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A 50 años del golpe, el Gobierno libertario prepara un nuevo mensaje negacionista

El entorno de Javier Milei prepara otra pieza audiovisual para cuestionar el terrorismo de Estado y la cifra de 30 mil desaparecidos en un nuevo aniversario del golpe.

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​★ A pocas horas de cumplirse 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, el Poder Ejecutivo nacional ultima los detalles de un nuevo mensaje enlatado que apunta a consolidar su denominada batalla cultural. Bajo la supervisión del Director Nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreiras, y el realizador oficial Santiago Oria, la pieza busca imponer el concepto de memoria completa, una retórica que las organizaciones de derechos humanos denuncian como una estrategia para relativizar los crímenes de lesa humanidad cometidos a partir de 1976.

​El antecedente de la provocación oficial

​La metodología de utilizar la estructura estatal para difundir discursos que cuestionan el consenso democrático del Nunca Más no es una novedad para la administración de Javier Milei. En el año 2024, el encargado de protagonizar el mensaje oficial fue el ex jefe de la SIDE, Juan Bautista Yofre; mientras que en 2025, el protagonismo recayó en el politólogo Agustín Laje.

​En aquella oportunidad, Laje utilizó 19 minutos de aire para poner en duda el número de víctimas del genocidio, una postura que el propio Presidente respaldó al citar únicamente los registros parciales de la Conadep (8.753 personas). Esta visión ignora deliberadamente el carácter clandestino del plan sistemático de exterminio, el cual impidió un registro formal exhaustivo por parte del propio Estado represor.

​Tensión en el Congreso y silencio episcopal

​El clima político previo a la movilización de este martes estuvo marcado por la resistencia de La Libertad Avanza en el ámbito legislativo. El pasado miércoles, el bloque oficialista en el Senado marcó su distancia durante la aprobación de una declaración condenatoria impulsada por Eduardo “Wado” de Pedro. Los legisladores gubernamentales manifestaron diferencias sustanciales respecto al concepto de terrorismo de Estado, un término jurídico y político validado por la jurisprudencia argentina e internacional.

​Por su parte, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) emitió un comunicado donde exhortó a mantener una memoria íntegra y luminosa. La institución religiosa remarcó la necesidad de decir Nunca Más a la interrupción del orden democrático, en un contexto donde el discurso oficial evita condenar de forma explícita el quiebre institucional ocurrido hace medio siglo.

​El blindaje de la pieza audiovisual

​Según fuentes de la Casa Rosada que solicitaron reserva, el contenido del video se mantiene bajo estricto hermetismo para garantizar el efecto sorpresa este martes. No obstante, trascendió que la producción podría incluir testimonios de familiares de víctimas de organizaciones armadas de la década del 70, con el objetivo de equiparar la violencia política con el plan sistemático de desaparición forzada ejecutado desde el Estado. Esta estrategia comunicacional coincide con el desmantelamiento de políticas públicas de memoria y el ataque sistemático a la labor de los organismos de derechos humanos que el Gobierno tilda de visión tuerta.

​Mientras el Gobierno se refugia en la edición digital, las calles de todo el país se preparan para una movilización que se anticipa masiva, donde los sectores sociales y políticos ratificarán la vigencia de las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

​Puntos clave

  • ​El Gobierno difundirá un video producido por Santiago Oria y Juan Pablo Carreiras este 24 de marzo.
  • ​El mensaje busca reforzar la teoría de la memoria completa y cuestionar la cifra de 30 mil desaparecidos.
  • ​Se trata del tercer año consecutivo en que el Ejecutivo utiliza figuras afines (Yofre, Laje) para disputar el sentido de la fecha.
  • ​El oficialismo en el Senado rechazó recientemente el uso del término terrorismo de Estado en una declaración oficial.
  • ​La Conferencia Episcopal Argentina pidió defender la democracia y recordar el Nunca Más. ★

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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