Judiciales ⚖️
Caso Lucas: acusaciones cruzadas entre policías de la ciudad
Los tres efectivos detenidos apuntaron al personal de la brigada por el operativo posterior al ataque
Un subcomisario y dos oficiales de la Comisaría Vecinal 4 de la Policía de la Ciudad que fueron detenidos el pasado domingo en el marco de la causa por el encubrimiento del crimen de Lucas González aseguraron su inocencia y apuntaron a los efectivos de la brigada de esa comuna como quienes se hicieron cargo de la escena del ataque y de la detención de los amigos de la victima.
Fuentes judiciales informaron hoy que, al declarar ante el juez Martín del Viso y el fiscal Leonel Gómez Barbella, tanto el subcomisario Ramón Chocobar (47), como los oficiales Daniel Espinoza (32) y Sebastián Baidón (27) negaron haber realizado alguna maniobra de encubrimiento o maltratado a los amigos de Lucas en el lugar donde el 17 de noviembre pasado se registró el ataque por el que están detenidos tres efectivos de la Brigada de la Comuna 4 de la Ciudad.
Además dos de ellos, identificaron a una policía «rubia» y «alta» perteneciente a la Brigada, como quien estaba a cargo del lugar donde habían quedado esposados y detenidos los dos amigos de Lucas, también de 17 años.
Chocobar, quien estaba en ese momento a cargo de la dependencia porque su jefe, el también detenido comisario Fabián du Santos, había ido a un acto policial, recordó que al llegar a los pocos minutos a la escena del hecho, ya había una gran cantidad de policías de distintas áreas, aunque «claramente el dominio de la escena estaba en manos de la brigada».

Sobre ellos, dijo que si bien no los conoce porque pertenecen a otra dependencia, pudo reconocerlos porque tienen «chalecos celestes» que «no son visibles» y «no tienen gorras». El subcomisario aseguró que «son gente vestida de civil y no es distinguible ni es un uniforme reconocido. En la parte de atrás si surge Policía de la Ciudad”, según los voceros consultados.
Chocobar reconoció que además vio en la escena a una abogada de Asuntos Internos y dijo que en ningún momento vio un arma en el auto Volkswagen Suran de los adolescentes, la que fue sacada del rodado más tarde y que para los pesquisas fue «´plantada» por la policía. Antes de finalizar su indagatoria, el subcomisario, quien dijo que tiene 28 años de servicio, pidió ser excarcelado porque cree que está detenido «injustamente».
Otro de los detenidos que declaró también ayer fue el oficial Espinoza, chofer de la Comisaria Vecinal 4 D, quien recodó que fue uno de los que ayudó a sacar del auto a Lucas herido de un balazo en la cabeza a pedido de una médica del Same y que luego fue con ella y la víctima hasta el hospital Penna, donde le entregaron un plomo que cayó de entre las ropas del adolescente.
Consultado sobre qué vio en el lugar del hecho, Espinoza aseguró que «fue una movida de policías que no es común ver», y mencionó al menos 20 uniformados, incluso un comisario «con gorra», tras quienes llegaron muchos más en distintos móviles. Al igual que Chocobar, Espinoza pidió ser excarcelado, dijo que está pasando un «momento horrible» y aseguró que actuó «dentro de la ley».
Espinoza aseguró que «fue una movida de policías que no es común ver», y mencionó al menos 20 uniformados, incluso un comisario «con gorra», tras quienes llegaron muchos más
Finalmente, el oficial Baidón, también chofer de la misma dependencia, y quien fue descripto por testigos como el policía «tatuado» que redujo a los adolescentes, negó haber esposado o tirado al piso a los amigos de Lucas, a quien solo dijo que «revisó». Además aseguró que fueron los policías de la Brigada quienes se hicieron cargo del procedimiento y también dijo haber visto a «una mujer rubia de la brigada» cerca de los chicos detenidos en el piso.
Luego mencionó la presencia de una abogada de Asuntos Internos que fue a «asesorar a los efectivos del enfrentamiento», y que se entrevistó con los policías vinculados a ese episodio. Tras las indagatorias los tres policías quedaron detenidos a disposición judicial. En tanto, los otros dos apresados el domingo último, el oficial Darío Arévalos y el oficial Jonathan Martínez, también de la Comisaría Vecinal 4, se negaron a declarar.
