DDHH
Ataque a la memoria: Milei desfinancia el Banco Nacional de Datos Genéticos
El Gobierno dejó sin actualización presupuestaria al organismo creado por las Abuelas de Plaza de Mayo y avanzó con su intervención de hecho. Organismos de derechos humanos advierten que se trata de un ataque grave para el derecho a la identidad.
El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) atraviesa una crisis institucional sin precedentes desde su creación en 1987. El gobierno de Javier Milei no actualizó su presupuesto, lo que lo obliga a operar con recursos de 2023, y avanzó en mayo con una intervención de hecho mediante el decreto 351/2025, que modificó su dependencia y lo trasladó de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación a la Jefatura de Gabinete de Ministros, bajo el argumento de “reducir el gasto público”.
La decisión generó una ola de repudios de organismos de derechos humanos, que alertan sobre el riesgo que implica la medida para la preservación de miles de perfiles genéticos y para la continuidad de la búsqueda de nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar.
“El Banco es una herramienta única en el mundo. Su debilitamiento representa un retroceso gravísimo para el derecho a la identidad y la memoria democrática”, señalaron desde Abuelas de Plaza de Mayo.
Recorte, vaciamiento y riesgo de intervención
El decreto 351/2025 dispone que el BNDG deje de ser un organismo autárquico para pasar a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, pero sin garantizar recursos adicionales ni estructura definida.
Aunque el texto aclara que “se mantendrá el personal con sus cargos y funciones”, el cambio institucional abre la posibilidad de modificaciones, fusiones o disoluciones en virtud del artículo 3 de la Ley Bases, que autoriza al Ejecutivo a reestructurar organismos públicos.
A esto se suma un recorte presupuestario que lo deja sin posibilidad de actualización tecnológica ni cobertura para insumos de laboratorio, afectando las tareas científicas que garantizan la exactitud en los análisis genéticos.
Durante más de un mes, el organismo incluso permaneció sin dirección, tras el vencimiento del mandato de su directora general técnica, Mariana Herrera Piñero, quien recién fue prorrogada en el cargo luego de que Estela de Carlotto denunciara la situación públicamente.
“No se trata de un problema administrativo. Sin presupuesto, sin conducción y bajo control político directo, el BNDG está en riesgo real de parálisis”, alertó un investigador del organismo que pidió reserva de identidad.
Un golpe a la memoria: el retroceso de un símbolo
El Banco Nacional de Datos Genéticos fue creado el 1° de junio de 1987 gracias a la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que impulsaron su fundación como herramienta científica y judicial para identificar a los nietos y nietas apropiados durante la dictadura (1976–1983).
Desde entonces, sus muestras biológicas permitieron restituir la identidad de 140 personas, cuyos orígenes habían sido suprimidos mediante el secuestro y la apropiación sistemática de bebés nacidos en cautiverio.
Su creación fue posible gracias al trabajo conjunto del genetista argentino Víctor Penchaszadeh y la científica estadounidense Mary-Claire King, quienes desarrollaron el índice de abuelidad, un método pionero que permitió reconstruir la filiación biológica a partir del ADN de abuelos y abuelas.
Durante 37 años, el Banco fue referencia mundial en genética forense aplicada a los derechos humanos. En 2009, por la Ley 26.548, se garantizó su autonomía y autarquía dentro del sistema científico nacional, un estatus que hoy se ve amenazado.
“Pasar el BNDG a la órbita de la Jefatura de Gabinete significa subordinarlo políticamente al Poder Ejecutivo. Es un retroceso institucional que contradice el espíritu de la Ley 26.548 y vulnera su independencia técnica”, advirtieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
De la ciencia al ajuste: la política del desmantelamiento
Durante 2023 y 2024, el Banco había incorporado un nuevo sistema iScan System, que amplió la capacidad de identificación familiar mediante tecnología microarray, y obtuvo la acreditación internacional IRAM-ISO-IEC 17025, que certifica la validez de sus procedimientos.
Sin embargo, con la llegada del gobierno libertario, los recortes dejaron en suspenso los proyectos de mantenimiento, las capacitaciones y la reposición de equipos críticos.
El caso del BNDG no es aislado: forma parte de una estrategia sistemática de desfinanciamiento y concentración de poder sobre organismos clave en la memoria histórica.
