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Santa Fe

Megaoperativo en Rosario: detuvieron a 21 personas en 50 allanamientos por balaceras

Según las fuentes, en total se realizaron 57 allanamientos, principalmente en los barrios Santa Lucía, Ludueña y Empalme Graneros, donde durante los últimos días se registraron numerosos hechos de violencia, y fueron requeridos por el fiscal federal Javier Arzuvi Calvo y los representantes del Ministerio Público de la Acusación rosarino Pablo Socca, Georgina Pairola y Marisol Fabbro.

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Al menos 21 personas fueron detenidas este lunes en 57 allanamientos en distintos barrios de la ciudad santafesina de Rosario en busca de autores de balaceras y asesinatos, y la mayoría de ellas están acusadas de integrar la banda liderada por Mauro Gerez, un señalado jefe de sicarios vinculado a la organización narcocriminal «Los Monos», quien se encuentra preso y aparentemente seguía comandando al grupo desde la cárcel de Piñero, informaron fuentes judiciales.

Entre los procedimientos ordenados por la Justicia federal y provincial, se allanaron las celdas de Mario Segovia, alias «El Rey de la Efedrina» y de Julio Rodríguez Granthon, alias «El Peruano», ambos detenidos en el Complejo Penitenciario 1 de Ezeiza, y de Andrés Benítez, alias «Andy», de la unidad Penitenciaria 11 de Piñero, en Santa Fe.

Según las fuentes, en total se realizaron 57 allanamientos, principalmente en los barrios Santa Lucía, Ludueña y Empalme Graneros, donde durante los últimos días se registraron numerosos hechos de violencia, y fueron requeridos por el fiscal federal Javier Arzuvi Calvo y los representantes del Ministerio Público de la Acusación rosarino Pablo Socca, Georgina Pairola y Marisol Fabbro.

Para llevar a cabo los procedimientos fueron convocados efectivos de Gendarmería Nacional (GNA), de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y fuerzas de las Tropa de Operaciones Especiales (TOE), quienes irrumpieron en las viviendas en busca de integrantes de bandas criminales que operan en la zona.

Los principales puntos donde avanzaron los uniformados fueron los barrios donde durante los últimos días se incrementaron notablemente las balaceras y asesinatos, dijeron las fuentes.

Hasta el momento fueron detenidas 21 personas y otras seis quedaron demoradas por delitos relacionados al narcotráfico, extorsiones, balaceras y homicidios.

Los cerca de 250 efectivos de las distintas fuerzas que llevaron adelante los operativos lograron secuestrar en los allanamientos tres armas de fuego, más de 160 municiones, cartuchos, motocicletas, automóviles y más de un millón de pesos, entre otros elementos de interés para la causa.

También secuestraron 78 envoltorios de cocaína y demás sustancias listas para ser comercializadas.

Muchos de los detenidos, agregaron las fuentes, están vinculados a la banda de Gerez, un señalado jefe de sicaros vinculado a la banda «Los Monos», quien se encuentra preso en el penal de Piñero desde mayo último.

Sobre Gerez (28), los voceros informaron que mantiene desde hace años una disputa territorial con el clan de Francisco Riquelme, vinculada a uno de los principales rivales de «Los Monos», Esteban Lindor Alvarado.

A su vez Riquelme se encuentra alojado en el penal santafesino de Coronda desde abril del 2020, cuando fue detenido por atentar contra la vida de Mariana Ortigala, testigo clave en el juicio contra Alvarado, que fue baleada en un intento de acallar su versión de los hechos.

Por su parte, Gerez, detenido por primera vez en mayo de este año, fue señalado por el fiscal Socca como el responsable de al menos cuarenta balaceras extorsivas contra comerciantes, la mayoría de ellas en julio de 2021.

En aquella oportunidad se logró detener al jefe de sicarios a raíz de una investigación en la que se logró identificar a su novia y así llegar a él cuando entraba a su casa.

De acuerdo a la pesquisa, la mecánica de los delitos cometidos por la banda de Gerez era la siguiente: uno de sus sindicados ladreros, Nicolás Bareiro (19), era el encargado de elegir entre sus vecinos a siguientes víctimas, a quienes primero les enviaba un mensaje intimidatorio reclamando un pago exorbitante y luego balear sus comercios y propiedades y hasta llegaban a matarlas si no entregaban la suma exigida.

Otra variante que empleaban era exigirles a las víctimas, en vez de dinero, la entrega inmediata de una propiedad, que muchas veces pasaban a utilizar como búnker para comercializar estupefacientes.

En ese contexto, el fiscal Socca describió a Gerez como «una de las personas más importantes de la estructura delictiva de la ciudad».

Otra particularidad era la forma de reclutar tiradores por encargo que tenía Gerez, ya que, de acuerdo a la pesquisa, lo hacía en una cancha de fútbol de su barrio, donde captaba a jóvenes, a quienes les daba calzado deportivo a cambio de las balaceras.

