El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) atraviesa una crisis institucional sin precedentes desde su creación en 1987. El gobierno de Javier Milei no actualizó su presupuesto, lo que lo obliga a operar con recursos de 2023, y avanzó en mayo con una intervención de hecho mediante el decreto 351/2025, que modificó su dependencia y lo trasladó de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo el argumento de “reducir el gasto público”.

La decisión generó una ola de repudios de organismos de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo que implica la medida para la preservación de miles de perfiles genéticos y para la continuidad de la búsqueda de nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

“El Banco es una herramienta única en el mundo. Su debilitamiento representa un retroceso gravísimo para el derecho a la identidad y la memoria democrática”, señalaron desde Abuelas de Plaza de Mayo.

Recorte, vaciamiento y riesgo de intervención

El decreto 351/2025 dispone que el BNDG deje de ser un organismo autárquico para pasar a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, pero sin garantizar recursos adicionales ni estructura definida.
Aunque el texto aclara que “se mantendrá el personal con sus cargos y funciones”, el cambio institucional abre la posibilidad de modificaciones, fusiones o disoluciones en virtud del artículo 3 de la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a reestructurar organismos públicos.

A esto se suma un recorte presupuestario que lo deja sin posibilidad de actualización tecnológica ni cobertura para insumos de laboratorio, afectando las tareas científicas que garantizan la exactitud en los análisis genéticos.
Durante más de un mes, el organismo incluso permaneció sin dirección, tras el vencimiento del mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero, quien recién fue prorrogada en el cargo luego de que Estela de Carlotto denunciara la situación públicamente.

“No se trata de un problema administrativo. Sin presupuesto, sin conducción y bajo control político directo, el BNDG está en riesgo real de parálisis”, alertó un investigador del organismo que pidió reserva de identidad.

Un golpe a la memoria: el retroceso de un símbolo

El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado el 1° de junio de 1987 gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que impulsaron su fundación como herramienta científica y judicial para identificar a los nietos y nietas apropiados durante la dictadura (1976–1983).
Desde entonces, sus muestras biológicas permitieron restituir la identidad de 140 personas, cuyos orígenes habían sido suprimidos mediante el secuestro y la apropiación sistemática de bebés nacidos en cautiverio.

Su creación fue posible gracias al trabajo conjunto del genetista argentino Víctor Penchaszadeh y la científica estadounidense Mary-Claire King, quienes desarrollaron el índice de abuelidad, un método pionero que permitió reconstruir la filiación biológica a partir del ADN de abuelos y abuelas.

Durante 37 años, el Banco fue referencia mundial en genética forense aplicada a los derechos humanos. En 2009, por la Ley 26.548, se garantizó su autonomía y autarquía dentro del sistema científico nacional, un estatus que hoy se ve amenazado.

“Pasar el BNDG a la órbita de la Jefatura de Gabinete significa subordinarlo políticamente al Poder Ejecutivo. Es un retroceso institucional que contradice el espíritu de la Ley 26.548 y vulnera su independencia técnica”, advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

De la ciencia al ajuste: la política del desmantelamiento

Durante 2023 y 2024, el Banco había incorporado un nuevo sistema iScan System, que amplió la capacidad de identificación familiar mediante tecnología microarray, y obtuvo la acreditación internacional IRAM-ISO-IEC 17025, que certifica la validez de sus procedimientos.
Sin embargo, con la llegada del gobierno libertario, los recortes dejaron en suspenso los proyectos de mantenimiento, las capacitaciones y la reposición de equipos críticos.

El caso del BNDG no es aislado: forma parte de una estrategia sistemática de desfinanciamiento y concentración de poder sobre organismos clave en la memoria histórica.
En 2024, el Ejecutivo ya había eliminado por decreto la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, que tenía acceso a archivos estatales vinculados con la apropiación de menores, bajo el pretexto de “evitar superposiciones de funciones”.

“Este gobierno ataca los pilares de la democracia. Primero fueron las universidades, después el INCAA y el CONICET. Hoy le toca al Banco Nacional de Datos Genéticos, el corazón del derecho a la identidad”, sostuvo una integrante de HIJOS Capital, en diálogo con este medio.

Un ataque a la identidad y a la democracia

El debilitamiento del BNDG no solo compromete el trabajo científico sino que pone en riesgo la garantía de derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la identidad y a la verdad. El artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporado con jerarquía constitucional en Argentina, obliga al Estado a preservar los elementos de identidad de toda persona, incluyendo su filiación.

Su incumplimiento, advierten los organismos, podría tener consecuencias legales internacionales.

“Si se pierden o deterioran las muestras, el daño sería irreversible. Miles de familias podrían quedar sin respuesta para siempre”, alertó Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en un reciente pronunciamiento público.

El Congreso, la resistencia institucional

En agosto de 2025, la Cámara de Diputados debatió el decreto 351/2025: 133 legisladores votaron por su rechazo, 69 lo respaldaron y 2 se abstuvieron. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene la medida en vigencia bajo el argumento de la “reestructuración administrativa”.

El artículo 3 de la Ley Bases, que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para reorganizar organismos, sigue siendo el instrumento legal que permite intervenir el Banco.
Para los organismos de derechos humanos, esto representa una ruptura del principio de división de poderes y de control democrático sobre las políticas públicas.

“Cuando el Poder Ejecutivo se arroga el derecho de desmantelar organismos creados por ley, estamos ante una democracia formal vaciada de contenido”, señaló un comunicado conjunto de Abuelas, CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

El Banco Nacional de Datos Genéticos no es un laboratorio más. Es una institución nacida del dolor y la resistencia, que transformó la ciencia en justicia. Su vaciamiento presupuestario y su dependencia directa del Ejecutivo ponen en riesgo el mayor legado de las Abuelas de Plaza de Mayo y vulneran el compromiso del Estado argentino con la verdad histórica.

A 40 años de la recuperación democrática, su defensa no es un gesto simbólico:
es una batalla concreta contra la desmemoria, la impunidad y la desinstitucionalización del país.