En 2024, el Ejecutivo ya había eliminado por decreto la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, que tenía acceso a archivos estatales vinculados con la apropiación de menores, bajo el pretexto de “evitar superposiciones de funciones”.
“Este gobierno ataca los pilares de la democracia. Primero fueron las universidades, después el INCAA y el CONICET. Hoy le toca al Banco Nacional de Datos Genéticos, el corazón del derecho a la identidad”, sostuvo una integrante de HIJOS Capital, en diálogo con este medio.
Un ataque a la identidad y a la democracia
El debilitamiento del BNDG no solo compromete el trabajo científico sino que pone en riesgo la garantía de derechos reconocidos internacionalmente, como el derecho a la identidad y a la verdad. El artículo 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporado con jerarquía constitucional en Argentina, obliga al Estado a preservar los elementos de identidad de toda persona, incluyendo su filiación.
Su incumplimiento, advierten los organismos, podría tener consecuencias legales internacionales.
“Si se pierden o deterioran las muestras, el daño sería irreversible. Miles de familias podrían quedar sin respuesta para siempre”, alertó Nora Cortiñas, referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en un reciente pronunciamiento público.
El Congreso, la resistencia institucional
En agosto de 2025, la Cámara de Diputados debatió el decreto 351/2025: 133 legisladores votaron por su rechazo, 69 lo respaldaron y 2 se abstuvieron. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene la medida en vigencia bajo el argumento de la “reestructuración administrativa”.
El artículo 3 de la Ley Bases, que otorga facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para reorganizar organismos, sigue siendo el instrumento legal que permite intervenir el Banco.
Para los organismos de derechos humanos, esto representa una ruptura del principio de división de poderes y de control democrático sobre las políticas públicas.
“Cuando el Poder Ejecutivo se arroga el derecho de desmantelar organismos creados por ley, estamos ante una democracia formal vaciada de contenido”, señaló un comunicado conjunto de Abuelas, CELS y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
El Banco Nacional de Datos Genéticos no es un laboratorio más. Es una institución nacida del dolor y la resistencia, que transformó la ciencia en justicia. Su vaciamiento presupuestario y su dependencia directa del Ejecutivo ponen en riesgo el mayor legado de las Abuelas de Plaza de Mayo y vulneran el compromiso del Estado argentino con la verdad histórica.
A 40 años de la recuperación democrática, su defensa no es un gesto simbólico:
es una batalla concreta contra la desmemoria, la impunidad y la desinstitucionalización del país.
DDHH
Cristina lleva su condena al mundo: sumó al abogado de Lula y a ex juez de Tribunal Europeo
Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, uno de los defensores de Lula da Silva durante el Lava Jato, y al español Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para cuestionar su condena ante organismos internacionales. La estrategia apunta a denunciar violaciones a garantías fundamentales en la causa Vialidad, cuya sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner formalizó la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim a su equipo de defensa para la etapa internacional de la causa Vialidad, según confirmaron fuentes cercanas a la expresidenta consultadas por distintos medios. La información fue publicada originalmente por los medios brasileños Folha de São Paulo y CNN Brasil, y luego ratificada por fuentes del entorno de CFK. Valim trabajará junto al jurista español Javier Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ex magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de España.
El propio Valim anticipó los lineamientos de la estrategia al medio brasileño Metrópoles: «En los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidenta». El jurista sostuvo además que está «firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto» que intentarán «revertir en los tribunales».
Una estrategia construida desde antes de la condena firme
El recurso a las instancias internacionales no es una novedad en la hoja de ruta de la defensa de CFK: la estrategia viene siendo elaborada desde mucho antes de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena, en junio de 2025. Durante el juicio oral en la causa Vialidad, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la falta de pruebas directas, la validez del informe técnico de Vialidad Nacional sobre el que se apoyó la acusación, y la aplicación de la figura de «asociación ilícita» al caso. La propia expresidenta calificó al tribunal como un «pelotón de fusilamiento» y acusó a los fiscales de prevaricato.
