La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le tomaba hoy declaración testimonial al ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) Aldo Tonon en el marco de la investigación por presunto mal desempeño de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Cercano al ministro Juan Carlos Maqueda, Tonon renunció semanas atrás al cargo en medio de fuertes cuestionamientos por su desempeño en el cargo, a raíz de una serie de irregularidades e incumplimientos de la obra social durante los años que dirigió la entidad desde el 2008 en adelante.

Según enumeró el ex administrador general de la Corte Héctor Marchi en audiencias pasadas, en la gestión de Tonón no había control de stock de medicamentos, escaseaban balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, habían demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos, habían vacancias de cargos clave, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o falta de actualización de aranceles, la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por licitación, y se registraron pérdidas millonarias por no usar el dinero remanente en plazos fijos.

Inicialmente, el funcionario judicial se ausentó a la comisión por cuarta vez bajo el argumento de que se encuentra imputado en una causa penal por el mismo motivo, pero tras la intervención del juez Ariel Lijo y la advertencia de que sería trasladado con el auxilio de la fuerza pública, finalmente el testigo aceptó hacerse presente, lo cual consumó con varias horas de retardo.

«Quiero aclarar que no soy amigo personal del doctor Maqueda», enfatizó Tonón al principio de su declaración.

«Siempre el presidente de la obra social cargaba con la responsabilidad del funcionamiento cotidiano de la obra social», reconoció.

Además admitió que los balances «nunca» fueron certificados por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas.

«Yo continué la modalidad operativa que venía llevando a cabo la obra social desde siempre», justificó.

Al defenderse de las denuncias por su gestión, dijo que en las auditorías no surgió «ningún elemento probatorio por el que constara una irregularidad» en el funcionamiento de la obra social.

«La obra social es la que tiene mayor cobertura asistencial del país y sin ningún coseguro. (Las críticas) son cuestiones de interpretación que con derecho hacían los propios afiliados», se defendió.

También admitió que durante su gestión no fue cubierto el cargo de subdirector administrativo pese a que así lo disponía el estatuto de la obra social, pero aclaró que sí se designó a un subdirector médico.

A su vez, confesó que determinadas áreas tenían como responsables a personas que eran contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, sin ser empleados de planta. «Era una modalidad común de contratación desde el 2003 y las personas contratadas eran idóneas», subrayó.

El primer testigo en exponer había sido el titular de la Dirección Jurídica General de la Corte, Sebastián Clerici, responsable de forma transitoria de buena parte de las tareas que desarrollaba Marchi, quien fue desplazado del cargo recientemente.

Clerici fue parte de la auditoría que analizó el accionar de la obra social durante un período de 13 años entre 2008 y 2021.

Consultado por Siley sobre la naturaleza jurídica de la obra social, admitió que se trata de una «dependencia de la Corte donde el directorio está dotado de una amplia autonomía» funcional.

Tras el testimonio de Clerici, la comisión le tomará declaración a Laura Ambrosio, afiliada damnificada que relató la falta de respuestas por parte de la obra social cuando su marido enfermó de cáncer.

La mujer lamentó que pese a la urgencia del caso, la prestadora médica haya dilatado sin ningún tipo de justificativo las autorizaciones para el tratamiento de quimioterapia.

Ambrosio contó que debió apelar a un recurso de amparo para que la obra social empezara a autorizar «a regañadientes» y «muy lentamente» los tratamientos.

Sin embargo, señaló los medicamentos para la quimioterapia, que debían estar 48 horas antes de cada sesión, nunca llegaba a tiempo, lo que la obligaba a reclamar recurrentemente a través de llamadas telefónicas para destrabar el envío de los insumos y no perder los turnos.

«Era enloquecedor el estrés de luchar contra una obra social que tenía cobertura pero no la brindaba», recordó la mujer, que detalló que la internación domiciliaria fue un verdadero «caos» porque «no mandaron en ningún momento enfermero» y el médico aparecía sólo una vez por semana para recetar medicación.

Ambrosio agregó que durante todo ese período en que la obra social estuvo prácticamente ausente ella «no daba a basto» y debió «agotar sus licencias» laborales porque tenía que «tapar agujeros en un barco que se estaba hundiendo».

«No hubo tiempo de hacer un amparo porque él murió a los dos meses», concluyó.

Los otros dos citados a la comisión eran Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, pero ninguno de los dos se hizo presente.

Antes de que se iniciara la reunión, los diputados nacionales del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley presentaron una ampliación del pedido de juicio político sumando como causal los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, tal como lo anunciara días atrás el presidente Alberto Fernández a través de cadena nacional.