El caso por el crimen de Lucas González, por el que el martes último fueron condenados tras un juicio oral nueve policías de la Ciudad, tres de ellos a prisión perpetua, tendrá una segunda etapa de investigación con un oficial de la fuerza como procesado, con la presunta participación en el encubrimiento del hecho por parte del jefe y del subjefe de la Policía de la Ciudad y con la imputación de otros siete efectivos y dos abogadas.

El pasado miércoles, la Sala 4 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento y la prisión preventiva para Facundo Agustín Matías Torres, alias «Cachorro», el policía detenido el mes pasado como acusado de colaborar con la maniobra de haber «plantado» un arma de utilería en el auto de las víctimas con el que intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento.

El fallo representa el paso previo a que el expediente sea elevado a juicio y, por lo tanto, que por este caso haya en el futuro un segundo debate oral.

Torres quedó procesado como presunto autor de los delitos de «falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave, e imposición de torturas».

Esta nueva línea de investigación tuvo su punto de inicio pocas semanas atrás durante una de las jornadas del juicio oral que finalizó el martes, cuando uno de los condenados por el encubrimiento del caso, el principal de la Comuna 4D Héctor Claudio Cuevas (51), declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 25 y señaló a Torres como uno de los policías que ayudó a plantar el arma en el auto en el que iban los chicos con el fin de simular un enfrentamiento con supuestos delincuentes.

Cuevas dijo que la tarde del 17 de noviembre del 2021 Torres arribó a la escena del crimen en una moto y colaboró con el oficial Gabriel Alejandro Isassi (42) -uno de los tres condenados por el homicidio a prisión perpetua-, en la maniobra de encubrimiento, llevándolo en su vehículo hasta la comisaría 4D para ir a buscar el arma falsa.

«La secuencia descripta por el coimputado Héctor Claudio Cuevas durante el debate oral se vio respaldada por el material probatorio colectado», afirmaron los camaristas en el fallo y le atribuyeron a Torres algunas frases como «lo que hicieron los polis no tiene nombre», «unos dementes», «encima le ponen una pistola de juguete», «yo fui el primero en llegar y vi todo lo que hicieron».

En tanto, la investigación a cargo de Leonel Gómez Barbella, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 32, continúa para establecer las responsabilidades en el encubrimiento del crimen por parte del jefe de la Policía de la Ciudad, el comisario general Gabriel Berard; el subjefe de la fuerza, Oscar Cejas; el comisario mayor Fabián Lencina y los oficiales Lucas Damián Evaristo Varas, Pablo Daniel Granara, Daniel Guffanti, Teresa María Luján Scorza, Lorena Miño y Micaela Fariña.

Fuentes judiciales confirmaron que las acusaciones se completan con las abogadas Verónica Gabriela Andraca, de la División de Asuntos Penales y Contenciosos de la Policía de la Ciudad, y Silvia Alejandra Ozón, jefa de División de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

«En el banquillo de los acusados debieron estar todos los imputados. Este hecho fue algo planificado ya que no fueron solo estos 14 efectivos que ya fueron juzgados (además de los 9 condenados, otros 5 fueron absueltos), sino que incluye a más policías y civiles, como estas dos abogadas, que el fiscal pidió su indagatoria y el juzgado se las negó», afirmó una fuente de la investigación.

En su sentencia del martes, los jueces que integran el TOC 25 ordenaron extraer los testimonios incluidos en el debate oral para que se investigue la actuación en el marco del caso que tuvieron el jefe y el subjefe de la Policía de la Ciudad, tal como lo había solicitado la abogada Natalia Arévalo, codefensora y hermana del imputado por el encubrimiento Ángel Darío Arévalo, uno de los cinco absueltos en el juicio.

«El jefe de Policía y el subjefe nos dijeron algo que no puedo olvidar, que no puedo sacar de mi mente: ‘Nosotros sabemos que sus familiares son inocentes, pero no podemos hacer nada porque esto es un tema político y no queremos que llegue a nosotros'», relató la letrada.

