Conectate con El Argentino

Desregulación

Milei entrega ocho rutas nacionales estratégicas con la misma ley que habilitó las privatizaciones en los ’90

El Ministerio de Economía formalizó la convocatoria a licitación pública de la «Red Federal de Concesiones, Etapa III», que abarca ocho tramos estratégicos de la red vial nacional. La medida avanza en la privatización de Corredores Viales SA, empresa del Estado declarada «sujeta a privatización» por la Ley 27.742 del gobierno de Javier Milei.

Publicado hace

#

★ El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Andrés Caputo, publicó este lunes 23 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial la Resolución 174/2026 (RESOL-2026-174-APN-MEC), mediante la cual convocó a licitación pública los ocho corredores que integran la denominada «Red Federal de Concesiones, Etapa III», en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal responsable de la operación y el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

Los tramos incluidos en esta etapa llevan los nombres de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, y comprenden segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras vías de alto tránsito y valor estratégico para la conectividad del país.

El marco legal que habilitó el traspaso al sector privado

El proceso se encuadra en la Ley 17.520 y sus modificatorias, la Ley 23.696 de Reforma del Estado (la misma legislación que en los años noventa habilitó las privatizaciones menemistas) y el artículo 7° de la Ley 27.742, norma impulsada por el gobierno libertario que declaró a Corredores Viales SA «sujeta a privatización».

El Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión por peaje y designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», organismo creado específicamente para gestionar el desguace del Estado empresario impulsado por la administración Milei.

La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, firmada el 29 de agosto de 2025, dio inicio formal al procedimiento. Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas a través de expedientes publicados en el sistema CONTRAT.AR.

Audiencias públicas con impacto acotado

De acuerdo con los considerandos de la resolución publicada este lunes, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó audiencias públicas para informar sobre la Etapa III a la población y a organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales. Esas audiencias se realizaron entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2025, y sus informes de cierre fueron aprobados por la Resolución 1244/2025 de la DNV.

Sin embargo, la realización de audiencias públicas en el marco de un proceso de privatización no garantiza por sí sola la incidencia real de la ciudadanía en la decisión final, que en este caso ya estaba tomada por ley y por decreto.

El argumento oficial: déficit y equilibrio fiscal

Según los considerandos de la Resolución 174/2026, el proyecto «Red Federal de Concesiones» prevé que el sector privado asuma la operación y el mantenimiento de los tramos de la red vial nacional, con el objetivo declarado de «eliminar el déficit estatal en el sector y equilibrar las cuentas del Estado Nacional en infraestructura vial».

La justificación fiscal es el argumento central del gobierno de Milei para el traspaso de activos públicos al sector privado, en línea con la política de ajuste estructural que la administración libertaria sostiene desde diciembre de 2023.

Qué implica la concesión por peaje para los usuarios

El régimen de concesión de obra pública por peaje implica que las empresas privadas que resulten adjudicatarias asumirán la operación, el mantenimiento y eventualmente la ejecución de obras en los corredores licitados, financiándose a través del cobro de peajes a los usuarios. En la práctica histórica de las concesiones viales en Argentina (tanto en los noventa como en etapas posteriores), este esquema derivó en aumentos tarifarios y en disputas por el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por los concesionarios.

La Ley 23.696, citada como marco normativo de este proceso, es la misma legislación de la Reforma del Estado de 1989 que habilitó las privatizaciones de YPF, Aerolíneas Argentinas, ENTEL y otros activos estratégicos durante la presidencia de Carlos Menem, un antecedente que el peronismo y distintas fuerzas opositoras suelen señalar como advertencia sobre las consecuencias sociales y económicas de estos procesos.

Puntos clave

  • El Ministerio de Economía publicó la Resolución 174/2026 que convoca a licitación los ocho corredores de la Etapa III de la privatización de Corredores Viales SA
  • Los tramos abarcan segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras
  • El marco legal incluye la Ley 27.742, que declaró a la empresa estatal «sujeta a privatización»
  • El proceso avanza sobre las bases del Decreto 97/2025 y con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo ejecutor
  • Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas; esta es la cuarta y más amplia convocatoria del proceso ★

Desregulación

La motosierra dejó 68.561 estatales en la calle y hoy llegó a la CNEA

En dos años y medio, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del CEPA. El dato se conoce horas después de que ATE ocupara la sede de la CNEA por la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

Publicado hace

#

ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

En dos años y medio de gestión, el Gobierno de Javier Milei eliminó 68.561 puestos de trabajo en el Sector Público Nacional, una caída del 20%, según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en base a datos del INDEC. El dato se conoció horas después de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ocupara la sede central de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en rechazo a la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.

