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Consejo de la Magistratura: el Gobierno acusó a la Corte de emitir un fallo “extorsivo”

El ministro de Justicia de la Nación se refirió al fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura. «Es una extorsión sin precedentes en la historia del país», afirmó ante un plenario de Comisiones de la Cámara de Senadores que trata los proyectos sobre el tema.

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El ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo este martes que la Corte Suprema somete a una «extorsión» a las instituciones políticas de la Argentina y que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura para «meterse por la ventana» a presidir ese órgano, cuya tarea es la de controlar la actividad de los jueces y sus sanciones.

«La Corte quiere meterse por la ventana a presidir el Consejo de la Magistratura», sostuvo Soria en un plenario de comisiones del Senado nacional en el que se debate el proyecto de reforma de ese organismo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El ministro insistió en que «el Congreso de la Nación está obligado a legislar bajo presión», al referir que «el fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 es una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país» y advirtió que «pone en jaque la división de poderes».

«El fallo es un acto político extorsivo. Nuestro objetivo es evitar esta extorsión con el tiempo que tenemos hasta dentro de cuatro semanas. Porque si no, el 16 de abril se producirá una tragedia institucional en la Argentina por la parálisis del Consejo de la Magistratura», indicó.

Soria se refirió de ese modo al fallo del 16 de diciembre último, mediante el cual el máximo tribunal definió que la composición no respeta el «equilibrio» de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y que el Consejo vuelva a integrarse con 20 miembros -presididos por el titular de la Corte- si la ley no se sanciona antes del próximo 16 de abril.

El-Argentino-Corte Suprema
Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

«No tenemos que ser ingenuos. Hay sectores que quieren llevar el debate a lo que evidentemente fue el objetivo real de Corte al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006: meterse en el Consejo de la Magistratura por la ventana», reflexionó.

Al respecto, anunció que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo «tiene el objetivo de dar un mejor funcionamiento al Consejo de la Magistratura» para que «funcione de manera más armoniosa para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial».

«Lo que queremos es tener un Consejo que sirva para responder las necesidades de los ciudadanos que nos reclaman más y mejor justicia», destacó.

Soria también resaltó que el proyecto del Ejecutivo toma cosas del proyecto presentado por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, en 2017, que tampoco incluía a los miembros de la Corte en el Consejo.

«La ley original no preveía que el presidente de la Corte integre el Consejo. Tampoco el proyecto de Macri y de su ministro de Justicia, Germán Garavano. Ese es un consenso consolidado», relató.

El Senado comenzó a debatir este martes el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura enviado por el Poder Ejecutivo, en una reunión plenaria de comisiones a la que asisten Soria y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.

El encuentro, que se lleva a cabo en el Salón Illia del Palacio Legislativo, reúne a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales a las que fue enviado el proyecto.

De la reunión también forman parte el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler; la titular de la Jefatura de Gabinete de Asesores, Gimena del Río, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

Además de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, los legisladores tienen a la vista otros proyectos presentados por los opositores Alfredo Cornejo, Silvia Giacoppo, Alberto Vischi y Alberto Weretilneck y por la oficialista Nora Giménez.

El proyecto

El Frente de Todos (FdT) impulsa el tratamiento de la iniciativa enviada por la administración de Alberto Fernández sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial.

El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que irá a la reunión con un proyecto propio que amplía el Consejo a 20 miembros (actualmente son 13), y establece que la presidencia esté cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, algo a lo que el FdT se opone.

La oposición también propone como miembros a cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’Hont, ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Gobierno, y otros dos del ámbito académico y científico.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone en tanto elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo.

La iniciativa oficial suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que actualmente cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales.

La propuesta oficial establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.

También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.

Denuncia

Hackean el celular de Tomás Méndez en vivo: desde Crónica TV acusan a la SIDE y a la Federal

El conductor de «Duro de Callar» de Crónica TV denunció en pantalla que su teléfono fue intervenido y bloqueado remotamente mientras el programa estaba al aire. Apuntó directamente a organismos de inteligencia del Estado y advirtió: «Están censurando a Crónica».

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¿Milei espía periodistas? Hackearon el celular de Tomás Méndez en vivo en Crónica TV

★ El periodista Tomás Méndez, conductor del ciclo Duro de Callar por Crónica TV, realizó una grave denuncia pública durante una emisión reciente del programa: su teléfono celular fue hackeado e inutilizado en tiempo real mientras transmitía en vivo, en lo que calificó como un ataque deliberado de inteligencia estatal para silenciar el programa.

«Es la primera vez que me pasa. No puedo usar más el teléfono», afirmó Méndez frente a las cámaras, mostrando el dispositivo bloqueado a la audiencia. Según describió, la intrusión comenzó el fin de semana previo a la emisión, cuando agentes no identificados habrían extraído información de su equipo. El punto crítico ocurrió durante la transmisión en vivo, cuando el sistema operativo y aplicaciones como WhatsApp se cerraron o bloquearon de forma remota, dejando el celular totalmente inutilizable.

