La jefa de la Policía de Córdoba, Liliana Zárate Belletti, manifestó hoy que siente «vergüenza» por el accionar de los efectivos que asesinaron de un balazo a Blas Correas durante un control de seguridad realizado en agosto de 2020 en la capital provincial, al declarar como testigo en el juicio por jurados a 13 miembros de la fuerza.

«Siento vergüenza», expresó la jefa policial frente al jurado popular y el tribunal técnico de la Cámara 8va. del Crimen cordobesa, luego de que se exhibieron en la sala de audiencias videos sobre el accionar de los efectivos en distintos tramos de episodio que derivó en el asesinato del adolescente.

Consultada al respecto por el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien representa como querellante a la familia Correas, la testigo dijo sentirse avergonzada y, en varios tramos de su testimonial, aseguró que «nada estuvo bien de lo que hizo la policía», ya que lo ocurrido «no tiene nada que ver con la formación» que reciben los miembros de la fuerza.

Primero, Zárate Belletti dijo que el protocolo establece que «no se debe disparar a un vehículo en movimiento» y que lo que corresponde es «realizar un operativo cerrojo», al referirse al momento en el que los acusados desenfundaron sus armas y tiraron contra Fiat Argo blanco en el que se movilizaba Blas con sus cuatro amigos.

«Tiene que haber una amenaza de riesgo de vida para entrar en la acción de desenfundar el arma, que en este caso no la hubo, por lo tanto no había ningún riesgo», manifestó la jefa policial, al tiempo que destacó que en su gestión se trabaja para «mejorar y cambiar».

La testigo reconoció que hubo «errores» en la organización y las prioridades que debían cumplirse cuando el automóvil, con Blas agonizando, fue interceptado en Chacabuco y Corrientes, al sostener que si había alguien herido «la prioridad es la vida de las personas, la contención de las víctimas y de sus familiares, por una cuestión de humanización».

Admitió también que desde la perspectiva de la utilización de recursos humanos y materiales del organismo de seguridad provincial para cometer las acciones que se están juzgando, «hubo violencia institucional», no obstante aclaró que desde la Policía se puso todo a disposición de la Justicia para la investigación y el esclarecimiento.

En otro de tramo de su declaración, la jefa policial dijo que antes de asumir como directora de Seguridad de la ciudad de Córdoba, un día después del crimen de Blas, por pedido de su hija y por el estado de «sensibilización y conmoción» que ella misma tenía, fue a visitar a la mamá y al papá del adolescente asesinado.

«Soy primero mamá y después Policía», resaltó y añadió que no podía hacerse cargo de su nueva función sin antes hablar con ellos.

Por su parte, el abogado Pérez Moreno dijo que el testimonio de la jefa de Policía «dejó en claro que sus subalternos, al menos los que actuaron en el hecho investigado, no tienen humanidad ni la preparación para estar al servicio de la sociedad» sino que «son homicidas».

También reprochó la conducta de los efectivos que «no hicieron nada para salvarle la vida a Blas y mucho menos para dar contención y asistencia a las víctimas».

La jornada de hoy concluyó con la testigo Florencia Murúa Castro, sargento que se desempeñaba en el Centro de Comunicaciones de la Policía, y pasó a cuarto intermedio hasta mañana a las 14 para continuar con la recepción de pruebas testimoniales y documentales.

El hecho ventilado en el debate ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas (17) se trasladaba en un Fiat Argo junto a cuatro amigos y, cuando circulaban por el barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, evadieron un control policial porque el conductor se asustó al ver que uno de los policías había desenfundado un arma.

Dos efectivos dispararon contra el rodado y uno de los proyectiles impactó en la espalda de Blas, quien murió.

Por el homicidio se encuentran acusados el cabo 1° Lucas Damián Gómez (37) quien, según la fiscalía, efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, y el cabo 1° Javier Catriel Alarcón (33), quien disparó en dos oportunidades.

Ambos llegaron al juicio como «coautores de homicidio calificado por haber sido cometido en abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos».

En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.

Los cargos que enfrentan son de ‘falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público’, ya que se les imputa, entre otros delitos, el haber «plantado» un arma con numeración ‘limada’ para simular un enfrentamiento con los chicos.