Sociedad

La verdad perdida en las sierras cordobesas

Luego de culpar durante dos años a un inocente que terminó siendo absuelto, se ordenó una nueva investigación por el femicidio de la mochilera Cecilia Basaldúa. La denunciada complicidad judicial y policial para encubrir a los culpables del crimen, ocurrido en abril de 2020 en Capilla del Monte.

Publicado hace

4 años

21.08.2022

ElArgentino.ar

Por Néstor Llidó

Los hechos en que se imputa a un “perejil” para brindar protección a los verdaderos responsables de un episodio delictivo se repiten, esos en los que los investigadores policiales tienen su correlato en el accionar judicial para hacer realidad aquello que de “el tiempo que pase es la verdad que huye…”.

Un concepto que bien podría aplicarse al caso del femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa, quien en pleno inicio por el aislamiento por la pandemia llegó desde el barrio porteño de Nuñez hasta el Valle de Punilla, en las sierras cordobesas con la idea de escribir un libro sobre sus experiencias como mochilera en diversos viajes por Latinoamérica.

A los pocos días de instalarse en Capilla del Monte se reportó su sospechosa desaparición, más tarde su cuerpo sin vida con signos de abuso sexual, golpes y estrangulamiento fue hallado el 25 de abril de 2020, en un descampado a las orillas del río Calabalumba. Entonces, su familia y amigas apuntaron a un hombre que la alojó en su casa, a una joven con la que la habían visto y a los efectivos policiales que poco y nada hicieron en esa supuesta “intensa búsqueda”.

Sin embargo, la investigación, a cargo de la fiscal de Cosquín, Paula Kelm, en medio de los cuestionamientos por no seguir ciertas hipótesis, derivó en la detención de Lucas Adrián Bustos, convertido en el “culpable perfecto”, por tratarse de un humilde joven albañil que vivía en las cercanías de donde se encontró el cadáver.

Desde entonces, para los padres de Cecilia Basaldúa y una gran mayoría de los pobladores de la zona se trató de un “perejil”, al que “cargarle el femicidio”, a modo de encubrir a los verdaderos responsables de la desaparición y muerte de la mochilera, quien se había destacado como jugadora de la selección nacional de hockey sobre hielo.

Bustos, de 25 años, fue procesado con prisión preventiva y sometido a un Jurado Popular que lo absolvió por “inexistencia de pruebas” en su contra y en el fallo de la Cámara del Crimen Correccional de Villa Dolores se ordenó a la Fiscalía General de Córdoba la “prosecución de la investigación” por el “tentativa de abuso sexual con acceso carnal, homicidio calificado por criminis causa y por mediar violencia de género”.

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia, han viajado en varias oportunidades desde Buenos Aires a Capilla del Monte, recibiendo el respaldo de organizaciones sociales y el colectivo feminista en su demanda “por la verdad”. Durante el juicio, constituidos como querellantes, pidieron la absolución de Lucas Bustos, dejando en claro su postura de no acusar a un inocente.

“Ahora estamos esperando que se designe a la nueva fiscalía para que se lleve adelante la investigación, pero ya no confiamos en los funcionarios judiciales de Cosquín y pretendemos que la causa se lleve adelante en otro lado, como la única forma de romper esa trama de encubrimiento”, señaló el hombre a El Argentino Diario.

“Ninguno de los sospechosos fueron imputados por la fiscal Paula Kelm, se quedaron solo con Bustos, que nosotros siempre supimos que era inocente, un perejil como se dice. En el juicio quedó demostrado que no había nada para culparlo y hasta lo liberaron antes que lo declararan inocente. Y se llegó al colmo que, a pesar de ello, el fiscal Sergio Cuello pidiera que fuera condenado a perpetua, admitiendo la falta de pruebas, en una clara actitud corporativa”, expresó Basaldúa padre.

Mario Mainardi, el dueño de la casa en la que residió la mochilera hasta que no se supo más de ella, al igual que Viviana Juárez (conocida como “La Rasta) con quien la víctima había tomado contacto en su estadía en Capilla del Monte, además de otro hombre, identificado como José Meza, conforman el trío de sospechosos que fueron “dejados afuera” del caso de manera “más que misteriosa”.

A estos hay que sumarles, siempre en base a los indicios obtenidos por la familia Basaldúa y aportados por su abogada Daniela Pavón, a los efectivos policiales José López (el que “marco” a Bustos) y Ariel Zárate (hoy preso por un episodio de violencia de género), entre otros, amparados por el comisario Alejandro Bracamonte, como parte de esa “red de protección” de las fuerzas de seguridad.

“Hay todo una connivencia y encubrimientos en cuestiones de narcotráfico, prostitución, juego clandestino y cuatrerismo en la zona del Valle de Punilla. Y en esa complicidad policial y judicial con esos personajes se inscribe el asesinato de mi hija”, afirmó el padre de la víctima.

