DDHH
Diputados, organismos de DDHH, movimientos sociales y CTA repudiaron represión en Jujuy
Los dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para hacer referencia a la situación que atraviesa Jujuy y responsabilizan a Morales por la «brutal represión» en la provincia.
Referentes de organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron hoy «la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño» y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Gerardo Morales.
Los dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para hacer referencia a la situación que atraviesa Jujuy y responsabilizan a Morales por la «brutal represión» en la provincia.
El titular de la CTA, Hugo Yasky, manifestó su «indignación» por la «despiadada y brutal represión a raíz de la protesta pacifica, sin ningún tipo de hecho que justificara la represión», y cuestionó la reforma constitucional impulsada por Morales, al sostener que «viola la Constitución Nacional» y advirtió que «pretenden convertir a Jujuy en la antesala de lo que quiere la derecha para la Argentina».
Tras anticipar que el jueves próximo convocarán a una movilización frente a la Casa de Jujuy a las 11, Yasky reveló que presentaron una denuncia ante la OIT «por la violación del convenio que establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos originarios ante cualquier cambio que signifique alterar la permanencia de sus derechos».
Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, consideró «muy importante» la iniciativa porque «demostramos tener memoria y que vamos a seguir exigiendo y luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia legal, jamás por mano propia. No vamos a hacer lo que está haciendo este gobernador despreciable», dijo, a la vez que instó a «no bajar los brazos y a seguir adelante».
También participó de la conferencia de prensa, por Zoom desde Jujuy, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien rechazó las afirmaciones de Morales y dijo que «es mentira que se está fomentando la violencia. Nosotros queremos que se armen mesas de diálogo y no la represión que vivimos», añadió.
Los presentes repudiaron «la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño».
«Parece mentira que estas conducciones políticas intenten hacernos retroceder tanto en las conquistas de estos años. Lo que está haciendo Morales es la promesa de lo que quieren construir en la Argentina. Una Argentina con represión y sin derechos. Intentan instalar nuevamente la violencia en nuestra sociedad», aseguró la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien dijo que «son las mismas bestias. Aquellos con uniformes, éstos con cargos de gestión igualmente brutales obsesionados con los derechos del pueblo», añadió.
De la conferencia participaron Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; Esteban «Gringo» Castro, de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Hugo «Cachorro» Godoy, secretario General de la CTA Autónoma; la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, entre otros.
También contó con la presencia de las diputadas nacionales del Frente de Todos (FdT) Mara Brawer, Paula Pennaca, Claudia Ormachea, Natalia Souto, Mónica Macha y la legisladora porteña Laura Velazco.
DDHH
«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump
Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.
Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump
El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.
El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse
Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.
La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.
El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».
Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»
El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.
La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.
El caso argentino que expuso la crisis humanitaria
Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.
La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.
El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.
La lógica del miedo y sus límites
El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.
Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.
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