Judiciales ⚖️
La comisión de Juicio Político le toma declaración testimonial al ex director de la obra social judicial
Tras mostrarse reticente a declarar, Aldo Tonon, quien renunció recientemente a su cargo por las denuncias sobre irregularidades en el funcionamiento de la obra social judicial, se presentó en la comisión tras la intervención del juez Ariel Lijo que lo obligó a comparecer.
La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le tomaba hoy declaración testimonial al ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) Aldo Tonon en el marco de la investigación por presunto mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Cercano al ministro Juan Carlos Maqueda, Tonon renunció semanas atrás al cargo en medio de fuertes cuestionamientos por su desempeño en el cargo, a raíz de una serie de irregularidades e incumplimientos de la obra social durante los años que dirigió la entidad desde el 2008 en adelante.
Según enumeró el ex administrador general de la Corte Héctor Marchi en audiencias pasadas, en la gestión de Tonón no había control de stock de medicamentos, escaseaban balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, habían demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos, habían vacancias de cargos clave, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o falta de actualización de aranceles, la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por licitación, y se registraron pérdidas millonarias por no usar el dinero remanente en plazos fijos.
Inicialmente, el funcionario judicial se ausentó a la comisión por cuarta vez bajo el argumento de que se encuentra imputado en una causa penal por el mismo motivo, pero tras la intervención del juez Ariel Lijo y la advertencia de que sería trasladado con el auxilio de la fuerza pública, finalmente el testigo aceptó hacerse presente, lo cual consumó con varias horas de retardo.
«Quiero aclarar que no soy amigo personal del doctor Maqueda», enfatizó Tonón al principio de su declaración.
«Siempre el presidente de la obra social cargaba con la responsabilidad del funcionamiento cotidiano de la obra social», reconoció.
Además admitió que los balances «nunca» fueron certificados por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas.
«Yo continué la modalidad operativa que venía llevando a cabo la obra social desde siempre», justificó.
Al defenderse de las denuncias por su gestión, dijo que en las auditorías no surgió «ningún elemento probatorio por el que constara una irregularidad» en el funcionamiento de la obra social.
«La obra social es la que tiene mayor cobertura asistencial del país y sin ningún coseguro. (Las críticas) son cuestiones de interpretación que con derecho hacían los propios afiliados», se defendió.
También admitió que durante su gestión no fue cubierto el cargo de subdirector administrativo pese a que así lo disponía el estatuto de la obra social, pero aclaró que sí se designó a un subdirector médico.
A su vez, confesó que determinadas áreas tenían como responsables a personas que eran contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, sin ser empleados de planta. «Era una modalidad común de contratación desde el 2003 y las personas contratadas eran idóneas», subrayó.
El primer testigo en exponer había sido el titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, responsable de forma transitoria de buena parte de las tareas que desarrollaba Marchi, quien fue desplazado del cargo recientemente.
Clerici fue parte de la auditoría que analizó el accionar de la obra social durante un período de 13 años entre 2008 y 2021.
Consultado por Siley sobre la naturaleza jurídica de la obra social, admitió que se trata de una «dependencia de la Corte donde el directorio está dotado de una amplia autonomía» funcional.
Tras el testimonio de Clerici, la comisión le tomará declaración a Laura Ambrosio, afiliada damnificada que relató la falta de respuestas por parte de la obra social cuando su marido enfermó de cáncer.
La mujer lamentó que pese a la urgencia del caso, la prestadora médica haya dilatado sin ningún tipo de justificativo las autorizaciones para el tratamiento de quimioterapia.
Ambrosio contó que debió apelar a un recurso de amparo para que la obra social empezara a autorizar «a regañadientes» y «muy lentamente» los tratamientos.
Sin embargo, señaló los medicamentos para la quimioterapia, que debían estar 48 horas antes de cada sesión, nunca llegaba a tiempo, lo que la obligaba a reclamar recurrentemente a través de llamadas telefónicas para destrabar el envío de los insumos y no perder los turnos.
«Era enloquecedor el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura pero no la brindaba», recordó la mujer, que detalló que la internación domiciliaria fue un verdadero «caos» porque «no mandaron en ningún momento enfermero» y el médico aparecía sólo una vez por semana para recetar medicación.
Ambrosio agregó que durante todo ese período en que la obra social estuvo prácticamente ausente ella «no daba a basto» y debió «agotar sus licencias» laborales porque tenía que «tapar agujeros en un barco que se estaba hundiendo».
«No hubo tiempo de hacer un amparo porque él murió a los dos meses», concluyó.
Los otros dos citados a la comisión eran Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, pero ninguno de los dos se hizo presente.
Antes de que se iniciara la reunión, los diputados nacionales del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley presentaron una ampliación del pedido de juicio político sumando como causal los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, tal como lo anunciara días atrás el presidente Alberto Fernández a través de cadena nacional.
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ARCA sumo nueva denuncia contra la AFA, mientras el titular del organismo es investigado por lavado y evasión
La agencia fiscal presentó una segunda causa penal que recae sobre Tapia, Toviggino y otros dirigentes de la institución. El fiscal Claudio Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal. En simultáneo, el propio titular de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades millonarias no declaradas en Miami.
