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Pietragalla Corti pidió a Gerardo Morales que «baje las armas y dialogue con el pueblo»

Además, anticipó que hará una denuncia penal en caso de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer.

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El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, visitó hoy a las 54 personas que permanecían detenidas tras la represión policial de ayer en Jujuy y pidió al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, «que baje las armas y dialogue con el pueblo».

Además, anticipó que hará una denuncia penal en caso de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer.

«La represión a 40 años de democracia no va más y seguimos reiterando que Morales baje las armas y que dialogue con su pueblo, escuche a su pueblo”, expresó el funcionario nacional esta tarde a la salida del la Unidad Penal del barrio Alto Comedero.

Pietragalla Corti afirmó que «muchos están denunciando que fueron detenidos al voleo y eso le he manifestado al fiscal» por lo que «el Poder Judicial de Jujuy lo que tendría que decidir es liberarlos, no tienen nada que ver con los incidentes».

Por ejemplo, una persona que «estaba comprando empanadas recibe el golpe de un policía y termina acá dentro», detalló y añadió: «También un chico que estaba andando en bicicleta con la novia en un lugar alejado al centro fue detenido y así otros casos».

En ese sentido, planteó que es «una ilegalidad de la provincia tener a personas demoradas y estar viendo su situación en un penal cuando tendrían que estar en otro lugar acorde a lo que se está tratando».

Los detenidos en los penales son 42 hombres, 18 mujeres y 4 menores, entre ellos «golpeados y chicos con alguna discapacidad» que recibieron asistencia de la Agencia de Discapacidad, indicó el Secretario y agregó: «Nos preocupa además que fueron detenidos de la peor manera».

Por otro lado, anticipó que hará una denuncia penal de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer: «Se observa en imágenes la patente de una camioneta que es parte de una empresa constructora contratada por el Gobierno para obra pública, pero estamos chequeando».

«Esto me hace acordar a la época de la dictadura, cuando (Carlos) Blaquier prestaba las camionetas para secuestrar a los compañeros que trabajaban en el ingenio Ledesma», expresó.

Pietragalla Corti refirió que Naciones Unidas se manifestó sobre la represión en Jujuy y anunció que mañana mantendrá una entrevista virtual con el relator para América Latina sobre el conflicto generado en la provincia.

Según dijo, el organismo internacional «puso una observación y dirigió una carta al gobernador (Gerardo Morales) con copia a la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, y ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó contra el uso excesivo de la fuerza».

«Estos organismos están llevando adelante una recomendación al Estado argentino por culpa de lo que está haciendo una provincia y nosotros por eso también estamos acá para darles eso informe», indicó.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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