El ministro de Justicia, Martín Soria, sostuvo este martes que la Corte Suprema somete a una «extorsión» a las instituciones políticas de la Argentina y que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura para «meterse por la ventana» a presidir ese órgano, cuya tarea es la de controlar la actividad de los jueces y sus sanciones.

«La Corte quiere meterse por la ventana a presidir el Consejo de la Magistratura», sostuvo Soria en un plenario de comisiones del Senado nacional en el que se debate el proyecto de reforma de ese organismo enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

El ministro insistió en que «el Congreso de la Nación está obligado a legislar bajo presión», al referir que «el fallo de la Corte del 16 de diciembre de 2021 es una extorsión sin precedentes en la historia democrática del país» y advirtió que «pone en jaque la división de poderes».

«El fallo es un acto político extorsivo. Nuestro objetivo es evitar esta extorsión con el tiempo que tenemos hasta dentro de cuatro semanas. Porque si no, el 16 de abril se producirá una tragedia institucional en la Argentina por la parálisis del Consejo de la Magistratura», indicó.

Soria se refirió de ese modo al fallo del 16 de diciembre último, mediante el cual el máximo tribunal definió que la composición no respeta el «equilibrio» de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y que el Consejo vuelva a integrarse con 20 miembros -presididos por el titular de la Corte- si la ley no se sanciona antes del próximo 16 de abril.

«No tenemos que ser ingenuos. Hay sectores que quieren llevar el debate a lo que evidentemente fue el objetivo real de Corte al declarar la inconstitucionalidad de la ley de 2006: meterse en el Consejo de la Magistratura por la ventana», reflexionó.

Al respecto, anunció que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo «tiene el objetivo de dar un mejor funcionamiento al Consejo de la Magistratura» para que «funcione de manera más armoniosa para cubrir a tiempo las vacantes en el Poder Judicial».

«Lo que queremos es tener un Consejo que sirva para responder las necesidades de los ciudadanos que nos reclaman más y mejor justicia», destacó.

Soria también resaltó que el proyecto del Ejecutivo toma cosas del proyecto presentado por el Gobierno del expresidente Mauricio Macri, en 2017, que tampoco incluía a los miembros de la Corte en el Consejo.

«La ley original no preveía que el presidente de la Corte integre el Consejo. Tampoco el proyecto de Macri y de su ministro de Justicia, Germán Garavano. Ese es un consenso consolidado», relató.

El Senado comenzó a debatir este martes el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura enviado por el Poder Ejecutivo, en una reunión plenaria de comisiones a la que asisten Soria y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena.

El encuentro, que se lleva a cabo en el Salón Illia del Palacio Legislativo, reúne a los integrantes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales a las que fue enviado el proyecto.

De la reunión también forman parte el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, Nicolás Soler; la titular de la Jefatura de Gabinete de Asesores, Gimena del Río, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones.

Además de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, los legisladores tienen a la vista otros proyectos presentados por los opositores Alfredo Cornejo, Silvia Giacoppo, Alberto Vischi y Alberto Weretilneck y por la oficialista Nora Giménez.

El proyecto

El Frente de Todos (FdT) impulsa el tratamiento de la iniciativa enviada por la administración de Alberto Fernández sobre la composición del cuerpo de juristas que tiene el deber constitucional de controlar y sancionar, si es necesario, la actividad de los magistrados del sistema judicial.

El interbloque de Juntos por el Cambio adelantó que irá a la reunión con un proyecto propio que amplía el Consejo a 20 miembros (actualmente son 13), y establece que la presidencia esté cargo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, algo a lo que el FdT se opone.

La oposición también propone como miembros a cuatro jueces o juezas del Poder Judicial de la Nación, elegidos por sistema D’Hont, ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Gobierno, y otros dos del ámbito académico y científico.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y sobre el que girará la discusión en las comisiones, propone en tanto elevar de 13 a 17 los miembros de ese organismo.

La iniciativa oficial suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que actualmente cuenta el Consejo, e incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales.

La propuesta oficial establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias. De ellos al menos dos deberán ser mujeres.

También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.