La ARCA sumó una nueva denuncia contra la AFA mientras el titular del organismo también es investigado por evasión
★ La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una nueva denuncia penal contra la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): el presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino volvieron a quedar en el centro de una causa por delitos tributarios. Esta vez, el organismo recaudador denunció el uso de facturas apócrifas por un monto superior a los $916 millones correspondientes a servicios que, según el fisco, nunca se prestaron.
La nueva causa y el fiscal que la lleva
El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial resolvió abrir una investigación a partir de la ampliación de denuncia que ARCA presentó ante la Justicia. Según fuentes judiciales, el fiscal ya solicitó al juez Diego Amarante las primeras medidas de prueba. La pesquisa apunta a los delitos de evasión agravada mediante la utilización de facturas ideológica o materialmente falsas, y asociación ilícita fiscal.
En el dictamen que fundamentó la apertura de la causa, Navas Rial señaló que «las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero cuyo respaldo documental es inconsistente, presumiéndose, de los elementos aportados en el marco de las tareas de fiscalización propias del organismo de control, su apocrificidad». El fiscal también resaltó que se trataría de conductas «considerables en su volumen, y reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo».
Las cifras bajo la lupa fiscal
Según la denuncia de ARCA, la AFA habría registrado entre enero de 2023 y marzo de 2025 facturación por $916.527.614,05 sin abonar el impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas. La evasión estimada asciende a $320.784.664,61, que con intereses escala a los $341 millones, a lo que se suma una multa de $125.792.579,86. El organismo también advirtió que la AFA emitió facturas a empresas con diversas irregularidades que hacen sospechar que se trata de gastos simulados.
Una segunda causa que se monta sobre la primera
Esta nueva presentación no surge del vacío. Se suma a una causa anterior impulsada también por ARCA, en la que el juez Diego Amarante citó a indagatoria en marzo pasado a Tapia y Toviggino por presunta retención indebida de aportes y tributos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Según fuentes judiciales, en ese expediente los mismos dirigentes ya están procesados por haber apropiado de manera ilícita unos $19.300 millones.
Además de Tapia y Toviggino, el fiscal Navas Rial extendió la investigación al gerente general Gustavo Lorenzo y a los secretarios generales, actual y ex, Cristian Malaspina y Víctor Blanco, respectivamente. Todos ellos estaban a cargo de la administración de la institución durante el período en que se habrían producido los hechos investigados.
La paradoja: el jefe del fisco también bajo investigación
El escenario adquiere un carácter paradójico que no puede soslayarse. En simultáneo con la ofensiva judicial que ARCA ejerce sobre la AFA, su propio director ejecutivo, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó que Vázquez habría adquirido tres propiedades en Miami por un total de 2,1 millones de dólares a través de sociedades offshore panameñas, sin declarar esos bienes ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Las propiedades identificadas son una unidad en el Icon Brickell (USD 710.000), un departamento en la avenida Brickell 1060 (USD 400.000) y una suite en el Chateau Beach Residences de Sunny Isles (USD 980.000). La inconsistencia resulta llamativa: al momento de realizar esas compras, Vázquez declaraba ante la entonces AFIP activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
El fiscal titular de la PIA, Sergio Rodríguez, solicitó su indagatoria ante el juez Martínez de Giorgi, quien habilitó una batería de medidas de prueba. También intervienen en la causa el fiscal federal Guillermo Marijuán y la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco. El Gobierno, en la voz del asesor presidencial Santiago Caputo, intentó cerrar el debate argumentando sobreseimientos previos, pero los nuevos hallazgos de la PIA reabrieron la línea de investigación. El propio presidente Javier Milei defendió a Vázquez señalando que «es la persona que más sabe de la estructura impositiva en la Argentina», justificando así su permanencia en el cargo pese a las causas abiertas.
Doble estándar en la cima del fisco
La combinación de estos elementos configura un cuadro institucional de difícil sostenimiento: el organismo que persigue la evasión de la AFA está conducido por un funcionario al que la Justicia investiga por los mismos tipos de delitos que le imputa a los dirigentes del fútbol. En ese contexto, la credibilidad y la consistencia de la acción fiscal quedan expuestas a una contradicción que el Gobierno no parece dispuesto a resolver.
Puntos clave:
– ARCA presentó una nueva denuncia contra la AFA por facturas apócrifas por más de $916 millones correspondientes a servicios que no habrían existido.
– El fiscal Navas Rial investiga evasión agravada y asociación ilícita fiscal contra Tapia, Toviggino, Lorenzo, Malaspina y Blanco.
– La causa anterior, por retención indebida de $19.300 millones, ya tiene a Tapia y Toviggino con citación a indagatoria.
– El director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, enfrenta un pedido de indagatoria por propiedades no declaradas en Miami valuadas en USD 2,1 millones.
– El Gobierno mantiene a Vázquez al frente de ARCA pese a las investigaciones por enriquecimiento ilícito, lavado y evasión.
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