuentan con más de un autor o más de un adulto responsable.
«A medida que la Fiscalía valida las identidades, sean mayores o menores, punibles o no, se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones», explicó el ministro.
El mecanismo no distingue entre imputables e inimputables: lo que se cobra es el costo del operativo de seguridad desplegado por la amenaza, no una sanción penal directa sobre el menor. La obligación recae sobre los adultos responsables, independientemente de la situación legal del alumno.
Una medida en medio de una crisis nacional
Como informó este medio en coberturas anteriores, la ola de amenazas escolares sacudió al país en las últimas semanas, extendiéndose a al menos doce provincias con mensajes de formato casi idéntico: «Mañana tiroteo, no vengan».
El fenómeno se disparó tras el crimen de Ian Cabrera, el estudiante asesinado el 30 de marzo de 2026 en San Cristóbal, Santa Fe, en un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y reabrió el debate sobre la violencia escolar y la imputabilidad de menores.
La True Crime Community (TCC), una subcultura digital transnacional que exalta las masacres escolares, fue señalada por la justicia santafesina y la Subsecretaría de Asuntos sobre el Terrorismo Internacional (SAIT) como uno de los vectores de propagación del fenómeno.
Frente a la crisis, las respuestas de los distintos gobiernos provinciales fueron dispares: desde reuniones interministeriales sin resultados concretos hasta operativos de allanamiento con adolescentes imputados. Santa Fe optó por una vía que combina la presión económica sobre los adultos responsables con la acción judicial sobre los menores identificados.
El debate de fondo que la boleta no resuelve
El gobierno santafesino presenta la medida como un efecto disuasorio. Sin embargo, el instrumento no apunta a las causas estructurales del fenómeno: la fragilidad de los entornos digitales que amplifican este tipo de conductas, la ausencia de programas de contención en las escuelas o la demora en la implementación efectiva de la Ley 27.801, que modificó el régimen penal juvenil pero cuya entrada en vigor plena aún está sujeta a un período de adecuación institucional de 180 días.
La frase del padre notificado, «cara la jodita», condensa en tres palabras lo que el Estado santafesino quiere transmitir: que las amenazas tienen un costo real y mensurable. Lo que resta ver es si ese costo alcanza para modificar conductas en un fenómeno que excede ampliamente el bolsillo familiar.
Puntos clave:
- El gobierno de Santa Fe entregó la primera notificación de cobro a padres de un menor responsable de una amenaza escolar, por un monto de $6.024.944.
- La notificación otorga un plazo de cinco días para abonar; vencido ese término, el caso pasa a la Fiscalía de Estado.
- El ministerio identificó a responsables en 58 hechos, con más de 70 personas involucradas en total.
- La medida impone la obligación de pago sobre los adultos como responsables solidarios, independientemente de la situación penal del menor.
- El fenómeno de amenazas escolares se inscribe en una crisis nacional vinculada al crimen de Ian Cabrera y a la proliferación de la True Crime Community en entornos digitales.
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