Mientras se aguarda que se ponga en marcha la “nueva investigación”, donde que Fiscalía se designe es “clave”, la familia Basaldúa no pierden la esperanza sobre que “se sepa la verdad”. Ahí reside su lucha y deseos, pese a tener que afrontar la complejidad de un “poder local” que ha venido garantizando la impunidad en el femicidio.

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Corrientes

Nanci Godoy: un pueblo la despide y los peritajes llevarán al menos 30 días

La docente rural será despedida en la plaza 9 de Julio de Esquina, de 6 a 18. El decano del Instituto Médico Forense de Corrientes advirtió que los análisis genéticos y forenses demandarán no menos de 30 a 40 días, mientras la ministra de Educación provincial anunció un sumario y un plan para relocalizar escuelas rurales.

Publicado hace

10 horas

02.11.2026

ElArgentino.ar

Las pericias que podrían esclarecer cómo murió Nanci Godoy demandarán no menos de 30 a 40 días, y la Justicia todavía no pudo establecer la fecha de su muerte ni si hubo una agresión sexual.

La docente rural de 52 años, directora suplente de la Escuela N° 626 del paraje El Malezal, en el departamento Esquina (Corrientes), fue vista por última vez el 7 de octubre. Sus hijos denunciaron el 15 que no tenían noticias de ella y su cuerpo fue hallado el 28, a 21 días de aquel último contacto, semisumergido en un viejo potrero a unos 2,5 kilómetros de la escuela.

Las pericias: ADN, toxicología y entomología forense

El decano del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, confirmó que se tomaron muestras genéticas a los cinco detenidos y a familiares directos de la víctima, que analiza el Laboratorio de Medicina Genómica de la Universidad Nacional del Nordeste. Por las condiciones en que fue hallado el cuerpo, el organismo pidió la intervención de especialistas en entomología forense de Córdoba para precisar el momento de la muerte. “Tenemos no menos de treinta a cuarenta días de trabajo por delante”, dijo Gálvez en diálogo con Radio Sudamericana.

Los primeros resultados forenses establecieron múltiples heridas punzocortantes y cortantes, algunas provocadas cuando la docente estaba con vida, y lesiones defensivas. El estado de descomposición impidió precisar la fecha y la causa médica específica de la muerte, y hasta ahora no pudo determinarse si existió una agresión sexual; por eso se ordenaron estudios complementarios para buscar rastros biológicos, además de los toxicológicos y anatomopatológicos.

La causa: cinco detenidos

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, acusan como coautores de femicidio a Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, y a los peones rurales Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas. Rosa Leguizamón, quien alojaba a la docente durante sus jornadas de trabajo en la zona, fue imputada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido, el peón rural Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio y su situación no se vincula con una imputación por el homicidio. Todos cumplen prisión preventiva.

Una despedida de todo un pueblo

La familia convocó a la despedida pública para el miércoles 4 de noviembre, de 6 a 18, en la plaza 9 de Julio de Esquina, frente a la Escuela Normal. Antes habrá una ceremonia íntima para familiares y allegados, que comenzará el martes 3 a las 20 y se extenderá hasta las 6 del miércoles. Los allegados pidieron que sea “un abrazo de todo un pueblo” y, al terminar, los restos serán trasladados al cementerio municipal de Esquina.

Escuelas rurales: el reclamo y la respuesta oficial

El hallazgo del cuerpo derivó en una marcha en silencio en Esquina el 28 de octubre y en un paro nacional con una jornada de duelo convocados por la CTERA. Docentes, familiares, alumnos y vecinos reclamaron el esclarecimiento del crimen y expusieron las dificultades de traslado y las condiciones de trabajo en las escuelas rurales.

La ministra de Educación de Corrientes, Ana Miño, se mantuvo al margen de las declaraciones públicas durante los 21 días de búsqueda y habló recién después del hallazgo del cuerpo. Anunció un sumario administrativo, con un pedido de informes de 72 horas dirigido a la supervisora de la zona y al exdirector de la Escuela N° 626, y un plan para relocalizar escuelas rurales de baja matrícula. Según los datos que brindó la funcionaria, de las 866 escuelas rurales de la provincia, 265 tienen menos de cinco alumnos y 113 menos de tres.

Godoy había asumido la suplencia en agosto en un establecimiento catalogado como de ubicación muy desfavorable y, según los registros oficiales, pedía por chat al encargado de mantenimiento la instalación de una bomba de agua y reparaciones edilicias; el último intercambio registrado es del 6 de octubre. El plan oficial prevé concentrar las escuelas de matrícula crítica en un radio de entre 10 y 15 kilómetros, eliminar el plurigrado y proveer transporte a los alumnos, mientras el sumario deberá determinar si hubo responsabilidades administrativas en la Escuela N° 626.

Leé también: Caso Nanci Godoy: quiénes son los cinco detenidos y qué pericias faltan