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Judiciales ⚖️

Caso Lucas: policía negó haber encubierto el crimen

Oficial de la Policía de la Ciudad detenido el pasado sábado negó hoy haber participado del encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años atacado a tiros junto a tres amigos en 2021 en el barrio de Barracas.

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El oficial de la Policía de la Ciudad detenido el pasado sábado negó hoy haber participado del encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años atacado a tiros junto a tres amigos en 2021 en el barrio de Barracas, pero admitió que ese día concurrió a la comisaría a buscar en su casillero personal cinta para preservar la escena del crimen y no el arma que se señala que fue plantada a las víctimas para simular un tiroteo.

Fuentes judiciales aseguraron que el oficial Facundo Matías Torres fue indagado esta tarde por la jueza Vanesa Peluffo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional 7, y por el fiscal Leonel Gómez Barbella, y aseguró que el día del homicidio se dirigió a la comisaría Vecinal 4D junto a Gabriel Alejandro Issasi (41), uno de los tres policías acusados del crimen de Lucas, a buscar cinta para preservar la escena del hecho, con lo que rechazó la acusación de haber encubierto el asesinato.

Torres, conocido por su apodo «Cachorro», había sido detenido el pasado sábado y hoy fue indagado como acusado de ser coautor de los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, e imposición de torturas» en perjuicio de los tres amigos de Lucas.

El policía fue trasladado esta mañana a los Tribunales porteños e indagado cerca de las 13 por la jueza Peluffo y el fiscal Gómez Barbella, antes quienes admitió que el 17 de noviembre del 2021 se trasladó junto a Issasi a la sece de la comisaría Vecinal 4D.

Una vez allí, mientras Issasi lo aguardaba en la calle, él se dirigió a su casillero personal a buscar cinta para preservar la escena del hecho y rechazó la acusación de que fue a retirar el arma que se le plantó luego a las víctimas.

Al ser consultado por el fiscal si esa versión podía ser corroborada por algún testigo, Torres dijo que no lo había visto nadie y luego agregó que, a su criterio, su detención obedecía a cuestiones políticas y que en el marco del caso «hay muchos policías inocentes detenidos».

Tras la indagatoria, la defensa del policía pidió la excarcelación, aunque se presume que la misma será rechazada por la fiscalía, que solicitará que permanezca con prisión preventiva.

Torres fue involucrado en la causa el jueves último por el principal de la Comuna 4D Héctor Claudio Cuevas (50), detenido y sometido a juicio por el encubrimiento del crimen de Lucas, quien al pedir declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 lo señaló como uno de los policías que ayudó a plantar el arma en el auto en el que iban los chicos con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

De acuerdo a la declaración de Cuevas, ese día Torres arribó a la escena del crimen en una moto y colaboró con el oficial Issasi, uno de los tres policías acusados del homicidio de Lucas, en la maniobra de encubrimiento.

Siempre según su relato, Issasi fue quien «tira el arma» en la parte trasera del vehículo, luego de que otro de los policías enjuiciados, el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), le dijera «anda a poner eso».

Luego, dijo Cuevas, la misma persona se acercó hasta la parte trasera del Volkswagen Suran -en el que iban Lucas, Julián Salas (19), Joaquín Zuñiga (19), y Niven Huanca (19)-, que estaba abierto y «tira el arma».

Ante la declaración del principal, se solicitó a la Oficina de Transparencia de la Policía de la Ciudad informes sobre la geolocalización de la moto del efectivo Torres y de su celular para chequear los datos aportados por el principal arrepentido, lo que arrojó información de que ese policía efectivamente se desplazó por la zona en donde se produjo el crimen y también se dirigió ida y vuelta a la Comisaría Vecinal 4D, donde se cree que pudo haberse apoderado de la réplica de pistola que luego fue plantada.

Asimismo, una cámara de seguridad registró el paso de una moto de la Policía de la Ciudad, la cual sería conducida por Torres, y cuyo acompañante es Issasi, lo que puede corroborarse mediante la vestimenta que presentaba el día del hecho.

El juicio continuará mañana, cuando se espera que, tal como lo adelantaron varios defensores, declaren otros policías acusados.

Además de Issasi, al debate llegaron imputados por el homicidio de Lucas y la tentativa de homicidio de sus amigos el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y el oficial Juan José Nieva (37).

El crimen del jugador de las divisiones inferiores del club Barracas Central fue cometido el 17 de noviembre de 2021 cuando iba junto a sus amigos a bordo de un Volkswagen Suran que fue interceptado en Iriarte y Vélez Sarsfield por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los jóvenes, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que «plantaron» un arma en el auto de las víctimas.

A los tres miembros de la Brigada la Justicia les adjudica la coautoría del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial».

Además, enfrentan cargos por las «tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley», en el caso de los amigos de Lucas.

En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, son juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos los otros chicos.

Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Inca, ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.

También son juzgados el principal Cuevas y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).

Educación

Milei lleva la Ley de Financiamiento Universitario a la Corte para intentar frenarla

Luego de acumular dos derrotas judiciales consecutivas, el Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que el máximo tribunal suspenda la norma. Si el tribunal rechaza el pedido, el Gobierno tiene previsto recurrir en queja directamente ante la Corte Suprema.

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El Argentino Diario-UBA-Aumento Salarial-Docentes universitarios.

