Judiciales ⚖️
Abogada argentina en Brasil denuncia amenazas de muerte mientras la Justicia define su situación
Agostina Páez denunció una campaña de hostigamiento digital con mensajes que incluyen incitación a la violencia sexual y amenazas explícitas de muerte. El caso escala en dimensiones que exceden el expediente judicial y reabre el debate sobre los límites del repudio colectivo en redes sociales.
★ Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años retenida en Río de Janeiro desde el 14 de enero bajo una imputación por injuria racial, denunció este fin de semana ser blanco de una violenta campaña de hostigamiento digital. A través de historias en su cuenta de Instagram, la joven compartió capturas de pantalla con mensajes que incluyen amenazas de muerte, insultos xenófobos e incitaciones explícitas a la agresión física y sexual, provenientes tanto de usuarios brasileños como argentinos, según pudo verificarse en los registros difundidos por la propia imputada.
Entre los mensajes exhibidos, según publicaron Infobae y Radio Clan FM este domingo 22 de febrero, se leen frases como «vas a morir», «cuidado en caminar sola», «racista no vas a tener paz», «ojalá algún brasilero te mate, puta racista» e incitaciones a la violencia sexual que este medio omite reproducir en su totalidad por su carácter degradante. Algunos mensajes, acompañados de emojis de calavera, son interpretados por la propia denunciante como señales de amenaza directa.
Una situación de confinamiento real
El impacto de este hostigamiento no se limita a lo digital. Páez declaró públicamente que no puede salir del departamento donde reside por temor a represalias físicas. «La gente me odia, hay mucho ensañamiento. Me quieren matar», expresó la abogada en declaraciones recogidas por Infobae. Su padre, Mariano Páez, confirmó ese estado de situación en diálogo con medios: «La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién.»
La familia viajó a Río de Janeiro para acompañarla. El reencuentro, registrado por medios argentinos a principios de febrero, ocurrió en la puerta del edificio donde permanece alojada. Según trascendió, los familiares prevén quedarse entre una semana y quince días, mientras siguen de cerca la evolución judicial.
Un incidente previo agravó la situación de seguridad: tres personas ingresaron al departamento donde Páez se alojaba inicialmente, lo que la obligó a mudarse a otra residencia dentro de la ciudad carioca.
El proceso judicial y la estrategia de la defensa
Páez está imputada por el delito de injuria racial, figura equiparada al racismo en la legislación brasileña, que prevé penas de entre dos y cinco años de prisión efectiva y no contempla la excarcelación bajo fianza, según confirmó su abogado defensor, Sebastián Robles, en declaraciones a Infobae. El expediente quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de Comarca de Río de Janeiro.
Desde el inicio de la causa, Páez fue sometida a diversas restricciones: primero le retuvieron el pasaporte; luego le colocaron una tobillera electrónica; y aunque su documento fue devuelto, la prohibición de abandonar Brasil continúa vigente. A principios de febrero, el Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro solicitó su prisión preventiva alegando «peligro procesal», pese a que la imputada había cumplido todas las medidas cautelares impuestas. La Justicia ordenó su detención y luego, tras una presentación de la defensa, revocó la medida el mismo día, según confirmó Robles a Infobae.
La defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestiona el procedimiento y reclama garantías legales. Según explicó Mariano Páez al medio El Liberal, el recurso incluye un detalle de horarios, secuencias del incidente y referencias a cámaras de seguridad que, según la defensa, no habrían sido incorporadas a la investigación. El planteo también objeta el uso de la imagen de la imputada en campañas institucionales, al considerar que esa exposición vulnera el principio de inocencia.
La propia Páez admitió arrepentimiento por su conducta. «Obviamente, ha sido la peor reacción. Estoy muy arrepentida», declaró en declaraciones reproducidas por Infobae, aunque sostuvo que su gesto fue una reacción a provocaciones previas del personal del bar, versión que la defensa busca acreditar con las imágenes de las cámaras de seguridad del local.
Asistencia consular y colegios de abogados
La Embajada argentina en Brasil ofreció asistencia legal a Páez, aunque aclaró que no intervendrá en el proceso judicial. Los colegios de abogados de Santiago del Estero y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitaron la intervención de la Cancillería argentina para garantizar asistencia y seguimiento consular, según informó Sur Santiagueño.
Un debate que excede el expediente
El caso encendió un debate que desborda los límites del proceso penal. Por un lado, organizaciones antirracistas tanto de Brasil como de Argentina rechazaron la conducta de Páez y señalaron que el racismo tiene consecuencias legales concretas; entre ellas, una agrupación de mujeres brasileñas radicadas en Argentina emitió un comunicado en redes, según registró Infobae. Por otro, la violencia de las amenazas recibidas por la imputada generó interrogantes sobre los alcances del repudio colectivo en redes sociales y sus consecuencias físicas sobre las personas señaladas públicamente, independientemente de la gravedad del hecho que las originó.
El proceso avanza sin plazos definidos bajo la supervisión del juez Feitosa.
Puntos clave
- Páez está retenida en Brasil desde el 14 de enero de 2026, imputada por injuria racial ante la Justicia de Río de Janeiro.
- Denunció amenazas de muerte e incitaciones a la violencia en redes sociales, con capturas difundidas en su Instagram.
- Tres personas ingresaron a su residencia temporal, lo que la obligó a mudarse por razones de seguridad.
- Su defensa presentó un hábeas corpus de 50 páginas cuestionando el procedimiento y el uso de su imagen.
- La Embajada argentina ofreció asistencia consular sin intervenir en el proceso judicial. ★
Investigación 🔎
Hallan enfermero muerto: tenía más de 50 ampollas de propofol en su casa
Presentaba marcas de inyecciones y se investiga su posible vínculo con fiestas clandestinas donde se utilizaban sedantes de uso hospitalario.
Lo que tenés que saber:
- Un enfermero fue encontrado muerto en su departamento
- En la cocina había ampollas de un sedante de uso hospitalario
- El cuerpo presentaba signos de inyecciones en los brazos
- Investigan si estuvo vinculado a reuniones privadas con consumo de estas sustancias
- El caso se suma a otras muertes bajo circunstancias similares
Hallazgo y primeras pericias
Un enfermero de 44 años, oriundo de Entre Ríos, fue hallado sin vida en su departamento tras varios días sin contacto con su familia. Al ingresar a la vivienda, los familiares encontraron el cuerpo en el living y detectaron la presencia de más de 50 ampollas de propofol en la cocina.
Las primeras observaciones indicaron que el hombre tenía marcas de pinchazos en los brazos, lo que sugiere el uso de jeringas para administrarse la sustancia. El propofol es un sedante de uso hospitalario que requiere control médico estricto.
Investigación y posible vínculo con fiestas
La causa busca determinar si el enfermero participaba en encuentros privados conocidos como “propofest”, donde se habrían utilizado drogas de uso clínico. Estas reuniones quedaron bajo investigación tras otros casos recientes que involucran a profesionales de la salud.
Los investigadores también intentan establecer si el hombre se encontraba solo al momento de su muerte y cómo accedió a la sustancia, considerada de uso restringido.
Antecedentes recientes del caso propofol
El hecho se vincula con la muerte del anestesiólogo Alejandro Salazar, hallado sin vida en su departamento en febrero. En ese caso, se detectaron elementos de uso médico y se sospecha de una sobredosis.
A partir de ese episodio, se abrió una investigación sobre el posible desvío de sustancias como propofol y fentanilo desde hospitales hacia circuitos clandestinos, lo que encendió alertas en el sistema de salud.
Sustancias médicas bajo la lupa
El propofol es un anestésico utilizado en procedimientos médicos que puede provocar efectos severos si se administra sin supervisión. Su uso indebido fuera del ámbito clínico representa un riesgo alto para la salud y es objeto de control sanitario.
Las autoridades buscan determinar si existe una red de circulación ilegal de estos insumos y si hay más personas involucradas en este tipo de prácticas.
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