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Movilizaron contra presiones de Morales para que Milagro Sala «vuelva a la cárcel»

Además, rechazaron lo que consideran el «revanchismo» del Gobierno jujeño contra la líder de la organización Tupac Amaru.

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Organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron este martes hasta la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en la ciudad de Buenos Aires para denunciar que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mantiene presión sobre el Poder Judicial de esa provincia para que la dirigente social Milagro Sala «vuelva a la cárcel».

Además, rechazaron lo que consideran el «revanchismo» del Gobierno jujeño contra la líder de la organización Tupac Amaru.

La movilización en apoyo a la dirigente social se realizó desde las 14 con una concentración en las inmediaciones del Obelisco, que luego se desplazó hacia la sede de la cartera de Justicia, Sarmiento 329 del microcentro porteño.

La convocatoria se realizó con el lema «Basta de revancha contra Milagro Sala. Nos concentramos en el Obelisco», según un comunicado del Frente Milagro Sala.

«Gerardo Morales le ha dado la orden al Fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, para que Milagro Sala vuelva a cumplir su injusta condena en la cárcel», advirtió la organización. Recordó que «seis años y medio lleva en prisión Milagro Sala» y señaló que «su actual prisión domiciliaria fue una exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que ubica las presiones de Gerardo Morales en una franca violación de nuestra Constitución Nacional».

«En Jujuy no hay estado de derecho, no hay Justicia independiente y los principios democráticos son sistemáticamente violentados por el gobierno de Morales», afirmaron y expresaron que «hay que dejar de sacarse fotos con Gerardo Morales y terminar con esta mancha en la ética y la moral que significan los presos y las presas políticas de la Tupac Amaru en nuestra Patria».

Las organizaciones pidieron una audiencia con el ministro de Justicia, Martín Soria, para solicitar que, en línea con una medida cautelar dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, «intime al gobernador Morales a que no viole la Constitución argentina», consignó a Télam Alejandro «Coco» Garfagnini, coordinador de la Tupac Amaru y del Frente por Trabajo y Dignidad Milagro Sala.

En declaraciones realizadas a Radio Gráfica, el dirigente sostuvo que «pedimos un pronunciamiento muy fuerte del Estado nacional para que en Jujuy no se viole la Constitución sistemáticamente como viene sucediendo».

Y remarcó la necesitad de que «el Estado nacional se comprometa a cumplir la Constitución y las cautelares del sistema interamericano».

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dictó el 23 de noviembre de 2017 una medida provisional sobre la situación de la dirigente social jujeña en la que requirió al Estado argentino que «adopte, de manera inmediata, las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala».

En esa resolución, emitida tras una solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH estableció además que el Estado argentino debía «sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive, o por cualquier otra medida alternativa que sea menos restrictiva de sus derechos que el arresto domiciliario».

Poco después de esa medida provisional, el 5 de diciembre de 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las autoridades judiciales intervinientes en la detención de Sala debían cumplir «con urgencia» los requerimientos dispuestos por la Corte IDH.

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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