Desregulación
Milei entrega ocho rutas nacionales estratégicas con la misma ley que habilitó las privatizaciones en los ’90
El Ministerio de Economía formalizó la convocatoria a licitación pública de la «Red Federal de Concesiones, Etapa III», que abarca ocho tramos estratégicos de la red vial nacional. La medida avanza en la privatización de Corredores Viales SA, empresa del Estado declarada «sujeta a privatización» por la Ley 27.742 del gobierno de Javier Milei.
★ El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Andrés Caputo, publicó este lunes 23 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial la Resolución 174/2026 (RESOL-2026-174-APN-MEC), mediante la cual convocó a licitación pública los ocho corredores que integran la denominada «Red Federal de Concesiones, Etapa III», en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal responsable de la operación y el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.
Los tramos incluidos en esta etapa llevan los nombres de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, y comprenden segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras vías de alto tránsito y valor estratégico para la conectividad del país.
El marco legal que habilitó el traspaso al sector privado
El proceso se encuadra en la Ley 17.520 y sus modificatorias, la Ley 23.696 de Reforma del Estado (la misma legislación que en los años noventa habilitó las privatizaciones menemistas) y el artículo 7° de la Ley 27.742, norma impulsada por el gobierno libertario que declaró a Corredores Viales SA «sujeta a privatización».
El Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión por peaje y designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», organismo creado específicamente para gestionar el desguace del Estado empresario impulsado por la administración Milei.
La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, firmada el 29 de agosto de 2025, dio inicio formal al procedimiento. Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas a través de expedientes publicados en el sistema CONTRAT.AR.
Audiencias públicas con impacto acotado
De acuerdo con los considerandos de la resolución publicada este lunes, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó audiencias públicas para informar sobre la Etapa III a la población y a organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales. Esas audiencias se realizaron entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2025, y sus informes de cierre fueron aprobados por la Resolución 1244/2025 de la DNV.
Sin embargo, la realización de audiencias públicas en el marco de un proceso de privatización no garantiza por sí sola la incidencia real de la ciudadanía en la decisión final, que en este caso ya estaba tomada por ley y por decreto.
El argumento oficial: déficit y equilibrio fiscal
Según los considerandos de la Resolución 174/2026, el proyecto «Red Federal de Concesiones» prevé que el sector privado asuma la operación y el mantenimiento de los tramos de la red vial nacional, con el objetivo declarado de «eliminar el déficit estatal en el sector y equilibrar las cuentas del Estado Nacional en infraestructura vial».
La justificación fiscal es el argumento central del gobierno de Milei para el traspaso de activos públicos al sector privado, en línea con la política de ajuste estructural que la administración libertaria sostiene desde diciembre de 2023.
Qué implica la concesión por peaje para los usuarios
El régimen de concesión de obra pública por peaje implica que las empresas privadas que resulten adjudicatarias asumirán la operación, el mantenimiento y eventualmente la ejecución de obras en los corredores licitados, financiándose a través del cobro de peajes a los usuarios. En la práctica histórica de las concesiones viales en Argentina (tanto en los noventa como en etapas posteriores), este esquema derivó en aumentos tarifarios y en disputas por el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por los concesionarios.
La Ley 23.696, citada como marco normativo de este proceso, es la misma legislación de la Reforma del Estado de 1989 que habilitó las privatizaciones de YPF, Aerolíneas Argentinas, ENTEL y otros activos estratégicos durante la presidencia de Carlos Menem, un antecedente que el peronismo y distintas fuerzas opositoras suelen señalar como advertencia sobre las consecuencias sociales y económicas de estos procesos.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía publicó la Resolución 174/2026 que convoca a licitación los ocho corredores de la Etapa III de la privatización de Corredores Viales SA
- Los tramos abarcan segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras
- El marco legal incluye la Ley 27.742, que declaró a la empresa estatal «sujeta a privatización»
- El proceso avanza sobre las bases del Decreto 97/2025 y con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo ejecutor
- Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas; esta es la cuarta y más amplia convocatoria del proceso ★
Desregulación
La industria textil argentina al límite: el 70% del mercado ya es importado
Con seis de cada diez máquinas paradas y una caída de la producción del 34% respecto a 2023, la industria textil argentina enfrenta su peor momento ante una apertura comercial que duplicó el ingreso de indumentaria importada. La Fundación Pro Tejer y la FITA denuncian competencia fraudulenta por subfacturación y reclaman al gobierno de Milei condiciones mínimas para sobrevivir.
Las importaciones ya explican el 70% del mercado textil argentino. Lo que históricamente era una disputa pareja entre producción local y productos del exterior se convirtió, bajo la gestión libertaria, en una derrota estructural para la industria nacional: en el primer semestre de 2026, la indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares, mientras las fábricas textiles del país operaban apenas al 39% de su capacidad instalada.
