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Diputados, organismos de DDHH, movimientos sociales y CTA repudiaron represión en Jujuy

Los dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para hacer referencia a la situación que atraviesa Jujuy y responsabilizan a Morales por la «brutal represión» en la provincia.

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Referentes de organismos de Derechos Humanos, movimientos sociales, diputados nacionales y dirigentes de la Central de Trabajadores Argentina (CTA) repudiaron hoy «la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño» y denunciaron el accionar de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Gerardo Morales.

Los dirigentes ofrecieron una conferencia de prensa en el salón Delia Parodi de la Cámara de Diputados para hacer referencia a la situación que atraviesa Jujuy y responsabilizan a Morales por la «brutal represión» en la provincia.

El titular de la CTA, Hugo Yasky, manifestó su «indignación» por la «despiadada y brutal represión a raíz de la protesta pacifica, sin ningún tipo de hecho que justificara la represión», y cuestionó la reforma constitucional impulsada por Morales, al sostener que «viola la Constitución Nacional» y advirtió que «pretenden convertir a Jujuy en la antesala de lo que quiere la derecha para la Argentina».

Tras anticipar que el jueves próximo convocarán a una movilización frente a la Casa de Jujuy a las 11, Yasky reveló que presentaron una denuncia ante la OIT «por la violación del convenio que establece la obligación de los gobiernos de consultar a los pueblos originarios ante cualquier cambio que signifique alterar la permanencia de sus derechos».

Por su parte, Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, consideró «muy importante» la iniciativa porque «demostramos tener memoria y que vamos a seguir exigiendo y luchando por la memoria, por la verdad y por la justicia legal, jamás por mano propia. No vamos a hacer lo que está haciendo este gobernador despreciable», dijo, a la vez que instó a «no bajar los brazos y a seguir adelante».

También participó de la conferencia de prensa, por Zoom desde Jujuy, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien rechazó las afirmaciones de Morales y dijo que «es mentira que se está fomentando la violencia. Nosotros queremos que se armen mesas de diálogo y no la represión que vivimos», añadió.

Los presentes repudiaron «la brutal represión que está sufriendo el pueblo jujeño».

«Parece mentira que estas conducciones políticas intenten hacernos retroceder tanto en las conquistas de estos años. Lo que está haciendo Morales es la promesa de lo que quieren construir en la Argentina. Una Argentina con represión y sin derechos. Intentan instalar nuevamente la violencia en nuestra sociedad», aseguró la legisladora porteña Victoria Montenegro, quien dijo que «son las mismas bestias. Aquellos con uniformes, éstos con cargos de gestión igualmente brutales obsesionados con los derechos del pueblo», añadió.

De la conferencia participaron Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital; Esteban «Gringo» Castro, de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); Hugo «Cachorro» Godoy, secretario General de la CTA Autónoma; la ministra de las Mujeres de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, y el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, entre otros.

También contó con la presencia de las diputadas nacionales del Frente de Todos (FdT) Mara Brawer, Paula Pennaca, Claudia Ormachea, Natalia Souto, Mónica Macha y la legisladora porteña Laura Velazco.

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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

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La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.

La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.

Un canal de búsqueda bloqueado

Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.

El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.

Impacto en el derecho a la identidad

La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.

Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.

Denuncias de desarticulación

Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.

Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.

El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.

En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..

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