Por Néstor Llidó

Los hechos en que se imputa a un “perejil” para brindar protección a los verdaderos responsables de un episodio delictivo se repiten, esos en los que los investigadores policiales tienen su correlato en el accionar judicial para hacer realidad aquello que de “el tiempo que pase es la verdad que huye…”.

Un concepto que bien podría aplicarse al caso del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, quien en pleno inicio por el aislamiento por la pandemia llegó desde el barrio porteño de Nuñez hasta el Valle de Punilla, en las sierras cordobesas con la idea de escribir un libro sobre sus experiencias como mochilera en diversos viajes por Latinoamérica.

A los pocos días de instalarse en Capilla del Monte se reportó su sospechosa desaparición, más tarde su cuerpo sin vida con signos de abuso sexual, golpes y estrangulamiento fue hallado el 25 de abril de 2020, en un descampado a las orillas del río Calabalumba. Entonces, su familia y amigas apuntaron a un hombre que la alojó en su casa, a una joven con la que la habían visto y a los efectivos policiales que poco y nada hicieron en esa supuesta “intensa búsqueda”.

Sin embargo, la investigación, a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en medio de los cuestionamientos por no seguir ciertas hipótesis, derivó en la detención de Lucas Adrián Bustos, convertido en el “culpable perfecto”, por tratarse de un humilde joven albañil que vivía en las cercanías de donde se encontró el cadáver.

Desde entonces, para los padres de Cecilia Basaldúa y una gran mayoría de los pobladores de la zona se trató de un “perejil”, al que “cargarle el femicidio”, a modo de encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición y muerte de la mochilera, quien se había destacado como jugadora de la selección nacional de hockey sobre hielo.

Bustos, de 25 años, fue procesado con prisión preventiva y sometido a un Jurado Popular que lo absolvió por “inexistencia de pruebas” en su contra y en el fallo de la Cámara del Crimen Correccional de Villa Dolores se ordenó a la Fiscalía General de Córdoba la “prosecución de la investigación” por el “tentativa de abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado por criminis causa y por mediar violencia de género”.

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia, han viajado en varias oportunidades desde Buenos Aires a Capilla del Monte, recibiendo el respaldo de organizaciones sociales y el colectivo feminista en su demanda “por la verdad”. Durante el juicio, constituidos como querellantes, pidieron la absolución de Lucas Bustos, dejando en claro su postura de no acusar a un inocente.

“Ahora estamos esperando que se designe a la nueva fiscalía para que se lleve adelante la investigación, pero ya no confiamos en los funcionarios judiciales de Cosquín y pretendemos que la causa se lleve adelante en otro lado, como la única forma de romper esa trama de encubrimiento”, señaló el hombre a El Argentino Diario.

“Ninguno de los sospechosos fueron imputados por la fiscal Paula Kelm, se quedaron solo con Bustos, que nosotros siempre supimos que era inocente, un perejil como se dice. En el juicio quedó demostrado que no había nada para culparlo y hasta lo liberaron antes que lo declararan inocente. Y se llegó al colmo que, a pesar de ello, el fiscal Sergio Cuello pidiera que fuera condenado a perpetua, admitiendo la falta de pruebas, en una clara actitud corporativa”, expresó Basaldúa padre.

Mario Mainardi, el dueño de la casa en la que residió la mochilera hasta que no se supo más de ella, al igual que Viviana Juárez (conocida como “La Rasta) con quien la víctima había tomado contacto en su estadía en Capilla del Monte, además de otro hombre, identificado como José Meza, conforman el trío de sospechosos que fueron “dejados afuera” del caso de manera “más que misteriosa”.

A estos hay que sumarles, siempre en base a los indicios obtenidos por la familia Basaldúa y aportados por su abogada Daniela Pavón, a los efectivos policiales José López (el que “marco” a Bustos) y Ariel Zárate (hoy preso por un episodio de violencia de género), entre otros, amparados por el comisario Alejandro Bracamonte, como parte de esa “red de protección” de las fuerzas de seguridad.

“Hay todo una connivencia y encubrimientos en cuestiones de narcotráfico, prostitución, juego clandestino y cuatrerismo en la zona del Valle de Punilla. Y en esa complicidad policial y judicial con esos personajes se inscribe el asesinato de mi hija”, afirmó el padre de la víctima.

Mientras se aguarda que se ponga en marcha la “nueva investigación”, donde que Fiscalía se designe es “clave”, la familia Basaldúa no pierden la esperanza sobre que “se sepa la verdad”. Ahí reside su lucha y deseos, pese a tener que afrontar la complejidad de un “poder local” que ha venido garantizando la impunidad en el femicidio.