Estos acusados se suman a otros seis ya procesados con prisión preventiva, los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, por «falsedad ideológica, encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones»: En tanto, por el homicidio calificado de Lucas y la tentativa de homicidio calificada de sus amigos están también procesados y bajo arresto preventivo los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
El hecho sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando Lucas y sus amigos salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y se detuvieron en un kiosco situado en Iriarte y Luna, para comprar un jugo. Tras ello fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos. Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impacto en la cabeza de Lucas, quien tras ser atendido de urgencia en un hospital porteño fue trasladado y murió horas después en el hospital «El Cruce» de Florencio Varela.
Judiciales ⚖️
Casación abre una puerta en $LIBRA y revisa la exclusión de damnificados
La Sala II hizo lugar a una queja de dos inversores bielorrusos, con la disidencia de Yacobucci, y habilitó revisar el apartamiento de otros cinco. Lo que se discute es quién podrá apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos Javier y Karina Milei, y evitar así el cierre de la causa.
Un recurso que parecía agotado volvió a quedar en pie. La Cámara Federal de Casación Penal abrió la instancia para revisar si dos damnificados por la criptomoneda $LIBRA pueden ser querellantes, una figura clave para impulsar la investigación y para discutir el cierre del expediente.
La decisión fue adoptada por la Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, en el expediente caratulado «Milei, Javier Gerardo y otros s/recurso de queja». Por mayoría, el tribunal hizo lugar a la queja y concedió el recurso de casación contra el fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que había confirmado el rechazo del Juzgado Federal N° 8 al pedido de Lapchenko Vladislav Andreevich y Krasutskaya Sviatlana Vitalievna, dos ciudadanos bielorrusos, para ser tenidos como querellantes.
Un fallo dividido dentro de la Sala II
Slokar sostuvo que los agravios de la parte recurrente podían constituir alguna de las causales previstas en el artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación, por lo que correspondía hacer lugar a la queja. Ledesma adhirió al considerar que se había alegado una cuestión federal suficiente para habilitar la instancia. Yacobucci, en cambio, votó en disidencia y se pronunció por declarar inadmisible la queja, con costas.
El tribunal también ordenó recaratular el expediente como recurso de casación, emplazar a las partes y pedir el pase digital del legajo a la cámara de origen. Conceder el recurso no implica, por sí solo, que los inversores vuelvan a ser querellantes: lo que se abrió es la puerta para que Casación analice el planteo.
Los cinco inversores apartados también esperan
Además de los dos ciudadanos bielorrusos, Casación también habilitó que se revise el apartamiento de otros cinco inversores damnificados por la presunta criptoestafa: Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. Los cinco habían sido admitidos como querellantes, pero fueron excluidos por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que hizo lugar a un planteo de Mauricio Novelli, el lobbista que fue una de las piezas claves del lanzamiento de la criptomoneda.
En septiembre, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, de la Sala I de la Cámara Federal, dejaron firme esa exclusión. En su fallo sostuvieron que los inversores «asumieron voluntariamente los riesgos» de comprar el memecoin y que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida». Las defensas de los damnificados calificaron ese argumento como un prejuzgamiento.
Qué hay en juego: apelar los sobreseimientos
De ser incorporados nuevamente, los damnificados buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para evitar el cierre de la causa. Sin querellantes, la investigación depende de la voluntad del fiscal Eduardo Taiano, a quien los afectados cuestionaron en septiembre por la demora en el avance del expediente.
La discusión de fondo excede lo procesal: quiénes pueden acusar y quiénes quedan afuera define si la causa $LIBRA se investiga o se archiva. El voto dividido de la Sala II muestra que ese punto sigue abierto.
Lo que tenés que saber
- La Sala II de Casación hizo lugar a una queja y concedió el recurso de dos inversores bielorrusos que buscan ser querellantes en la causa $LIBRA.
- Slokar y Ledesma votaron a favor; Yacobucci votó en disidencia y propuso declarar inadmisible la queja.
- Casación también habilitó la revisión del apartamiento de Marchetto, Vega, Paris, Quintero y Romeo.
- Los damnificados buscarán apelar los sobreseimientos de los 11 imputados, entre ellos Javier y Karina Milei.
- Conceder el recurso no los reincorpora de manera automática a la causa.
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