Esos datos fueron aportados por la Fundación Pro Tejer y la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), los dos organismos que nuclean al sector y que coinciden en un diagnóstico que el gobierno de Javier Milei prefiere ignorar: la política de apertura comercial irrestricta, combinada con la apreciación del tipo de cambio real y la demora en medidas de competitividad, está destruyendo una cadena productiva que empleó durante décadas a cientos de miles de trabajadores formales.
Apertura sin red: la caída en los eslabones primarios
En el primer semestre del año, las importaciones de productos textiles e indumentaria totalizaron 177.356 toneladas y 911 millones de dólares. La baja del 20% interanual en cantidades y del 5% en valores no es, como podría interpretarse, una señal de mejora: esa contracción se concentra en los insumos, no en los productos finales.
Según el informe de Pro Tejer, las materias primas cayeron un 33%, los hilados un 43%, los tejidos planos un 52% y los tejidos de punto un 34%. La lectura es inequívoca: hay menos insumos porque hay menos producción local. Las fábricas no fabrican, por lo tanto no demandan materias primas. El mercado interno simplemente se abastece con el producto terminado que llega del exterior.
La Fundación Pro Tejer precisó que «el escenario productivo local se ve afectado por la veloz apertura comercial, la desregulación total de las importaciones y la apreciación del tipo de cambio real, en un contexto de demora de medidas para reducir la carga tributaria y mejorar la competitividad sistémica de la economía argentina».
Subfacturación: más del 70% de los productos entra a precio ficticio
La FITA fue más terminante en su diagnóstico y acuñó el término que sintetiza el problema de fondo: «competencia fraudulenta». La federación señaló que las rebajas impositivas y los procesos de desregulación de los últimos años beneficiaron principalmente a las importaciones, mientras la producción nacional continúa cargando con una presión tributaria elevada, altos costos logísticos y falta de financiamiento.
Pero el punto más crítico es la subfacturación. Más del 70% de los productos importados ingresa al país a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la materia prima principal. Esta práctica, que constituye una violación a las normas de comercio exterior vigentes, configura una ventaja artificial imposible de compensar por cualquier esfuerzo de eficiencia en la producción local.
A eso se suma la competencia de plataformas digitales como Shein y Temu, que comercializan indumentaria de origen asiático sin tributar aranceles, operando en un vacío regulatorio que el gobierno libertario no ha mostrado voluntad de cerrar.
La producción en caída libre: 34% menos que en 2023
Las cifras de actividad son concluyentes. En el primer semestre de 2026, la producción textil cayó un 24,4% respecto al mismo período de 2025 y un 34% respecto a 2023, el último año antes del gobierno de Milei. El uso de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 39%, lo que en términos prácticos significa que seis de cada diez máquinas están paradas en las fábricas del sector.
La FITA aclaró que el sector no rechaza la apertura comercial en términos generales. La entidad firmó recientemente una declaración conjunta con organizaciones del Mercosur y de Europa en el marco del acuerdo birregional, y gestiona activamente el avance comercial con Estados Unidos. El reclamo no es por el comercio exterior en sí, sino por las condiciones en que se da ese comercio: sin reglas de origen verificadas, sin valores de referencia que impidan la subfacturación y sin paridad de cargas tributarias entre lo que se produce aquí y lo que se importa.
El reclamo: que se cumpla la ley
La demanda del sector ante el gobierno no es, por ahora, proteccionismo clásico. La FITA y Pro Tejer reclaman el cumplimiento de la normativa vigente de comercio exterior: aplicar los controles aduaneros que ya existen para detectar subfacturación, establecer valores de referencia para los principales productos importados y garantizar que las plataformas digitales extranjeras tributen igual que los comercios locales.
Sin esas condiciones mínimas, la industria textil argentina enfrenta un horizonte de desindustrialización acelerada que no se limita a una rama productiva: arrastra empleo registrado, capacidad de exportación, desarrollo regional y una cadena de valor que va desde el algodón en el norte del país hasta las terminaciones en los talleres del conurbano bonaerense.
Puntos clave
- Las importaciones representan ya el 70% del mercado textil argentino, según la Fundación Pro Tejer.
- La indumentaria importada creció un 62% en toneladas y un 36% en dólares en el primer semestre de 2026.
- La producción textil cayó un 24,4% interanual y un 34% respecto a 2023, con solo el 39% de la capacidad instalada en uso.
- La FITA denuncia que más del 70% de los productos importados ingresa subfacturado, sin cubrir el costo de la materia prima.
- Plataformas como Shein y Temu operan sin pagar aranceles, ampliando la brecha de competitividad con la producción local.
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