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En 17 años, la Oficina de Violencia Doméstica asistió a más de 216.000 personas

Con equipos interdisciplinarios y atención las 24 horas, la Oficina de Violencia Doméstica dio respuesta a miles de denuncias desde su creación en 2008.

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Lo que tenés que saber

  • Se registraron 164.497 denuncias en 17 años
  • Las víctimas fueron 216.883 personas, el 61% mujeres mayores de edad
  • La violencia psicológica apareció en el 96% de los casos
  • El 39% de las situaciones presentaba riesgo alto o altísimo
  • El 99% de los casos fue derivado a la justicia civil

Más de 216.000 personas fueron asistidas por la Oficina de Violencia Doméstica

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cumplió 17 años de funcionamiento y publicó un informe con estadísticas acumuladas desde su apertura en 2008. Durante este período, se registraron 164.497 denuncias y fueron asistidas 216.883 personas.

Según detalló el informe, la cifra representa un promedio de 12.700 personas afectadas por año, lo que equivale a 1.063 por mes o 35 por día. En cuanto a las denuncias, 2019 fue el año con mayor cantidad, alcanzando las 12.457. En promedio, se procesaron más de 42 casos por día.

Perfil de las víctimas y vínculos con las personas denunciadas

El 61% de las víctimas fueron mujeres mayores de 18 años. En tanto, el 30% correspondió a niñas, niños y adolescentes, y el 9% a varones adultos. En cuanto al vínculo con la persona denunciada, el 54% era pareja o expareja, el 32% vínculo filial, el 3% fraternal, otro 3% familiares hasta el cuarto grado, y el 8% otros tipos de relación.

En los casos denunciados, las situaciones de violencia incluyeron una o varias formas de agresión. El 96% registró violencia psicológica, el 57% física, el 47% simbólica, el 32% económica-patrimonial, el 31% ambiental, el 16% social y el 10% sexual.

Riesgo, lesiones y frecuencia de los episodios

Durante estos años, el 39% de los casos presentaba riesgo alto o altísimo al momento de ser evaluado. El 49% fue catalogado como de riesgo medio o moderado, y el 12% como bajo. El informe también detalla que en más de 46.815 atenciones médicas realizadas por la OVD, se constataron lesiones en 29.279 personas. De ese total, el 86% fueron mujeres.

En cuanto a la frecuencia, el 51% de las personas denunció hechos de violencia diarios o semanales. Solo el 5% lo hizo tras un primer episodio.

Personas denunciadas, armas y derivaciones judiciales

En las 164.497 denuncias se identificaron 174.181 personas involucradas, de las cuales el 79% eran varones. El 10% poseía armas al momento de la denuncia.

El informe indica que el 99% de los casos fue derivado a la justicia civil, el 75% a la justicia penal y el 32% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Atención permanente y trabajo interdisciplinario

La OVD funciona las 24 horas, todos los días del año, con un equipo interdisciplinario compuesto por profesionales del derecho, la salud y la psicología. Su sede está ubicada en Lavalle 1250, CABA, y recibe tanto denuncias directas como derivaciones de comisarías, hospitales, ONGs y otros organismos.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, señaló: “El trabajo de la OVD refleja no solo la magnitud del problema, sino también la importancia de contar con un espacio institucional especializado que brinde respuestas urgentes y eficaces”.

Además, remarcó: “Esta oficina marca un hito en el compromiso de la Corte con la protección de los derechos humanos y la erradicación de la violencia en el ámbito familiar”.

Análisis

La culpa es nuestra: cómo la ciencia y los medios siguen apuntando a las madres cuando se habla de autismo

Cómo se envidencia en la nota de análisis de Clarin, rara vez se pregunta «¿qué hizo el padre?».

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Machismo en la ciencia: el cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia

Un estudio publicado en el British Medical Journal sobre exposición laboral tóxica y autismo fue reencuadrado mediáticamente en clave de culpa materna. Una tradición que la ciencia superó, pero el machismo resiste.

Un estudio reciente de investigadores de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins y de la Universidad de Harvard, publicado en el British Medical Journal (The BMJ), analizó 1.702 casos de niños diagnosticados con trastorno del espectro autista (TEA) en Dinamarca entre 1973 y 2012.

Sus conclusiones son técnicas, acotadas y explícitas: las madres que trabajan en entornos con exposición frecuente a sustancias tóxicas (plomo, solventes, gases de escape, derivados de combustibles) o con niveles elevados de estrés laboral crónico tienen mayor probabilidad de tener hijos con TEA. Las profesiones identificadas incluyen transporte terrestre, defensa militar y administración pública.

Lo que el estudio dice, con precisión, es que ciertas condiciones laborales tóxicas afectan el neurodesarrollo fetal. Lo que ciertos medios transmitieron, en cambio, fue otra cosa: que el problema son las profesiones de las madres. Que el problema, una vez más, son ellas.

El regreso de la «madre culpable»: una historia que no termina

La narrativa que conecta al autismo con la conducta materna tiene una historia larga y vergonzosa. A mediados del siglo XX, el psiquiatra Bruno Bettelheim popularizó el concepto de la «madre nevera» (refrigerator mother), según el cual la frialdad emocional de las madres era la causa del autismo en sus hijos. La teoría fue desacreditada décadas después por la propia comunidad científica, pero el daño en miles de familias, y especialmente en miles de mujeres que cargaron durante años con una culpa que no les correspondía, fue irreparable.

