★ El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Andrés Caputo, publicó este lunes 23 de febrero de 2026 en el Boletín Oficial la Resolución 174/2026 (RESOL-2026-174-APN-MEC), mediante la cual convocó a licitación pública los ocho corredores que integran la denominada «Red Federal de Concesiones, Etapa III», en el marco del proceso de privatización de Corredores Viales SA, la empresa estatal responsable de la operación y el mantenimiento de miles de kilómetros de rutas nacionales.

Los tramos incluidos en esta etapa llevan los nombres de Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico, y comprenden segmentos de las Rutas Nacionales N° 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras vías de alto tránsito y valor estratégico para la conectividad del país.

El marco legal que habilitó el traspaso al sector privado

El proceso se encuadra en la Ley 17.520 y sus modificatorias, la Ley 23.696 de Reforma del Estado (la misma legislación que en los años noventa habilitó las privatizaciones menemistas) y el artículo 7° de la Ley 27.742, norma impulsada por el gobierno libertario que declaró a Corredores Viales SA «sujeta a privatización».

El Decreto 97 del 14 de febrero de 2025 autorizó el procedimiento bajo la modalidad de concesión por peaje y designó al Ministerio de Economía como Autoridad de Aplicación, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», organismo creado específicamente para gestionar el desguace del Estado empresario impulsado por la administración Milei.

La Resolución 1284/2025 del Ministerio de Economía, firmada el 29 de agosto de 2025, dio inicio formal al procedimiento. Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas a través de expedientes publicados en el sistema CONTRAT.AR.

Audiencias públicas con impacto acotado

De acuerdo con los considerandos de la resolución publicada este lunes, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) convocó audiencias públicas para informar sobre la Etapa III a la población y a organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales. Esas audiencias se realizaron entre el 30 de junio y el 7 de julio de 2025, y sus informes de cierre fueron aprobados por la Resolución 1244/2025 de la DNV.

Sin embargo, la realización de audiencias públicas en el marco de un proceso de privatización no garantiza por sí sola la incidencia real de la ciudadanía en la decisión final, que en este caso ya estaba tomada por ley y por decreto.

El argumento oficial: déficit y equilibrio fiscal

Según los considerandos de la Resolución 174/2026, el proyecto «Red Federal de Concesiones» prevé que el sector privado asuma la operación y el mantenimiento de los tramos de la red vial nacional, con el objetivo declarado de «eliminar el déficit estatal en el sector y equilibrar las cuentas del Estado Nacional en infraestructura vial».

La justificación fiscal es el argumento central del gobierno de Milei para el traspaso de activos públicos al sector privado, en línea con la política de ajuste estructural que la administración libertaria sostiene desde diciembre de 2023.

Qué implica la concesión por peaje para los usuarios

El régimen de concesión de obra pública por peaje implica que las empresas privadas que resulten adjudicatarias asumirán la operación, el mantenimiento y eventualmente la ejecución de obras en los corredores licitados, financiándose a través del cobro de peajes a los usuarios. En la práctica histórica de las concesiones viales en Argentina (tanto en los noventa como en etapas posteriores), este esquema derivó en aumentos tarifarios y en disputas por el cumplimiento de los planes de inversión comprometidos por los concesionarios.

La Ley 23.696, citada como marco normativo de este proceso, es la misma legislación de la Reforma del Estado de 1989 que habilitó las privatizaciones de YPF, Aerolíneas Argentinas, ENTEL y otros activos estratégicos durante la presidencia de Carlos Menem, un antecedente que el peronismo y distintas fuerzas opositoras suelen señalar como advertencia sobre las consecuencias sociales y económicas de estos procesos.

Puntos clave

• El Ministerio de Economía publicó la Resolución 174/2026 que convoca a licitación los ocho corredores de la Etapa III de la privatización de Corredores Viales SA
• Los tramos abarcan segmentos de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, entre otras
• El marco legal incluye la Ley 27.742, que declaró a la empresa estatal «sujeta a privatización»
• El proceso avanza sobre las bases del Decreto 97/2025 y con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo ejecutor
• Las Etapas I, II y II-B ya fueron licitadas; esta es la cuarta y más amplia convocatoria del proceso ★