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Alegan los defensores de los policías que mataron a Lucas

Los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi estan a cargo de la defensa de Gabriel Alejandro Isassi (42), del oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38).

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Los alegatos en el juicio por el crimen de Lucas González, asesinado en el barrio porteño de Barracas en noviembre de 2021, continuará este martes con la defensa de los tres policías de la Ciudad integrantes de una Brigada que están acusados del homicidio del adolescente.

Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia del debate será a partir de las 9 en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25, ubicado en la calle Paraguay al 1536, en el barrio porteño de Recoleta.

Los abogados Fernando Soto y Martín Sarubbi estarán a cargo del alegato de defensa de los policías Gabriel Alejandro Isassi (42), el oficial mayor Fabián Andrés López (48) y del oficial Juan José Nieva (38), acusados del homicidio del adolescente.

Al alegar en el juicio, el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente, al igual que el abogado querellante Gregorio Dalbón, solicitó que los policías sean condenados a prisión perpetua como coautores del delito de «homicidio agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, por odio racial y por placer, en concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad, y falsedad ideológica» en perjuicio de Lucas y la tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad de Joaquín Zúñiga (19), Julián Salas (19) y Niven Huanca (19).

Tras los alegatos de los defensores técnicos, el juicio continuará el jueves con los argumentos de las defensas del oficial Sebastián Jorge Baidón (28), otro de los 11 agentes imputados por el encubrimiento, a cargo de la letrada Valeria Corbacho y Fernando Lirman.

En la última jornada del debate oral expusieron los defensores de los policías de mayor jerarquía involucrados en el encubrimiento del hecho y las omisiones de torturas de los adolescentes.

Las defensas del comisario inspector Daniel Alberto Santana (53); de los comisarios Fabián Alberto Du Santos (52) y Juan Horacio Romero (51), y del subcomisario Roberto Orlando Inca (47), negaron las participaciones en el hecho y solicitaron sus absoluciones.

Antes ya habían alegado los abogados del comisario Rodolfo Alejandro Ozán (54), el subcomisario Ramón Jesús Chocobar (48), el principal Héctor Claudio Cuevas (50), y de los oficiales Daniel Rubén Espinosa (33), Ángel Darío Arévalos (34) y Jonathan Rubén Martínez (33), quienes pidieron también sus absoluciones.

En la misma audiencia, y a partir de las exposiciones de dos de esas defensas, los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero ordenaron extraer testimonios y remitirlos a un juzgado de instrucción para que investigue la actuación que tuvo en el caso el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard.

Al respecto, el último viernes el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 39 fue asignado por sorteo para analizar el supuesto nexo entre Berard y el encubrimiento del hecho, aunque el mismo se declaró incompetente.

Ante esa situación, se dispuso que las autoridades judiciales intervinientes sean el Juzgado 7 y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 32, a cargo de Leonel Gómez Barbella, ya que participaron de la investigación inicial del asesinato de Lucas.

Por otro lado, los voceros aclararon que todavía no se tomó ninguna medida contra Berard, quien se presentó ante las autoridades judicales mediante sus abogados Raúl Alcalde y Hernán Pablo Vega.Por otra parte, se espera que los jueces den a conocer el veredicto entre el 11 y 13 de julio, luego de las últimas palabras de los catorce imputados.

Según adelantó una fuente judicial, el veredicto se desarrollará en la sala principal de los tribunales federales de Comodoro Py, donde se realizaron las dos primeras audiencias del juicio.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

En Iriarte y Vélez Sarsfield, los jóvenes fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad que les hicieron señas para detenerse.

Como no tenían identificación policial, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los efectivos les dispararon y un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el hospital El Cruce de Florencio Varela.

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Narcoaviones y política: avanza la investigación en EEUU que vincula a Machado con Espert

Registros certificados de la FAA, pruebas de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations reconstruyen un circuito financiero de más de 75 millones de dólares y ubican al empresario argentino Federico Machado como operador clave de una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional. Una transferencia de 200.000 dólares referenciada a nombre de José Luis Espert aparece en las planillas del expediente federal.

