DDHH
Pietragalla Corti pidió a Gerardo Morales que «baje las armas y dialogue con el pueblo»
Además, anticipó que hará una denuncia penal en caso de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, visitó hoy a las 54 personas que permanecían detenidas tras la represión policial de ayer en Jujuy y pidió al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, «que baje las armas y dialogue con el pueblo».
Además, anticipó que hará una denuncia penal en caso de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer.
«La represión a 40 años de democracia no va más y seguimos reiterando que Morales baje las armas y que dialogue con su pueblo, escuche a su pueblo”, expresó el funcionario nacional esta tarde a la salida del la Unidad Penal del barrio Alto Comedero.
Pietragalla Corti afirmó que «muchos están denunciando que fueron detenidos al voleo y eso le he manifestado al fiscal» por lo que «el Poder Judicial de Jujuy lo que tendría que decidir es liberarlos, no tienen nada que ver con los incidentes».
Por ejemplo, una persona que «estaba comprando empanadas recibe el golpe de un policía y termina acá dentro», detalló y añadió: «También un chico que estaba andando en bicicleta con la novia en un lugar alejado al centro fue detenido y así otros casos».
En ese sentido, planteó que es «una ilegalidad de la provincia tener a personas demoradas y estar viendo su situación en un penal cuando tendrían que estar en otro lugar acorde a lo que se está tratando».
Los detenidos en los penales son 42 hombres, 18 mujeres y 4 menores, entre ellos «golpeados y chicos con alguna discapacidad» que recibieron asistencia de la Agencia de Discapacidad, indicó el Secretario y agregó: «Nos preocupa además que fueron detenidos de la peor manera».
Por otro lado, anticipó que hará una denuncia penal de comprobarse que el Gobierno de Jujuy utilizó vehículos de empresas privadas en el operativo policial de ayer: «Se observa en imágenes la patente de una camioneta que es parte de una empresa constructora contratada por el Gobierno para obra pública, pero estamos chequeando».
«Esto me hace acordar a la época de la dictadura, cuando (Carlos) Blaquier prestaba las camionetas para secuestrar a los compañeros que trabajaban en el ingenio Ledesma», expresó.
Pietragalla Corti refirió que Naciones Unidas se manifestó sobre la represión en Jujuy y anunció que mañana mantendrá una entrevista virtual con el relator para América Latina sobre el conflicto generado en la provincia.
Según dijo, el organismo internacional «puso una observación y dirigió una carta al gobernador (Gerardo Morales) con copia a la Secretaría de Derechos Humanos de la nación, y ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se manifestó contra el uso excesivo de la fuerza».
«Estos organismos están llevando adelante una recomendación al Estado argentino por culpa de lo que está haciendo una provincia y nosotros por eso también estamos acá para darles eso informe», indicó.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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