Berard presentó un escrito en donde constituyó a dos abogados para estar notificados de la causa, tal como lo asiste el artículo 73 del Código Procesal Penal de la Nación, aunque la fiscalía no realizó hasta el momento una imputación concreta hacia la autoridad máxima de la policía porteña.

Por otra parte, el fiscal Gómez Barbella ya había imputado en la etapa de instrucción al comisario mayor Fabián Lencina, a cargo de la Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad.

Según expresó una fuente de la Justicia, Lencina «cumple la función operativa por debajo de Berard», es decir, es a quien le informa directamente los acontecimientos que van surgiendo.

En su declaración indagatoria, el comisario inspector Daniel Santana, a cargo de la Comuna 4 porteña y uno de los absueltos en el juicio, confirmó que se comunicó con Lencina, su superior directo, con el fin de informarle lo sucedido.

En ese entonces, el fiscal Gómez Barbella había solicitado su imputación para poder analizar sus comunicaciones, pero fue negada por el juez Martín Del Viso.

En tanto, a las oficiales Miño y Fariña se las investiga por haber sido las primeras agentes en llegar a Alvarado y Pedriel, donde se encontraba la Volkswagen Suran con Lucas herido de muerte, por lo que fueron imputadas por Gómez Barbella, pero el juzgado les dictó la falta de mérito.

Además, la oficial Scorza fue indagada tras ser señalada en una rueda de reconocimiento, pero beneficiada por falta de mérito, al igual que los agentes Granara y Varas, quienes se desempeñaban en la División Motorizada de la Comuna 4 y que fueron imputados luego del análisis de los GPS de los vehículos y del intercambio telefónico entre ellos respecto a situaciones ocurridas en la detención de los adolescentes.

Daniel Guffanti, oficial de la Comisaría Vecina 4D, es el último policía porteño imputado por el encubrimiento del crimen, luego de ser señalado por el propio Torres como su superior a cargo en la jornada del 21 de noviembre de 2021.

Por último, la instrucción de la causa, que continúa a cargo de Gómez Barbella, también siguen imputadas las abogadas Andraca y Ozón, de quienes los investigadores tienen acreditado que estuvieron más de cuatro horas en Alvarado y Pedriel antes de la intervención de la Policía Federal Argentina.

«No podían no estar al tanto de lo que pasaba. Ricardo Zúñiga, padre de Joaquín, describió a Andraca en su testimonial y fue señalada en la rueda de reconocimiento mientras que Ozón, superior de Andraca, enseña procedimiento legal en la Escuela de la Policía de la Ciudad», confió una fuente con acceso al expediente.

Lucas y sus amigos fueron atacados a balazos el 17 de noviembre de 2021 cuando salieron de entrenar del club Barracas Central y regresaban a sus casas a bordo de un Volkswagen Suran.

Los cuatro fueron interceptados por un Nissan Tiida en el que circulaban los policías Isassi (42), Juan José López (48) y Fabián Andrés Nieva (38) en el cruce de las avenidas Iriarte y Vélez Sarsfield, quienes les dispararon y mataron a Lucas.

Tras ello, en la escena se montó un operativo tendiente a encubrir lo sucedido y a hacer pasar el hecho como un tiroteo con delincuentes, para lo cual, incluso, plantaron una réplica de arma en el auto de los chicos.

Los tres amigos de Lucas, en tanto, fueron esposados y trasladados en calidad de detenidos al instituto de Menores Inchausti, desde donde fueron liberados al día siguiente tras determinarse que no se trataban de delincuentes sino de adolescentes que habían salido de un entrenamiento de fútbol.

Por el homicidio fueron condenados a prisión perpetua Isassi, López y Nieva -todos miembros de la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad- quienes fueron declarados coautores de «homicidio quíntuplemente agravado por haber sido cometido con arma de fuego, alevosía, odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por ser integrantes de una fuerza de seguridad» en perjuicio de Lucas y de las «tentativas de homicidio quíntuplemente agravado» de sus amigos.

En tanto, otros policías fueron condenados a penas de entre cuatro y ocho años de prisión por las torturas a los cuatro adolescentes y el encubrimiento del crimen, mientras que cinco efectivos fueron absueltos.