Organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales, campesinas y políticas condenaron hoy la represión policial en Purmamarca, al norte de Jujuy, contra pobladores que rechazan la reforma constitucional aprobada recientemente, que dejó numerosas personas detenidas y heridas, mientras continuaba cortada la ruta nacional 9 y 52 en el ingreso al poblado.

El clima tenso de la víspera se mantenía hoy, ya que efectivos policiales nuevamente se movilizaron hacia el lugar para intervenir por los cortes que se vienen registrando en las rutas, aunque se flexibilizaba cada hora para permitir la circulación vehicular.

A raíz de los hechos que tomaron trascendencia nacional, llegaron a Jujuy el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social para brindar asistencia y contención a los afectados, entre ellos las personas detenidas, y tomar intervención directa en el conflicto generado en Purmamarca y en la zona norte de la provincia.

En esa localidad -ubicada a 65 kilómetros de San Salvador de Jujuy- se registraron ayer cuatro represiones por parte de la policía jujeña contra integrantes de comunidades indígenas que se manifestaban contra la reforma parcial de la Constitución local aprobada recientemente, dijeron, «a espaldas del pueblo».

Durante el accionar policial fueron detenidas más de 40 personas y hubo al menos una decena de heridos.

Los detenidos en su mayoría fueron trasladados hasta la unidad penal ubicada en el barrio Alto Comedero de la capital jujeña.

En la tarde del domingo permanecían detenidas 21 personas (13 varones y ocho mujeres) y varias de ellas se entrevistaron con sus abogados que verificaron su situación y conocieron las causas de imputación por el delito establecido en el Código Penal.

«La policía utilizó mecanismos represivos que dejan sin posibilidad de reacción, porque va contra los centros neurálgicos, causando lesiones gravísimas. La pérdida de un órgano es una lesión gravísima», dijo hoy a Télam la abogada Alejandro Cejas, quien se presentó por la defensa de Camilo Galli, periodista de Purmamarca, y Hernán Oviedo, un turista de Buenos Aires, también arrestado el sábado. Por ambos en la causa interviene la Fiscalía de Delitos Complejos, y pedirá el cese de detención.

«Había un joven que perdió un ojo y permanecía internado en Maimará y otra señora está con perdigones en la cara, en la boca y en el ojo, pero no podían ser derivados en las ambulancia ya que solo esto estaba disponible para los efectivos policiales», denunció.

«Las balas de goma, por más que sean de goma, no podés hacerla (disparar) a la cara. Es una locura lo que están haciendo jurídicamente», apuntó.

Por su parte, Lucio Plaza, también abogado, comentó que su defendido «estaba bastante golpeado y atemorizado. Él ni siquiera estaba manifestando en ese momento porque estaba comiendo, pero lo señalaron como una persona infiltrada y se lo llevaron».

Comentó que estuvieron varias horas sin conocer causa de imputación, por lo que «la detención era arbitraria», expresó el letrado integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Jujuy.

Los abogados cuestionaron que «no hayan seguido los protocolos ni tampoco la reglamentación que establece el código procesal penal» y estudiaban los planteamientos legales a realizar.

La imputación contra los detenidos es por artículo 194 del Código Penal que establece la prohibición de cortes de vías de comunicación -con un máximo de tres años y un mínimo de tres meses de pena- con lo cual «absolutamente todas las personas pueden acceder al cese de detención y recuperar la libertad inmediatamente», explicaron.

Carlos «Perro» Santillán, que preside la Comisión de Derechos Humanos de Jujuy, le dijo a Télam que «para vivir en paz como pretende el gobernador Morales, tiene sentido la lucha por buenos salarios y para que se caiga la reforma».

Sostuvo que «las fuerzas han actuado ferozmente contra el pueblo jujeño, por lo que hacemos responsable al gobernador Morales por la sangre derramada y por cualquier otro atropello que siguiera realizando contra el pueblo».

«El único camino para lograr una verdadera paz es que se retire la reforma y resuelvan las necesidades de los diferentes sectores», añadió.

Por su parte, la referente del Frente de Izquierda Natalia Morales, quien también fue detenida y luego liberada, destacó la «enorme resistencia de las mujeres indígenas y los pueblos originarios de Jujuy en Purmamarca tras la represión» y criticó «la aprobación de la reforma antiderechos de Morales y el PJ».

«Las comunidades indígenas están de pie en defensa de sus territorios, del agua y contra el saqueo. Saben que la reforma afecta sus derechos.

Gerardo Morales reprime, Jujuy resiste», publicó en su cuenta de Facebook.

La titular del INADI, Greta Pena, sostuvo que «el derecho a la protesta deber ser garantizado en un sistema democrático. La violencia es inadmisible».

Pidió «la urgente libertad de los detenidos y que se retome la vía de diálogo».

En toda la provincia, las protestas encabezadas por los docentes fue creciendo en las últimas semanas en sintonía con el reclamo de otros sectores de trabajadores por aumentos salariales y expresar en conjunto su rechazo contundente a la reforma constitucional aprobada entre jueves y viernes.

Sus gremios ratificaron en asambleas la continuidad de las medidas de fuerza con paro por tiempo indeterminado, y repudiaron la represión policial contra las comunidades que protestaban contra la reforma Constitucional.

«Estamos haciendo una olla popular y permanencia hasta las 20 en el acceso sur de San Salvador de Jujuy, el martes habrá un banderazo y el miércoles haremos gran caminata desde los gremios hasta el ministerio de Educación pidiendo la reapertura de paritarias», le dijo a Télam la secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) Mercedes Sosa, que sostiene la consigna «Arriba los salarios, abajo la reforma».

El plan de lucha es también llevado adelante por la Asociación de Educadores Provinciales, que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, que exigió «la renuncia del gobernador Gerardo Morales y de todo su gabinete». Además lo denunciarán por el «amedrentamiento a los docentes de nivel primario».

Los gremios exigen un básico de 200 mil pesos y la derogación del decreto que determina el premio por asistencia perfecta, incorporando dicho monto al básico y que no se les descuenten los días de paro.

Con la reforma impulsada por Morales se modificaron más de 60 artículos de la Constitución y ante esto los docentes presentarán denuncias en el Superior Tribunal de Jujuy por la «inconstitucionalidad» de la iniciativa.

También denunciarán a los convencionales constituyentes que participaron de la reforma «en contra del pueblo» y presentarán un habeas corpus «por posibles detenciones».