Hoy, la ciencia acumulada es contundente en la dirección opuesta. Un estudio financiado por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos (NICHD), que involucró a casi 2 millones de participantes, determinó que los factores genéticos hereditarios representan aproximadamente el 80,8% del riesgo de TEA, mientras que los llamados «efectos parentales maternos» representan entre el 0,4% y el 1,6% del riesgo, una cifra considerada estadísticamente insignificante por los propios autores. Ese mismo estudio advirtió, además, que no analizó los factores paternos, como la edad del padre, que la literatura científica también asocia con el riesgo de autismo.

La entidad Autismo España, en su portal institucional, señala que la investigación apunta a una «tasa aproximada de recurrencia del 20% en las familias» con un componente genético complejo y aún no completamente dilucidado. La organización también documenta que en los últimos años creció el diagnóstico de padres y madres después de que sus hijos fueran diagnosticados, lo que refuerza el peso de la herencia biológica compartida.

Lo que el estudio realmente dice (y lo que el titular omitió)

La investigación publicada en The BMJ no estudia si las madres trabajan o no. Estudia la exposición a agentes tóxicos y el estrés como factores de riesgo ambientales en el desarrollo fetal. La diferencia no es semántica: es política.

Afirmar que «las profesiones de las madres» tienen un «patrón común» en casos de autismo, sin contextualizar que lo que se mide es la exposición a plomo, solventes industriales, gases de escape y estrés crónico, es construir un titular que, deliberada o negligentemente, pone el foco en quién trabaja y no en qué condiciones laborales son toleradas por el Estado y los empleadores. Es trasladar la responsabilidad de una falla sistémica (la falta de regulación de ambientes laborales tóxicos) a las mujeres que los habitan.

Los propios investigadores del estudio son explícitos: el hallazgo requiere «investigar más en profundidad sobre las exposiciones laborales» y su relación con el neurodesarrollo, «usando metodologías que aborden estas exposiciones de manera específica y temporal». Es decir, la conclusión científica apunta a la regulación laboral y a la salud ocupacional, no a la maternidad como variable de riesgo en sí misma.

El doble estándar: padres invisibles, madres sospechosas

El sesgo de género en la investigación científica sobre autismo no es nuevo. La pregunta «¿qué hizo la madre?» estructura buena parte del campo desde sus orígenes, mientras que la pregunta «¿qué hizo el padre?» rara vez se formula con igual insistencia.

Sin embargo, la evidencia científica disponible indica que la edad paterna avanzada es también un factor de riesgo documentado para el TEA, asociado a mutaciones de novo en el esperma. Investigaciones publicadas en la revista Science, con datos de 2.600 familias, identificaron variantes genéticas raras heredadas paternamente como factores relevantes en el espectro autista.

El estudio de The BMJ, significativamente, no analizó las ocupaciones paternas. Esta asimetría metodológica no es neutral: refleja un sesgo histórico en la construcción de las preguntas científicas, que tiende a ver al cuerpo materno como el repositorio de los riesgos para la descendencia y al cuerpo paterno como un dato secundario.

Discapacidad en la Era Milei: un gobierno que recorta, criminaliza y señala

La circulación de este tipo de narrativas no ocurre en el vacío. En la Argentina de Javier Milei, el Estado retrocedió de manera sistemática sobre las políticas de discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), creada para centralizar y garantizar derechos, fue disuelta en diciembre de 2025 mediante el Decreto 942/2025 y reconvertida en una Secretaría de menor rango bajo la órbita del Ministerio de Salud, movimiento que más de 400 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos calificaron como un «retroceso al modelo médico-rehabilitador» y un abandono del modelo social de la discapacidad.

El ajuste fue contundente: los $30 mil millones de presupuesto que tenía la ANDIS fueron redirigidos al Tesoro al momento de la disolución, según denunció la diputada peronista Roxana Monzón en la Cámara de Diputados de la Nación. La Justicia federal declaró inconstitucional parte de la reestructuración, pero el Gobierno apeló y, a mayo de 2026, solo reglamentó ocho artículos de la ley de emergencia en discapacidad, dejando diecisiete sin aplicar.

En ese marco, el gobierno impulsó además una nueva normativa presentada bajo el título «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», que restringe los criterios de acceso a las pensiones y habilita suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia detectada.

Organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) documentaron que el relato oficial sobre el crecimiento «injustificado» de las pensiones por discapacidad utilizó datos manipulados para justificar el recorte, según publicó la propia ACIJ en su portal institucional.

Es en este contexto donde adquiere una dimensión adicional la circulación de estudios presentados de forma sesgada: cuando el Estado abandona a las familias que conviven con el autismo y recorta los apoyos que necesitan, resulta funcional instalar la idea de que el problema tiene nombre de mujer y que la solución está en las decisiones individuales de las madres, no en las políticas públicas ausentes.

Machismo de guardapolvo blanco

Culpar a las mujeres que trabajan por la condición neurológica de sus hijos no es ciencia: es ideología con bata blanca. Es el mismo mecanismo que durante décadas señaló a las madres que trabajaban fuera del hogar como responsables de los problemas emocionales de sus hijos, que culpó a las mujeres que no amamantaron, que patologizó a las que estudian, a las que tienen proyectos propios, a las que no se «sacrifican» en silencio.

La ciencia del neurodesarrollo lleva décadas construyendo una imagen cada vez más compleja del autismo: multicausal, con fuerte base genética, mediada por factores ambientales que incluyen desde la edad paterna hasta la exposición a pesticidas, desde infecciones durante el embarazo hasta complicaciones perinatales. En ese cuadro multifactorial, la ocupación laboral de la madre es, según el propio consenso científico, un factor menor y circunscripto a condiciones de exposición tóxica específicas, no al hecho de trabajar.

Presentarlo de otro modo no es divulgación científica. Es misoginia con estadísticas.

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