Un dato que llamó la atención entonces, fue que antes de ser detenido en la casa de su novia, Gerez había estado demorado en la seccional 12ª de Rosario, aunque cuando desde la fiscalía se preguntó por él en esa dependencia, nadie tenía información al respecto.

Por tal motivo, Socca ordenó allanar la seccional, donde efectivamente no se logró reunir documentación que acreditara que el jefe de sicarios haya estado alojado allí.

Entonces, el fiscal pide la irrupción en la vivienda del subcomisario de la dependencia Iván A. (42), quien fue detenido, acusado de «incumplimiento de los deberes de funcionario público».

Durante ese allanamiento, la policía encontró en la casa del subcomisario dos vehículos robados, uno de ellos con la patente de un patrullero fuera de circulación.

Finalmente en junio de este año, el MPA imputó a Gerez por 40 balaceras, y Soca lo consideró como «el jefe de los sicarios de la organización y uno de los integrantes más importantes dentro de la estructura criminal, donde también se encarga de reclutar soldaditos y dar órdenes».

Santa Fe

El Gobierno recurre al FBI para encuadrar la violencia juvenil como un fenómeno tecnológico

Tras el crimen escolar en Santa Fe, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva descartó el factor del bullying y apuntó a la existencia de grupos juveniles misantrópicos. Con el respaldo del FBI, el oficialismo busca encuadrar la tragedia en un fenómeno de criminalidad digital mientras se debate la baja de la edad de imputabilidad.

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San Cristóbal: el Gobierno agita el fantasma de las culturas subdigitales

★ En una conferencia de prensa brindada este miércoles en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la investigación sobre el tiroteo en una escuela de San Cristóbal permitió detectar la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas en Argentina. La funcionaria, acompañada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que estos grupos no responden a dinámicas de acoso escolar tradicional sino a pautas de admiración por asesinatos y tiroteos masivos, con un fuerte componente de misantropía y voluntad de ejecución de actos violentos.

El diagnóstico oficial y la sombra del FBI

Según los datos aportados por la ministra, el análisis exhaustivo realizado por la Policía Federal en conjunto con el FBI permitió identificar 15 casos similares en los últimos dos años, sumados a otros cuatro que actualmente se encuentran bajo estudio. El Gobierno sostiene que estos jóvenes integran comunidades virtuales donde se analizan masacres previas y se fomenta el odio generalizado hacia la sociedad.

Esta caracterización técnica ocurre apenas días después de que la justicia santafesina confirmara la detención de un segundo adolescente por el encubrimiento del tiroteo. Como ya se informó en este medio, la causa se expandió rápidamente a otras ciudades a medida que las pericias sobre los dispositivos electrónicos revelaron conexiones más allá de los límites de la provincia de Santa Fe.

La inimputabilidad y el vacío de políticas públicas

El foco puesto en la tecnología por parte de la cartera de Seguridad parece eludir un debate que el Ministro de Justicia santafesino ya puso sobre la mesa (el adolescente responsable del ataque no es punible bajo el régimen legal vigente). Al catalogar el hecho como un fenómeno de cultura subdigital, el discurso oficial tiende a desplazar la responsabilidad del entorno social y las carencias del sistema educativo para detectar señales de alerta temprana.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, si bien el uso de plataformas como Discord facilitó la coordinación o el intercambio de material violento, el problema de fondo sigue siendo la ausencia de un Estado eficiente que garantice la contención de menores en situación de vulnerabilidad psicológica. La insistencia del Gobierno en resaltar la cooperación con organismos extranjeros como el FBI refuerza una narrativa de seguridad nacional sobre un hecho que, para diversos especialistas en niñez, requiere un abordaje integral de derechos sociales y laborales.

Antecedentes y derivaciones de la causa

El caso de San Cristóbal se suma a una serie de incidentes que el Ministerio de Seguridad intenta agrupar bajo una misma lógica criminalística. Sin embargo, el análisis crítico de estos hechos revela que la focalización en la violencia digital suele ser utilizada para justificar medidas de vigilancia más estrictas sobre la juventud, omitiendo el impacto de la crisis económica y el sobreendeudamiento de las familias en la salud mental de los adolescentes.

Mientras la investigación avanza, queda claro que la etiqueta de cultura subdigital será el eje de la estrategia oficial para pedir reformas en el código penal, alejando el foco de la soberanía educativa y la inversión en políticas de prevención que el sector libertario ha desmantelado sistemáticamente bajo la premisa del ajuste fiscal.

Puntos clave:

  • La ministra Alejandra Monteoliva descartó que el caso de San Cristóbal sea un episodio de bullying.
  • Se detectaron 15 casos de conductas violentas ligadas a grupos digitales en los últimos dos años.
  • La Policía Federal y el FBI colaboran en el análisis de las redes de los adolescentes implicados.
  • El Gobierno utiliza el concepto de culturas subdigitales para explicar la admiración por tiroteos masivos.
  • La justicia santafesina mantiene el debate sobre la no punibilidad de los involucrados debido a su edad.

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