Judiciales ⚖️
Juicio por diez muertes en geriátrico de Belgrano: negligencia, abandono y una cadena de responsabilidades
El proceso judicial por la muerte de diez adultos mayores en el geriátrico Apart Los Incas, durante la pandemia de COVID-19, expone una trama de desidia institucional y fallas de control estatal que podrían haberse evitado.
Un juicio que interpela al sistema de cuidados
Desde el lunes 19 de mayo, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires lleva adelante el juicio oral por el contagio masivo de COVID-19 en el geriátrico Apart Los Incas, ubicado en el barrio de Belgrano. Durante la cuarentena de 2020, 28 residentes contrajeron el virus y diez de ellos fallecieron, en un episodio que generó conmoción pública y denuncias por abandono.
Los imputados son Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, apoderados del establecimiento, y Carla Raffo, directora médica. Se los acusa de homicidio culposo agravado, violación de medidas sanitarias en pandemia y lesiones culposas. Además, enfrenta cargos Paula Verónica Trunzo, funcionaria del Gobierno porteño, por presunto incumplimiento de sus deberes como coordinadora de la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos.
Una tragedia anunciada
Las investigaciones revelaron que el geriátrico acumulaba irregularidades desde al menos 2017. Inspecciones realizadas entre ese año y 2020 detectaron fallas que no derivaron en sanciones ni clausura, pese a que el lugar alojaba a una población de alto riesgo.
Durante el brote, el establecimiento fue evacuado y clausurado. El caso cero fue una trabajadora que, presionada por los dueños, asistió a su turno con síntomas y resultó positiva de COVID-19. En los días siguientes, el virus se propagó rápidamente entre residentes y personal.
Sergio Federovisky, exsecretario de Control y Monitoreo Ambiental de la Nación y familiar de una de las víctimas, calificó el hecho como «una catástrofe potenciada a niveles escandalosos». Denunció que «durante 72 horas, el geriátrico estuvo al mando de un electricista y personal de mantenimiento», y que «los ancianos murieron por abandono y falta de atención sanitaria».
La responsabilidad estatal en el banquillo
La inclusión de Trunzo entre los imputados marca un precedente en la evaluación judicial de la responsabilidad estatal en el control de instituciones privadas de cuidado. La funcionaria es acusada de no haber denunciado las irregularidades detectadas en las inspecciones previas a la pandemia, lo que podría haber evitado la tragedia.
Este juicio no solo busca justicia para las víctimas y sus familias, sino que también expone las falencias estructurales en el sistema de cuidados para adultos mayores y la necesidad de una supervisión más rigurosa por parte del Estado.
Puntos clave del caso:
El juicio se desarrolla en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la Ciudad de Buenos Aires.
Los imputados son los apoderados del geriátrico, la directora médica y una funcionaria del Gobierno porteño.
Se detectaron irregularidades en inspecciones entre 2017 y 2020 que no derivaron en sanciones.
Durante el brote, el geriátrico fue evacuado y clausurado tras la muerte de diez residentes.
El caso expone la necesidad de una supervisión estatal más efectiva en instituciones de cuidado.
Policiales 🚨
Rosario sin frenos: el menor que mató al playero Bussanich, detenido por tercera vez
M.D.G., el adolescente declarado no punible por el asesinato de Bruno Bussanich en marzo de 2024, fue arrestado por segunda vez en menos de un año. Ahora tiene 17 años y fue interceptado junto a un mayor armado en el barrio donde opera el crimen organizado.
El menor que mató al playero Bussanich en Rosario volvió a ser detenido
★ El adolescente identificado como M.D.G., quien en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich en una estación de servicio de la ciudad de Rosario, fue detenido por segunda vez en lo que va de su corta historia delictiva. Esta vez, las autoridades lo interceptaron en el cruce de las calles Colastiné y Blomberg junto a un joven mayor que portaba un arma de fuego ilegal.
Un menor con prontuario en construcción
La detención se produjo durante la madrugada del domingo, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones en la zona. La Policía desplegó un operativo que culminó con la aprehensión de tres personas: S.L.F., de 17 años; L.A.R., de 20; y D.M.G. (el mismo M.D.G. referenciado en la causa Bussanich), también de 17. Durante el procedimiento se secuestró una pistola marca Bersa calibre 380, número p06725, con el cargador colocado y municionado con ocho cartuchos, uno en recámara, y un cargador adicional con doce cartuchos más. El rastrillaje posterior en la zona no arrojó material balístico ni daños visibles por las detonaciones denunciadas.
Según informó el periodista Hernán Funes, este lunes la jueza Dolores Aguirre Guarrochena definirá el futuro procesal del menor por los delitos de abuso de arma de fuego, tenencia y portación ilegítima de arma de fuego.
El historial que la Justicia no pudo contener
La trayectoria del adolescente representa una de las evidencias más crudas del fracaso institucional frente al crimen organizado en Rosario. En marzo de 2024, siendo menor de 16 años, mató a Bruno Bussanich en una estación de servicio. La Justicia lo declaró no punible por su edad y ordenó su traslado fuera de la provincia de Santa Fe, medida que nunca se cumplió. El propio adolescente confesó haber cometido el asesinato por encargo del narco conocido como «Chuky Monedita», recibiendo un pago de $400.000 pesos. Declaró además que tenía la orden de disparar «a cualquiera» y que eligió a Bussanich por ser simplemente la primera persona con la que se cruzó.
En noviembre de 2025, el menor fue detenido por primera vez por una causa autónoma: un operativo le encontró 16 bochas de droga empaquetada lista para su comercialización. Ahora, a menos de seis meses de ese arresto, vuelve a quedar bajo custodia judicial.
El contexto: Rosario, laboratorio del narcocrimen y la impunidad estructural
El caso de M.D.G. no es una excepción sino una expresión concentrada de la crisis de seguridad que atraviesa Rosario desde hace años. El asesinato de Bussanich ocurrió en un período de recrudecimiento de la violencia narcocriminal que convirtió a la ciudad en símbolo nacional del colapso del Estado ante el crimen organizado. La declaración de no punibilidad, el traslado que nunca se ejecutó y las detenciones reiteradas sin consecuencias efectivas configuran un ciclo que las autoridades provinciales y nacionales no han logrado interrumpir.
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad resurge con cada caso así, aunque los especialistas en derecho penal y en derechos de la infancia advierten que criminalizar más temprano no resuelve las condiciones estructurales que empujan a adolescentes hacia el crimen organizado. Lo que el caso de M.D.G. expone, más que cualquier debate legislativo, es la ausencia de una política de contención real para menores que ya operan como instrumentos de redes narco.
Puntos clave
- M.D.G., el adolescente que mató al playero Bussanich en 2024, fue detenido por segunda vez en Rosario.
- Fue interceptado junto a un mayor armado; se secuestró una pistola Bersa calibre 380 con munición.
- La jueza Aguirre Guarrochena definirá este lunes su situación procesal por portación y tenencia ilegal de armas.
- En noviembre de 2025 ya había sido detenido por posesión de droga fraccionada para la venta.
- Confesó haber matado a Bussanich por encargo del narco «Chuky Monedita» por $400.000 pesos; la medida de traslado provincial ordenada por la Justicia nunca se cumplió.
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