Judiciales ⚖️
Abogada argentina en Brasil denuncia amenazas de muerte mientras la Justicia define su situación
Agostina Páez denunció una campaña de hostigamiento digital con mensajes que incluyen incitación a la violencia sexual y amenazas explícitas de muerte. El caso escala en dimensiones que exceden el expediente judicial y reabre el debate sobre los límites del repudio colectivo en redes sociales.
★ Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero bajo una imputación por injuria racial, denunció este fin de semana ser blanco de una violenta campaña de hostigamiento digital. A través de historias en su cuenta de Instagram, la joven compartió capturas de pantalla con mensajes que incluyen amenazas de muerte, insultos xenófobos e incitaciones explícitas a la agresión física y sexual, provenientes tanto de usuarios brasileños como argentinos, según pudo verificarse en los registros difundidos por la propia imputada.
Entre los mensajes exhibidos, según publicaron Infobae y Radio Clan FM este domingo 22 de febrero, se leen frases como «vas a morir», «cuidado en caminar sola», «racista no vas a tener paz», «ojalá algún brasilero te mate, puta racista» e incitaciones a la violencia sexual que este medio omite reproducir en su totalidad por su carácter degradante. Algunos mensajes, acompañados de emojis de calavera, son interpretados por la propia denunciante como señales de amenaza directa.
Una situación de confinamiento real
El impacto de este hostigamiento no se limita a lo digital. Páez declaró públicamente que no puede salir del departamento donde reside por temor a represalias físicas. «La gente me odia, hay mucho ensañamiento. Me quieren matar», expresó la abogada en declaraciones recogidas por Infobae. Su padre, Mariano Páez, confirmó ese estado de situación en diálogo con medios: «La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién.»
La familia viajó a Río de Janeiro para acompañarla. El reencuentro, registrado por medios argentinos a principios de febrero, ocurrió en la puerta del edificio donde permanece alojada. Según trascendió, los familiares prevén quedarse entre una semana y quince días, mientras siguen de cerca la evolución judicial.
Un incidente previo agravó la situación de seguridad: tres personas ingresaron al departamento donde Páez se alojaba inicialmente, lo que la obligó a mudarse a otra residencia dentro de la ciudad carioca.
El proceso judicial y la estrategia de la defensa
Páez está imputada por el delito de injuria racial, figura equiparada al racismo en la legislación brasileña, que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión efectiva y no contempla la excarcelación bajo fianza, según confirmó su abogado defensor, Sebastián Robles, en declaraciones a Infobae. El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro.
Desde el inicio de la causa, Páez fue sometida a diversas restricciones: primero le retuvieron el pasaporte; luego le colocaron una tobillera electrónica; y aunque su documento fue devuelto, la prohibición de abandonar Brasil continúa vigente. A principios de febrero, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro solicitó su prisión preventiva alegando «peligro procesal», pese a que la imputada había cumplido todas las medidas cautelares impuestas. La Justicia ordenó su detención y luego, tras una presentación de la defensa, revocó la medida el mismo día, según confirmó Robles a Infobae.
La defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestiona el procedimiento y reclama garantías legales. Según explicó Mariano Páez al medio El Liberal, el recurso incluye un detalle de horarios, secuencias del incidente y referencias a cámaras de seguridad que, según la defensa, no habrían sido incorporadas a la investigación. El planteo también objeta el uso de la imagen de la imputada en campañas institucionales, al considerar que esa exposición vulnera el principio de inocencia.
La propia Páez admitió arrepentimiento por su conducta. «Obviamente, ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida», declaró en declaraciones reproducidas por Infobae, aunque sostuvo que su gesto fue una reacción a provocaciones previas del personal del bar, versión que la defensa busca acreditar con las imágenes de las cámaras de seguridad del local.
Asistencia consular y colegios de abogados
La Embajada argentina en Brasil ofreció asistencia legal a Páez, aunque aclaró que no intervendrá en el proceso judicial. Los colegios de abogados de Santiago del Estero y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitaron la intervención de la Cancillería argentina para garantizar asistencia y seguimiento consular, según informó Sur Santiagueño.
Un debate que excede el expediente
El caso encendió un debate que desborda los límites del proceso penal. Por un lado, organizaciones antirracistas tanto de Brasil como de Argentina rechazaron la conducta de Páez y señalaron que el racismo tiene consecuencias legales concretas; entre ellas, una agrupación de mujeres brasileñas radicadas en Argentina emitió un comunicado en redes, según registró Infobae. Por otro, la violencia de las amenazas recibidas por la imputada generó interrogantes sobre los alcances del repudio colectivo en redes sociales y sus consecuencias físicas sobre las personas señaladas públicamente, independientemente de la gravedad del hecho que las originó.
El proceso avanza sin plazos definidos bajo la supervisión del juez Feitosa.
Puntos clave
- Páez está retenida en Brasil desde el 14 de enero de 2026, imputada por injuria racial ante la Justicia de Río de Janeiro.