Según el informe titulado “La dotación de personal del Sector Público Nacional”, correspondiente a abril de 2026 y publicado el 31 de mayo por el CEPA en base a estadísticas oficiales del INDEC, la planta total de la Administración Pública Nacional (APN) y de las empresas y sociedades del Estado se redujo en 68.561 puestos entre diciembre de 2023 y abril de 2026; es decir, 75 personas despedidas o no renovadas por día desde que el actual Presidente asumió el cargo. La dotación total se ubicó, según el propio INDEC, en 274.793 personas.

El derrumbe, sector por sector

El recorte no impactó de manera pareja en toda la estructura estatal. En términos absolutos, la administración descentralizada (organismos con autonomía técnica, administrativa y financiera) concentró la mayor pérdida de puestos, con 23.511 empleos menos (caída del 17,19%). Le siguieron las empresas y sociedades del Estado, con 22.237 bajas (20,17%), y la administración centralizada, que perdió 17.176 cargos (30,75%), el porcentaje más alto de toda la administración pública. La administración desconcentrada restó 3.914 puestos (15,70%) y los “otros entes” perdieron 1.722 (11,08%).

Correo Argentino, a la cabeza del ranking de despidos

Entre las empresas estatales, el Correo Argentino encabeza el ranking con 5.449 despidos, según el CEPA, lo que compromete funciones como la distribución de documentos de identidad, medicamentos y materiales educativos en zonas donde no llegan los operadores privados. Le siguen el Banco Nación, con 2.368 desvinculaciones, en momentos en que el Gobierno avanza con su plan de privatización de la entidad, y Aerolíneas Argentinas, con 1.983 bajas. La Casa de Moneda perdió 715 puestos (una caída proporcional del 51% de su dotación), mientras que la Agencia de Publicidad del Estado y Belgrano Cargas y Logística sumaron 638 y 594 desvinculaciones respectivamente. En Fabricaciones Militares se desvincularon 450 trabajadores, lo que el CEPA describe como un golpe directo a la capacidad del Estado de producir material militar.

El ajuste también golpeó a la ciencia y la fiscalización

Dentro de la Administración Pública Nacional, el organismo con más bajas nominales fue ARCA (ex AFIP), con 3.398 puestos eliminados, lo que el informe vincula con un debilitamiento de la capacidad de fiscalización y recaudación del Estado. El CONICET perdió 1.953 trabajadores entre investigadores, técnicos y personal de apoyo, y el ANSES, 1.844 agentes. También sufrieron recortes significativos la Dirección Nacional de Vialidad (1.436 puestos), los Estados Mayores de la Armada (1.374), el Ejército (964) y la Fuerza Aérea (780), el ENACOM (881), el INTI (833) y el INTA (824).

La jornada de hoy: ATE ocupó la CNEA

El informe del CEPA se conoció horas después de que estallara un nuevo foco de conflicto en el sector científico y tecnológico estatal. Este martes, la CNEA notificó a través del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) que no renovaría los contratos a plazo fijo que vencían el 30 de junio, lo que afectó, según la denuncia de los gremios, a cerca de un centenar de profesionales, investigadores, técnicos y personal especializado, varios de ellos con más de diez años de antigüedad en el organismo. La comunicación llevó la firma de Alejandro Lemos, gerente de Recursos Humanos de la CNEA.

En respuesta, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió ocupar pacíficamente la sede central del organismo, en la avenida del Libertador, en reclamo por la reincorporación de los despedidos. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó la medida del Gobierno como un intento de “vaciar” la CNEA y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre una supuesta retención del presidente del organismo, Martín Porro, a quien describió como “atrincherado por decisión propia”. Los gremios advirtieron que los despidos afectan áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nuclear argentino, como el reactor multipropósito RA10 y el desarrollo del reactor CAREM.

Un Estado que se repliega

El informe del CEPA concluye que el proceso de ajuste no responde a una lógica de modernización administrativa, sino a una reducción cuantitativa y sostenida que, mes a mes, debilitó la capacidad operativa del Estado en áreas tan diversas como la ciencia, la fiscalización tributaria, la seguridad social, la producción de contenidos públicos y la conectividad territorial. El caso más extremo en términos proporcionales sigue siendo el de la ex Télam (hoy Agencia de Publicidad del Estado), con una caída del 78,8% de su personal, que la dejó en una situación de virtual extinción operativa.

Puntos clave

  • El Sector Público Nacional perdió 68.561 puestos de trabajo entre diciembre de 2023 y abril de 2026, una caída del 20%, según el CEPA.
  • El Correo Argentino lidera el ranking de despidos con 5.449 bajas, seguido por el Banco Nación (2.368) y Aerolíneas Argentinas (1.983).
  • ARCA, CONICET y ANSES encabezan los recortes dentro de la Administración Pública Nacional, con 3.398, 1.953 y 1.844 puestos eliminados respectivamente.
  • Este martes, ATE ocupó la sede central de la CNEA tras la no renovación de contratos a cerca de un centenar de trabajadores.
  • La ex Télam, hoy Agencia de Publicidad del Estado, registra el recorte proporcional más severo, con una caída del 78,8% de su personal.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo