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Entró en vigencia el pase sanitario en cinco provincias

Si bien a nivel nacional, el pase sanitario comenzará a regir el 1 de enero para mayores de 13 años, en algunas provincias decidieron implementar el certificado de vacunación obligatoria en forma anticipada y con alcances incluso mayores, como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas.

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Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero comenzaron a implementar a partir de este martes el pase sanitario en forma obligatoria para acceder a distintas actividades consideradas de «riesgo epidemiológico», mientras Catamarca empezará a aplicarlo de manera progresiva a partir de Navidad, como estrategia para seguir incentivando la vacunación y aumentar la prevención ante el incremento de casos de coronavirus en todo el país.

A nivel nacional, el pase sanitario comenzará a regir el 1 de enero para mayores de 13 años con el esquema de vacunación completa para el caso de «locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre».

Sin embargo, algunas provincias decidieron implementar el certificado de vacunación obligatoria en forma anticipada y con alcances incluso mayores, como la realización de trámites presenciales en organismos públicos y entidades privadas.

Tucumán fue pionera, a partir del 1 de diciembre, en institucionalizar la credencial para asistir a eventos masivos, gimnasios y recitales, al igual que Salta y Jujuy, mientras que en La Rioja se pidió el pase sanitario el último fin de semana para los asistentes al partido de fútbol de un equipo de grandes figuras de Boca Juniors y un combinado local.

Provincia de Buenos Aires

Este martes, en la provincia de Buenos Aires se comienza a aplicar el pase sanitario para acceder a centros culturales, gimnasios, cines y eventos deportivos masivos; salones de fiestas y boliches, bares y restaurantes y organismos públicos y privados para la realización de trámites y para el personal que atiende al público.

Al destacar la medida, el gobernador Axel Kicillof sostuvo que el que no quiere vacunarse contra el coronavirus «pone en riesgo a los demás», y confirmó que esta temporada piensan «restringir algunas actividades para aquellos que no se hayan dado las dos dosis», al tiempo que recordó a la población que en la provincia hay «vacuna libre en primera y segunda dosis desde los 3 años» y a partir de este martes lo habrá para todos los turistas que visiten el distrito.

El pase sanitario podrá ser acreditado a través de la aplicación «Mi Argentina» o «Cuidar – Sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19» y podrán solicitarlo «todos los mayores de 13 años que cuenten con el esquema de vacunación completo, aplicado al menos 14 días corridos antes», según se informó oficialmente.

Para aquellos que no cuenten con un teléfono con acceso a la aplicación, también se permitirá el ingreso «a través del carnet de vacunación completa» que se expide en los centros de vacunación en forma de tarjeta o carnet, explicaron voceros oficiales.

Según declaró Kicillof, en la provincia de Buenos Aires hay 14,5 millones de vacunados con primera dosis y 12,5 millones con segunda dosis, es decir que «falta muy poco para una cobertura casi universal» e instó a completar el esquema, de cara a las expectativas por una temporada de verano que «se prefigura como una de las temporadas más grandes que podemos recordar».

Santa Fe

Por su parte, en Santa Fe será obligatorio el pase sanitario también a partir de este martes para la realización de viajes grupales, ingresos a fiestas, discotecas, eventos masivos de más de mil personas, centros culturales, teatros, cines y gimnasios, casinos y bingos, y realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales, entre otras actividades, así como para realizar trámites en oficinas públicas.

Mediante el decreto número 2915/21, firmado por el gobernador Omar Perotti, el Ejecutivo provincial adhirió a la Decisión Administrativa número 1198/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, que estableció el pase sanitario para actividades consideradas de riesgo epidemiológico, y será aplicable a mayores de 13 años.

Córdoba

En tanto, el Gobierno de Córdoba tenía previsto implementar el pase sanitario a partir del 1 de enero. Sin embargo, y ante el aumento de casos durante la últimas jornadas y un brote de la variante Ómicron, adelantó su acreditación para poder acceder a «eventos recreativos, sociales y culturales de más de 1.000 personas, tanto en espacios cerrados como al aire libre, para asistir a competencias deportivas, viajes grupales de egresados, estudiantes, jubilados o similares».

Río Negro

Por su parte, el Ministerio de Salud de Río Negro estableció que a partir de este martes será obligatoria la presentación de la credencial para acceder a eventos cerrados de más de 1.000 personas, en viajes grupales y en locales bailables, pero no se aplicará para fiestas al aire libre.

Santiago del Estero

La provincia de Santiago del Estero implementará la credencial para el acceso a las actividades y eventos masivos tanto públicos como privados en espacios abiertos y cerrados, medida que «insta a vacunar más contra el Covid-19, completar los esquemas y proteger a la gente», dijo el subsecretario de Salud, César Monti.

Desde Catamarca, el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, anunció este martes que el pase sanitario «será una medida progresiva y para algunas actividades va comenzar a regir a partir de Navidad y Año Nuevo, y para otras va a comenzar desde el 1 de enero».

«En los boliches vienen aplicando el pase sanitario, entonces ya tienen la practica implementada y la gente ya está acostumbrada. Con el turismo y otras actividades vamos a esperar un poco más para poder dar tiempo al Estado a dictar los documentos legales y que también se comunique masivamente», adelantó Aguirre

A su vez, el ministro de Seguridad remarcó que durante las reunión con el Comité Operativo de Emergencia «todos hemos coincidido en que es necesario tomar medidas preventivas ahora para no tener que llegar a medidas más drásticas el día de mañana, atento a la situación epidemiológica que está viviendo el mundo»

«Hay confianza en que podemos trabajar en conjunto, el sector privado con el sector público, en pos de garantizar, por un lado, la salud pública de los catamarqueños y segundo que el sector privado pueda seguir llevando adelante su actividad normal y no sufrir prejuicios económicos», concluyó.

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PAMI al límite: el Gobierno niega la crisis pero clínicas suspenden turnos y amenazan con frenar cirugías

El sistema de salud que atiende a casi 7,3 millones de jubilados y pensionados en Argentina está al borde del colapso. Las cámaras de prestadores privados suspendieron la asignación de turnos en consultorios externos de todas las especialidades y amenazan con paralizar cirugías programadas, mientras el Gobierno libertario insiste en que «el cronograma de pagos se viene cumpliendo».

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PAMI suspende turnos en todo el país: prestadores denuncian un atraso arancelario del 102%

La contradicción es flagrante: por un lado, las instituciones privadas denuncian un atraso arancelario del 102% y advierten que no pueden afrontar insumos ni salarios; por el otro, el oficialismo responde con aumentos del 1,9% para junio y 1,9% para julio, por debajo incluso de la última medición de inflación del INDEC. La brecha entre el discurso oficial y la realidad hospitalaria no podría ser más amplia.

El Gobierno dice que todo está bien

Fuentes del Gobierno libertario aseguraron que el PAMI «no tiene deuda acumulada con Clínicas y Sanatorios a nivel nacional» y que «lo que resta pagar durante el mes son gastos corrientes». El mensaje fue reforzado desde Casa Rosada, que confirmó los aumentos del 1,9% para junio y julio, y anticipó que volverán a convocar a los prestadores «para hablar sobre las posibles alternativas que hay sobre la mesa en este contexto de estrés presupuestario».

La frase «estrés presupuestario» dice más de lo que pretende ocultar. Se trata del eufemismo oficial para describir lo que el propio sistema de salud padece como una crisis estructural, directamente vinculada al ajuste fiscal impuesto por las metas del acuerdo con el FMI.

Lo que dicen los prestadores: 102% de atraso y colapso inminente

La Cámara de Prestadores de Salud de la Seguridad Social (CAPRESS) comunicó la suspensión del otorgamiento de nuevos turnos en consultorios externos de todas las especialidades y advirtió que las próximas medidas incluirán la paralización de cirugías y procedimientos programados no urgentes, manteniendo únicamente el seguimiento de pacientes con patologías crónicas críticas.

«Sin una recomposición urgente de los valores y la regularización de los pagos adeudados, las instituciones no pueden afrontar la compra de insumos críticos ni cumplir con las obligaciones salariales y honorarios profesionales«, advirtió CAPRESS en un documento público. «Hacemos responsable al Estado nacional por el impacto sanitario que esta situación genera en los afiliados al PAMI», completaron.

Los números que el sector expone son contundentes: desde diciembre de 2023, los aranceles abonados por el PAMI a los prestadores aumentaron apenas un 130%, mientras que en el mismo período la inflación acumulada superó el 300%. Para equiparar ambas variables, los prestadores estiman que haría falta una recomposición de al menos el 75%; el Gobierno ofrece menos de un cuarto de eso.

La crisis lleva meses: desde Patagonia hasta todo el país

La situación no es nueva ni está circunscripta a una región. En febrero de 2026, más de 30 clínicas y sanatorios de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa ya habían suspendido prestaciones programadas y ambulatorias, luego de una nota enviada al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, en la que advertían que sin soluciones concretas la interrupción de servicios sería inevitable. El problema se repite: primero fue una advertencia; ahora es una medida de fuerza generalizada.

«No cubrimos costos y las brechas son insalvables», declaró Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, según consignó el portal Noti-Río.

Los prestadores privados aportan más de la mitad de las camas de internación en todo el país, lo que convierte esta crisis en una amenaza directa para la capacidad del sistema sanitario argentino de responder a las necesidades de la tercera edad.

Un antecedente que el Gobierno ignoró: el fallo judicial de mayo

Esta crisis no irrumpió en el vacío. En mayo de 2026, este medio ya cubrió cómo un juez federal ordenó al PAMI y a Incluir Salud regularizar pagos a prestadores de discapacidad en 72 horas, calificando al Estado de «en mora» y advirtiendo sobre el «riesgo inminente» para las personas con discapacidad. El Gobierno apeló esa cautelar en lugar de cumplirla. El patrón se repite: la respuesta judicial; la respuesta oficial, una apelación.

Además, el propio Ejecutivo debió emitir Letras del Tesoro (LECAP) por $580.000 millones para asistir al PAMI en el marco de esa misma crisis, una medida que la propia normativa exige reembolsar dentro del mismo ejercicio fiscal.

El ajuste y los jubilados: un costo que siempre pagan los mismos

Para los trabajadores del sector, el reclamo de los prestadores es apenas la superficie de una crisis más profunda. Desde SUTEPA respaldaron las medidas de los prestadores y señalaron que el personal de planta y los profesionales de cabecera fueron los principales damnificados del ajuste económico en el sector de la salud.

El cuadro se enmarca en una política deliberada: el recorte del gasto primario acumulado desde 2023, que en el área de salud y seguridad social implicó reducciones de más del 60% en términos reales, según el diagnóstico del Foro Economía y Trabajo. Los jubilados que dependen del PAMI son, en ese contexto, los eslabones más débiles de una cadena de ajuste que los aprieta desde varios frentes simultáneamente: la erosión del poder adquisitivo de sus haberes, el encarecimiento de los servicios públicos, y ahora la amenaza de perder acceso a los turnos médicos.

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