- Denunció amenazas de muerte e incitaciones a la violencia en redes sociales, con capturas difundidas en su Instagram.
- Tres personas ingresaron a su residencia temporal, lo que la obligó a mudarse por razones de seguridad.
- Su defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas cuestionando el procedimiento y el uso de su imagen.
- La Embajada argentina ofreció asistencia consular sin intervenir en el proceso judicial. ★
Judiciales ⚖️
La Justicia procesó a Día Argentina por evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones
La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.
Procesaron a Día Argentina por evadir aportes de 13.690 trabajadores
El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a la cadena de supermercados Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional agravada y le trabó un embargo de $800 millones sobre sus bienes. La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.
Una causa que lleva años: de los allanamientos de la AFIP al procesamiento penal
La investigación no es nueva. En 2018, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la empresa ante el mismo juzgado, luego de detectar una maniobra de evasión previsional agravada que en aquel momento superaba los $20 millones. La hipótesis de los investigadores era entonces la misma que hoy sostiene el procesamiento: la compañía habría designado a empleados propios como titulares de las franquicias para que figuraran formalmente como responsables del pago de cargas sociales, trasladando así una obligación que le corresponde a la empresa matriz.
Lo que durante años tramitó como investigación preliminar culminó el 20 de abril de 2026 con la resolución del juez Pablo Yadarola, que dispuso el procesamiento formal y la traba del embargo. La decisión fue notificada al día siguiente.
El fuero laboral, además, ya había dado señales en el mismo sentido: antes de llegar al procesamiento penal, Día Argentina fue condenada en sede laboral por el uso fraudulento del contrato de franquicia para enmascarar relaciones de dependencia encubiertas al momento de los allanamientos de 2019.
13.690 trabajadores y 1.072 supuestos franquiciados
La escala de la maniobra investigada es significativa. Según el expediente, la fiscalización alcanzó a 13.690 trabajadores: 993 identificados como franquiciados y 12.697 dependientes registrados formalmente por ellos. El relevamiento también identificó un universo de 1.072 supuestos franquiciados, muchos de los cuales habrían operado como empleados encubiertos de la compañía.
Un dato central del fallo refuerza esa hipótesis: el cruce de nóminas laborales detectó que 2.267 empleados prestaron servicios para más de un franquiciado, lo que para la acusación indica que no existía una autonomía real sino una dependencia técnica y jurídica directa con la empresa matriz.
Entre las pruebas valoradas figuran intervenciones telefónicas, declaraciones testimoniales, análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos y cruces de información laboral y fiscal. El fallo también citó el uso del sistema interno denominado «llave 4», que habría permitido a supervisores de Día modificar stocks y precios de manera remota en las sucursales de los supuestos franquiciados, socavando cualquier pretensión de independencia comercial. A eso se sumó que la recaudación en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas por la propia compañía y que los pagos electrónicos se acreditaban en sus cuentas.
Evasión simple y agravada en 34 hechos
El procesamiento abarca 34 hechos distribuidos entre 2015 y 2018. Los delitos imputados combinan presunta evasión previsional simple, por períodos en que el monto no ingresado superó los $7 millones mensuales, y presunta evasión previsional agravada por la utilización de terceros interpuestos, en casos que superaron los $14 millones. Esta última figura, contemplada en la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario, prevé penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión.
Para fijar el monto del embargo, el juzgado tomó en cuenta los importes ajustados de la fiscalización, descontados los pagos realizados en término, que arrojaron una cifra de $579.173.127,25, a la que se suman una eventual multa y los gastos del proceso.
La empresa niega y la defensa pide el sobreseimiento
Día Argentina S.A. negó los cargos y sostuvo que «cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente». La firma defendió la legitimidad de su modelo comercial y señaló que la causa «se encuentra en una etapa inicial de prueba». También indicó que cuenta con «sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento» y que está «a total disposición de las autoridades competentes».
La defensa había solicitado el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Ambos planteos fueron rechazados. El procesamiento no implica una condena sino que el juzgado consideró reunidos elementos suficientes para avanzar con la causa penal.
Vale aclarar que el impacto de este tipo de maniobras no se limita a la empresa y sus trabajadores directos. Como señaló oportunamente la AFIP, los aportes evadidos alimentan el Sistema Único de la Seguridad Social, que financia jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, seguros de desempleo y pensiones por discapacidad, entre otras prestaciones del Estado que sostienen a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Puntos clave:
- El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones.
- La maniobra investigada habría consistido en usar contratos de franquicia para encubrir relaciones laborales y eludir el pago de aportes a la seguridad social de 13.690 trabajadores.
- La investigación se inició con una denuncia de la AFIP en 2018 y el fuero laboral ya había condenado a la empresa por uso fraudulento del sistema de franquicias.
- El fallo abarca 34 hechos entre 2015 y 2018, con montos que superan los $7 millones mensuales en los casos simples y los $14 millones en los agravados.
- La defensa solicitó el sobreseimiento, que fue rechazado; la empresa niega los cargos y dice estar «a disposición» de la Justicia.
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