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Narcoaviones y política: los documentos que vinculan a «Fred» Machado con Espert

★ Una investigación federal de los Estados Unidos sobre el uso de fideicomisos aeronáuticos para el narcotráfico internacional expuso una densa trama de conexiones con la Argentina. El expediente, tramitado en el Eastern District of Texas bajo el nombre U.S. v. Mercer-Erwin, vincula de forma directa al empresario Federico «Fred» Machado con una flota de aviones de matrícula norteamericana incautados en Centroamérica con toneladas de cocaína, según documentos oficiales.

Los registros incluyen certificaciones de la Federal Aviation Administration (FAA), informes de la DEA y presentaciones de Homeland Security Investigations (HSI), el brazo investigativo del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. La causa ya produjo una condena de 16 años de prisión para Debra Lynn Mercer-Erwin, mientras que su hija Kayleigh Moffett y Carlos Rocha Villaurrutia se declararon culpables en abril de 2023.

La mecánica del fraude: fideicomisos y matrículas para encubrir

Para entender la maniobra central del expediente, es necesario comprender el sistema registral que la hizo posible. Aircraft Guaranty Corporation (AGC), firma administrada por Mercer-Erwin y Moffett, operaba mediante trusts aeronáuticos: la empresa estadounidense figuraba ante la FAA como titular formal de los aviones, mientras el beneficiario real quedaba oculto detrás de esa pantalla. Los documentos clave en ese esquema eran los bills of sale (formularios de compraventa) y las deregistrations (pedidos de baja de matrícula).

Lo que el expediente revela como el núcleo del delito no es solo que los aviones cayeran con cocaína, sino que, después de los decomisos, alguien continuaba moviendo papeles para transferirlos, darlos de baja o modificar la titularidad ante la FAA, maniobra que HSI calificó como una combinación de fraude electrónico, lavado de dinero, exportaciones omitidas y registros falsificados.

El avión con 2.310 kilos en Belice y los formularios posteriores al decomiso

Uno de los casos más documentados del expediente corresponde al N311BD, un Gulfstream G-1159 registrado en diciembre de 2019 bajo AGC como fiduciaria. La solicitud fue firmada por Moffett. El 27 de febrero de 2020, esa aeronave fue incautada en Belice con 2.310 kilos de cocaína. Las fotografías incorporadas al expediente muestran paquetes con sellos Apple, Quaker, Nike y Eiffel Tower; el sello Apple, según HSI, aparece asociado en otros decomisos al Cártel de Sinaloa.

La conducta posterior al decomiso fue la que agravó la situación procesal. El 3 de marzo de 2020, un correo advertía a Mercer que otro avión había sido atrapado transportando drogas bajo el nombre de Aircraft Guaranty. El 14 de abril de ese mismo año, un mensaje dirigido a Moffett preguntaba: «El avión fue atrapado con drogas. ¿Cómo procedemos?». Ese mismo día, Moffett presentó ante la FAA un bill of sale para transferir el N311BD a nombre de Heriberto Calderón Gastélum, identificado por HSI como ciudadano mexicano con domicilio declarado en Sinaloa y antecedentes federales por narcotráfico, pese a que la aeronave ya estaba bajo custodia gubernamental en Belice.

Cocaína con sello Ferragamo y el chat que compromete a Machado

El caso del N305AG, un British Aerospace BAE 125-800A, suma otro episodio de valor probatorio. Según HSI, fue incautado en Guatemala el 27 de enero de 2020 con aproximadamente 1.700 kilos de cocaína y llevaba una matrícula falsa. Las fotos del expediente muestran paquetes de cocaína con sello de la marca de lujo italiana Ferragamo, además de armas.

En ese contexto, un intercambio incorporado a la causa muestra a Machado enviando a Mercer un video con el texto: «Tu avión fue rescatado de la pista de aterrizaje en Guatemala». Cuatro días después del decomiso, Moffett firmó un Aircraft Bill of Sale transfiriendo el N305AG a Arrendadora THH S.A. de C.V., pese a que el avión continuaba bajo custodia del Gobierno de Guatemala.