Ya en el recurso de queja presentado ante la Corte Suprema, antes de que la sentencia quedara firme, la defensa advirtió que si el máximo tribunal lo rechazaba recurriría a instancias internacionales, argumentando que durante la investigación, la elevación a juicio y el debate se habían producido graves violaciones a las garantías convencionales, lo que podría comprometer al Estado argentino en el plano externo. Tras la confirmación de la condena, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante la Corte Penal Internacional una presunta persecución política, judicial y mediática, sosteniendo que existía una amenaza creíble e inminente de detención arbitraria. En paralelo, se activó una vía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con un plazo de seis meses para presentar una petición formal.
Quién es Rafael Valim: el jurista que convirtió el lawfare en doctrina
Valim es doctor y magíster en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP), donde también ejerció como profesor. Fue docente visitante en la Universidad de Manchester (Reino Unido) y en la Université Le Havre Normandie (Francia). Su trayectoria incluye litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil y ante organismos internacionales de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del europeo.
En 2017, junto a Cristiano Zanin, actual magistrado de la Corte Suprema brasileña, y la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, cofundó el Instituto Brasileño de Estudios sobre Lawfare, presentado oficialmente en la SOAS University of London. Los tres conformaron además la defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva durante la causa Lava Jato, con presentaciones ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Juntos escribieron el libro «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021), una referencia académica de consulta frecuente en los debates sobre persecución judicial a dirigentes políticos en América Latina. Valim es también socio del estudio Warde Advogados y editor en jefe de la editorial Contracorrente.
Borrego: el hombre que conoce los códigos de la justicia europea
El jurista español Javier Borrego completa un equipo de defensa internacional de peso inusual. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y desarrolló una carrera ligada a los organismos europeos de protección de derechos. Fue agente del Reino de España ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo de España. Su incorporación al equipo de CFK amplía el alcance geográfico y jurídico de la estrategia, proyectándola también hacia el sistema europeo de derechos humanos.
La situación procesal: cuatro frentes y una condena firme
La expresidenta enfrenta actualmente uno de los momentos procesales más complejos de su historia judicial. La causa más avanzada es Vialidad, por la que el Tribunal Oral Federal 2 la condenó en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La Corte Suprema confirmó esa sentencia en junio de 2025, lo que la dejó firme. En las últimas semanas, el máximo tribunal también ratificó la actualización del decomiso ordenado sobre bienes de los condenados, que pasó de 85.000 a 685.000 millones de pesos, alcanzando a 111 propiedades, un monto que la defensa cuestionó judicialmente sin éxito. Por esta causa, Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria con tobillera electrónica en su domicilio del barrio porteño de Constitución.
A ese expediente se suman otros tres frentes elevados a juicio oral: la causa Hotesur-Los Sauces, que investiga un presunto lavado de dinero a través del alquiler de propiedades de la familia Kirchner a empresarios contratistas del Estado; la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán, que indaga si el acuerdo firmado durante su gobierno buscó garantizar impunidad a ciudadanos iraníes con pedido de captura de Interpol por el atentado a la AMIA; y la causa Cuadernos, que investiga un presunto esquema de recaudación ilegal de sobornos vinculado a la obra pública.
El precedente Lula: cuando la justicia internacional torció el rumbo
La elección de Rafael Valim no es casual ni caprichosa. El mismo equipo que conformó junto a Zanin y Teixeira Zanin Martins logró que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitiera una resolución señalando violaciones al debido proceso en el caso Lula, lo que contribuyó al proceso que derivó en la anulación de las condenas contra el dirigente brasileño y en su posterior restitución de derechos políticos. Esa hoja de ruta, aplicada con éxito en Brasil, es ahora el modelo que la defensa de CFK busca replicar en el sistema internacional, denunciando lo que considera el lawfare más feroz de la historia judicial argentina.
Puntos clave
- Cristina Fernández de Kirchner incorporó al jurista brasileño Rafael Valim y al español Javier Borrego para llevar la causa Vialidad a organismos internacionales de derechos humanos.
- Valim integró la defensa de Lula da Silva durante el Lava Jato y es coautor del libro académico «Lawfare: Waging War Through Law» (Routledge, 2021).
- Borrego fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado del Tribunal Supremo de España.
- La condena de CFK a seis años de prisión e inhabilitación perpetua quedó firme en junio de 2025 por la Corte Suprema; la expresidenta cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica.
- El equipo internacional anunció que en los próximos días presentará oficialmente en Buenos Aires la estrategia para la nueva fase judicial.
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