Señalamientos directos a la SIDE y la Policía Federal

Méndez no dudó en identificar a los responsables. «Creo que hay gente capacitada en el Estado que está manipulando los teléfonos celulares», sostuvo, y señaló específicamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y a la Policía Federal Argentina como posibles autores de la maniobra. Para el conductor, se trata de un desvío inadmisible de funciones institucionales: «No hay narcotraficantes que tengan que ir a seguir que nos están censurando a nosotros, un programa de tele».

La denuncia tomó una dimensión más amplia cuando Méndez extendió los alcances del ataque más allá de su persona: «Están censurando el programa, están censurando a Crónica y nos están censurando a nosotros». El periodista cuestionó además qué horizonte pretende el oficialismo para la prensa argentina: «¿Qué pretenden que se transforme la televisión en repetidores de lo que el Estado quiere que se diga?».

Una SIDE que puso la mira en la prensa crítica

La denuncia de Méndez no emerge en el vacío. En mayo de 2025, La Nación reveló el contenido del Plan de Inteligencia Nacional (PIN), un documento secreto de 170 páginas elaborado por la cúpula de la SIDE bajo la conducción de Sergio Neiffert, que abre la puerta al espionaje sobre periodistas, economistas, académicos y cualquier ciudadano que cuestione las políticas del gobierno de Javier Milei. Según ese documento, la SIDE tiene facultades para recabar información sobre quienes «erosionen la confianza» en los funcionarios o generen «pérdida de confianza» en las políticas económicas oficiales.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que ese plan incorpora hipótesis de conflicto que incluyen a quienes «cuestionen la política económica en la opinión pública», e incluso a quienes «organicen protestas», quienes podrían ser catalogados como una amenaza a la gobernabilidad. La reforma del sistema de inteligencia impulsada por el gobierno mediante el DNU 614, señaló el CELS, «debilita cualquier tipo de control sobre las actividades de inteligencia» y habilita «el uso de fondos reservados para financiar grupos de propaganda oficial en redes».

El antecedente no es menor: en mayo de 2025, el periodista Hugo Alconada Mon denunció haber sufrido diez intentos de hackeo a su cuenta de WhatsApp en pocas horas, justo después de revelar en La Nación los contenidos del Plan de Inteligencia. El patrón que describe Méndez guarda una llamativa similitud con aquel episodio.

Un patrón de acoso que escala

La denuncia de Méndez se inscribe en una escalada sostenida de hostigamiento oficial contra la prensa crítica. A principios de abril de 2026, el gobierno bloqueó las acreditaciones de periodistas de al menos cinco medios, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, Tiempo Argentino y La Patriada, impidiéndoles el ingreso a la Casa Rosada mediante la inhabilitación de sus registros biométricos. La medida fue calificada como «preventiva» por voceros oficiales, que la justificaron en una supuesta vinculación de esos medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y legisladores de la oposición repudiaron la medida. El periodista Santiago O’Donnell definió la quita de acreditaciones como «un acto cínico y peligroso de censura que el periodismo debería repudiar y combatir sin grieta».

Democracia y vigilancia tecnológica

Con visible indignación pero sin amedrentarse, Méndez trazó una distinción que considera fundamental: aunque el presidente Milei ha atacado verbalmente al programa en reiteradas oportunidades, eso forma parte del «debate democrático». El hackeo, en cambio, constituye para el conductor una «enfermedad» y una forma de violencia que supera cualquier crítica política legítima.

«Tanto miedo le tienen a la información, a los datos, a los periodistas», sentenció Méndez, quien defendió la pluralidad de voces de su espacio y cerró su descargo con una declaración de principios: «Vamos a seguir. ¿Qué se creen, que no vamos a seguir?».

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) advirtió que el decreto de reforma de inteligencia impulsado por el gobierno «habilita prácticas que remiten a los períodos más oscuros de la historia argentina», entre ellas el «espionaje político» y la «ausencia de controles efectivos sobre los organismos de inteligencia». Organismos que, según la denuncia de Méndez, ya habrían actuado contra su programa en horario de máxima audiencia.

Puntos clave

  • Tomás Méndez denunció en vivo por Crónica TV que su celular fue hackeado e inutilizado durante la emisión de Duro de Callar.
  • El conductor señaló a la SIDE y la Policía Federal como posibles responsables del ataque digital.
  • El hackeo comenzó el fin de semana previo y escaló durante la transmisión, con el cierre remoto de WhatsApp y el bloqueo del sistema operativo.
  • El episodio se enmarca en el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que, según documentos filtrados en 2025, habilita el espionaje sobre periodistas críticos del gobierno.
  • En abril de 2026, el gobierno ya había bloqueado las acreditaciones de periodistas de cinco medios para el ingreso a la Casa Rosada.

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