US$ 75 millones, nueve aeronaves y la huella financiera

El análisis financiero incorporado al expediente es igualmente contundente. Desde cuentas escrow administradas por Wright Brothers Aircraft Title (WBAT), firma vinculada a Mercer-Erwin y Moffett, salieron entre 2016 y 2020 un total de US$ 75.660.400,62 hacia entidades identificadas por los investigadores como vinculadas a Federico Machado, entre ellas South Aviation, MDP Trading / Minas del Pueblo y Aircraft Finance Aircorp. El expediente establece, de forma textual, que «WBAT no mantenía todos los fondos depositados en escrow».

Contratos incorporados a la causa muestran a Machado como presidente de South Aviation en operaciones por aeronaves de alto valor, incluyendo un Gulfstream G650 de US$ 50 millones y un Boeing 777 de US$ 24 millones. La causa identifica al menos nueve aeronaves por matrícula o número de serie dentro de ese circuito.

La conexión Espert y el contrato de un millón de dólares

La dimensión política del expediente se hace explícita en las planillas de transferencias. En ese registro figura una operación de US$ 200.000 con referencia a José Luis Espert, actual diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza. El dato adquiere relevancia adicional porque Machado fue señalado en Argentina como financista de Espert, y porque cuando el empresario fue detenido en Viedma, las autoridades encontraron un contrato de US$ 1 millón vinculado al economista.

Easy Flight y la pista Ranucci: otras conexiones argentinas

El expediente abre además un ramal adicional hacia la Argentina a través de Easy Flight Inc., empresa registrada en Florida que figura en la causa a propósito del N100QR, un Canadair Challenger 600 destruido en Venezuela en septiembre de 2020 en un episodio asociado a vuelos ilegales del narcotráfico. En esa presentación aparece M. Mariano Aníbal Garbini, con domicilio declarado en Buenos Aires, como vinculado a Easy Flight Inc., junto a un «Gustavo Ranucci» como vicepresidente de la sociedad.

Los registros corporativos de Florida no permiten confirmar con certeza si ese Gustavo Ranucci es el efectivamente el empresario argentino Gustavo Carlos Ranucci, públicamente vinculado a Marcelo Tinelli y San Lorenzo, aunque registros societarios vincular a sociedades de ese nombre con una dirección en el One Bal Harbour de Miami.

La alerta previa que Mercer ignoró

Un correo de marzo de 2019 incorporado al expediente muestra que los riesgos eran conocidos al menos por algunos actores del circuito. Guillermo García, vinculado a GM Aviation, alertó a Mercer sobre un avión accidentado en Yucatán con 1.200 kilos de cocaína cuya matrícula figuraba registrada bajo Aircraft Guaranty Corp. Su propuesta fue aplicar filtros para reducir el uso de los trusts en maniobras narco, revisando pasaportes e identidades de los beneficiarios reales. Su conclusión fue directa: «reduciría drásticamente el uso del trust para estas actividades de drogas». La alerta no fue atendida.

El acuerdo de culpabilidad y lo que no borra

Según documentos judiciales presentados en Texas, Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude, mientras la fiscalía dejaría caer la imputación por narcotráfico en el marco del acuerdo, sujeto a la homologación del tribunal. En una entrevista realizada a finales de 2025, Machado negó ser narco, pero reconoció: «Yo movía toda mi guita por Aircraft Guaranty», una frase que ahora dialoga directamente con la prueba documental reunida en el expediente federal.

Ese acuerdo no borra la dimensión narco de la causa: los aviones fueron incautados con cocaína, los formularios se presentaron después de los decomisos, y la condena de 16 años de prisión contra Debra Mercer-Erwin permanece firme.

Puntos clave

  • Un expediente federal de EE.UU. vincula al empresario argentino Federico «Fred» Machado con una red de fideicomisos aeronáuticos usados para el narcotráfico internacional.
  • Aviones registrados bajo esa estructura fueron incautados en Belice y Guatemala con 2.310 y 1.700 kilos de cocaína respectivamente; en ambos casos se presentó documentación ante la FAA después de los decomisos.
  • El circuito financiero bajo sospecha movilizó más de US$ 75 millones hacia entidades vinculadas a Machado entre 2016 y 2020.
  • En las planillas del expediente figura una transferencia de US$ 200.000 referenciada a nombre de José Luis Espert, diputado nacional y presidente del bloque de La Libertad Avanza.
  • Machado aceptó declararse culpable de lavado de dinero y fraude en el marco de un acuerdo con la fiscalía federal de Texas.
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