Judiciales ⚖️
Imputaron a 4 médicos por homicidio culposo tras la muerte de un adolescente
La madre llevó al joven de 15 años al hospital comunal por un golpe en la cabeza y lo trataron por supuesto «consumo de marihuana» sin hacer las revisiones pertinentes.
Un fiscal de Santa Fe imputó con el delito de homicidio culposo y acusó de negligencia a cuatro médicos por la muerte de un adolescente de 15 años ocurrida en 2020 en un hospital comunal de la localidad de San Cristóbal, ubicada a 180 kilómetros al norte de la capital provincial, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Se trata de un cardiólogo de 40 años, que en ese momento era vicedirector del establecimiento sanitario, un psiquiatra de 36; y dos médicas, de 45 y 26, cuyos nombres no fueron revelados, sólo sus iniciales, de acuerdo a las normas procesales de la provincia.
El fiscal del caso, Héctor Aiello, de la Unidad Fiscal de la localidad de San Cristóbal, acusó a los profesionales que atendieron en la madrugada del lunes 2 de marzo de 2020 a un adolescente identificado como Santiago Zapata Demichelis.
Según la investigación, ese día Demichelis llegó alrededor de las 3 a un hospital del Sistema de Atención Médica Comunitaria (Samco) de la localidad de San Cristóbal, acompañado de su madre, quien avisó que el muchacho había sufrido un «fuerte golpe en la cabeza».
Allí fue atendido por una de las médicas imputadas, identificada con las iniciales de ALF, quien sin realizar un examen físico desestimó las consecuencias de un «golpe» y en cambio diagnosticó, «síndrome confusional por presunta intoxicación por marihuana».
Según expuso el fiscal en la audiencia imputativa, esa médica trató, sin lograrlo, de comunicarse con el psiquiatra, identificado con las iniciales de RAP, y le colocó un suero. «Ya pasadas las 4 de la madrugada, el paciente presentaba nuevos síntomas y por teléfono el entonces vicedirector del hospital, cuyas iniciales son GI, ordenó medicarlo», relató Aiello.
En esa línea, enfatizó que recién alrededor de las 11.30 el entonces vicedirector revisó al paciente personalmente y constató un cuadro neurológico, por lo que le pidió a otra médica identificada como MLA que coordinara una derivación urgente a otro centro asistencial.
«Demichelis sufrió un paro cardíaco, mientras lo trataban por consumo de estupefacientes y, aunque intentaron reanimarlo, el paciente falleció», consignó el fiscal. En esa línea, destacó «que en contra del diagnóstico del Samco, la autopsia reveló que la muerte fue producto de un golpe en la cabeza al que ninguno de los profesionales que lo asistieron prestó atención», consideró Aiello.
Para el representante del Ministerio Público de la Acusación santafesino, «en la conducta de los cuatro médicos, hubo una clara ausencia de la debida diligencia». Al acusarlos de «negligencia», el fiscal consideró «que con una revisión acorde con los protocolos profesionales se hubieran percibido los signos del golpe al que la madre del paciente hacía alusión constantemente desde un primer momento».
Tras la imputación como coautores de homicidio culposo, el fiscal explicó, en rueda de prensa, que para llegar a la calificación del ilícito se se hicieron «múltiples tareas investigativas» y aclaró que los imputados transitarán la instancia procesal en «libertad» hasta llegar al juicio oral ante un tribunal.
Finalmente, valoró el aporte de los especialistas en medicina forense que participaron en la investigación.
Defensa
Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos
Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.
Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.
El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.
La ingeniería del fraude
Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.
Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.
Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones
La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.
En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.
La respuesta institucional y sus límites
El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.
El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.
Lo que tenés que saber
- Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.
- La maniobra irregular involucra la acreditación de haberes y viáticos falsos por cerca de 938 millones de pesos entre julio de 2022 y enero de 2026.
- La denuncia penal apunta a 23 personas en total, incluyendo civiles sin vínculo con la fuerza que cobraron sumas millonarias.
- El capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista, fue apartado porque su esposa percibió 152,2 millones de pesos en 46 acreditaciones irregulares.
- La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2.
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