El Gobierno busca llegar a la Corte para suspender la Ley de Financiamiento Universitario

El gobierno de Javier Milei presentó un recurso extraordinario federal ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal para que el expediente sea elevado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el objetivo de suspender la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795), según confirmaron fuentes oficiales.

La maniobra llega luego de dos fallos adversos consecutivos: en primera instancia, el juez federal Enrique Cormick declaró que el Decreto 759/2025, con el cual el Ejecutivo había suspendido la ejecución de la norma, tenía rasgos de «arbitrariedad e ilegalidad manifiesta»; y el 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, integrada por los magistrados Sergio Fernández y Jorge Morán, confirmó la medida cautelar y rechazó la apelación del Gobierno al calificar sus argumentos de «poco serios».

Si la Cámara Federal acepta el recurso extraordinario, el expediente pasará a la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. En caso contrario, el oficialismo no descarta presentar un recurso en queja directamente ante el máximo tribunal para forzar su intervención.

https://elargentinodiario.com.ar/zona-destacada/17/04/2026/reforma-laboral-el-gobierno-acudio-a-la-corte-con-un-per-saltum-para-destrabar-la-ley/

La historia de una ley vetada, insistida y aun incumplida

La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto de 2025 y vetada de manera total por el presidente Milei el 11 de septiembre. Sin embargo, el Senado y la Cámara de Diputados insistieron en su sanción, dejando sin efecto el veto con los dos tercios requeridos constitucionalmente. En el último día del plazo legal, en octubre de 2025, el Ejecutivo se vio obligado a promulgarla; pero en lugar de aplicarla, dictó el Decreto 759/2025, que subordinó su implementación a la previa definición de fuentes presupuestarias específicas, apoyándose en la Ley de Administración Financiera 24.629.

La norma obliga al Gobierno a actualizar retroactivamente los sueldos de docentes y no docentes universitarios desde diciembre de 2023, según la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor), y a recomponer los programas de becas estudiantiles. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los salarios docentes crecieron un 158% mientras la inflación acumulada alcanzó el 280%, lo que implica una pérdida de poder adquisitivo del 32%, equivalente a la pérdida de más de siete salarios mensuales.

El argumento fiscal versus el mandato constitucional

La estrategia del oficialismo se asienta en un único argumento: la aplicación de la ley pondría en riesgo el equilibrio fiscal, que el Gobierno presenta como su principal logro de gestión. Estiman que el costo de cumplir la norma asciende a 2,5 billones de pesos, en línea con lo que el sindicato docente de la UBA calculó en 2,734 billones.

Sin embargo, la Justicia ya rechazó ese razonamiento en dos instancias. La Cámara subrayó que el impacto fiscal de la medida ronda apenas el 0,23% del PBI, que la ley fue ratificada por dos tercios de ambas cámaras del Congreso y que la insistencia legislativa prevista en el artículo 83 de la Constitución Nacional obliga al Ejecutivo a ejecutar la norma sin margen para suspenderla mediante un decreto. El tribunal también estableció un principio clave: una ley posterior aprobada por el Congreso puede desplazar válidamente a una anterior, lo que derrumba el escudo jurídico del Decreto 759/2025.

En este contexto, la estrategia de recurrir a la Corte por vía del recurso extraordinario es la última carta disponible. Según fuentes del ámbito constitucional citadas por La Nación, es poco probable que el tribunal acceda a conceder el recurso, ya que uno de los requisitos es que exista una sentencia definitiva o equiparable, condición que una medida cautelar no cumple. Los propios especialistas advirtieron que la Corte tiene antecedentes de no expedirse sobre cautelares por no constituir sentencias definitivas.

Una táctica judicial que se vuelve patrón

El recurso por el financiamiento universitario no es un hecho aislado en la estrategia judicial del Ejecutivo libertario. Como informó este medio el 17 de abril de 2026, el mismo día en que se conoció esta presentación, el Gobierno acudió a la Corte Suprema a través de un per saltum para intentar destrabar la Ley de Reforma Laboral (Nº 27.802), cuya aplicación también fue frenada judicialmente luego de una demanda de la Confederación General del Trabajo (CGT). En ambos casos, el patrón es idéntico: el Ejecutivo aprueba o aplica normas que generan rechazo judicial o social, y cuando la Justicia ordena su suspensión o su cumplimiento, escala el conflicto hacia la Corte en lugar de acatar los fallos de las instancias inferiores.

La diferencia es que en el caso universitario el Gobierno no quiere que se aplique una ley que le ordenan cumplir; en el laboral, quiere que se aplique una ley que le ordenaron suspender. En los dos escenarios, el Ejecutivo convierte a la Corte Suprema en la arena donde dilata el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

Puntos clave

  • El Gobierno presentó un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para intentar que la Corte Suprema suspenda la Ley de Financiamiento Universitario (Nº 27.795).
  • Dos fallos judiciales consecutivos ya ordenaron al Ejecutivo cumplir la norma; la Cámara calificó los argumentos del Estado de «poco serios».
  • La ley fue aprobada por el Congreso, vetada por Milei, insistida con dos tercios y promulgada en octubre de 2025; pero nunca fue aplicada.
  • El Gobierno estima el costo de cumplimiento en 2,5 billones de pesos; la Justicia lo redujo a un impacto del 0,23% del PBI.
  • Si la Cámara rechaza el recurso extraordinario, el oficialismo prevé ir en queja ante la Corte Suprema para forzar su intervención.

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