DDHH
Organizaciones LGBTTIQ+ recordaron a personas de su comunidad desaparecidas en la dictadura
«Hubo un ensañamiento en las salas de tortura con todas aquellas personas homosexuales o disidencias».
Organizaciones LGBTTIQ+ reunidas en el Frente Orgullo y Lucha se concentraron esta tarde en la Plaza Carlos Jáuregui del barrio porteño de Constitución para recordar y reivindicar a más de 400 personas homosexuales o disidencias que fueron detenidas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar.
Del acto participaron Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, y Ernesto Gaya de la agrupación HIJOS, entre otros referentes de organizaciones sociales y de Derechos Humanos.
La convocatoria comenzó pasadas las 16 en la Plaza que lleva el nombre de un histórico referente de la comunidad LGBTI+ ubicada en Cochabamba al 1700, donde militantes de las organizaciones que componen el frente protagonizaron un acto de reivindicación de luchas históricas y también presentes.

Martín Cannevaro, referente de la organización 100% Diversidad y Derechos, dijo que «a 47 años del golpe vinimos a reivindicar a esas 400 disidencias desaparecidas por la dictadura cívico-militar-eclesiástica que fueron identificadas por el rabino Meyer en el marco de la Conadep; no está comprobado que haya habido una persecución en particular hacia nuestra comunidad, pero sí hubo un ensañamiento en las salas de tortura con todas aquellas personas homosexuales o disidencias».
«Esta convocatoria busca visibilizar la historia de todas esas víctimas y también la de centenares de luchadores y luchadores por nuestros derechos como quienes en aquellos años habían conformado el Frente de Liberación Homosexual (FLH); por eso hoy también leímos una carta de Héctor Anabitarte, un militante histórico del FLH que vive en España y quiso estar presente de esta manera», apuntó.
«Este año estamos celebrado cuatro décadas de la democracia que conquistó el pueblo argentino y en las que la militancia de las organizaciones LGBTI+ fue construyendo derechos y mayores grados de libertad; pero todavía existe una rémora autoritaria en la reacción conservadora contra los derechos de mujeres y diversidades, intentan construir una nueva otredad supuestamente peligrosa que estaría encarnada por las disidencias y los feminismos para justificar autoritarismos y violencias», completó Cannevaro.
A través de un comunicado, el Frente Orgullo y Lucha recordó que «la dictadura no sólo implicó un autoritarismo político sino también moral. La represión al movimiento popular no excluyó la persecución a lesbianas, bisexuales, gays, maricas, travestis y trans como parte de los dispositivos de disciplinamiento de la sociedad».
«Esa represión a la diversidad no fue procesada socialmente ni formó parte de las causas judiciales por las violaciones a los Derechos Humanos, por eso reivindicando los históricos avances en materia de Memoria, Verdad y Justicia queremos visibilizar la historia de la violencia estatal contra las personas LGBTI+ que fuimos, somos y seremos parte de las luchas de nuestros pueblos», añade el texto.
El documento señala que «el rabino Marshal Meyer de la Comunidad Bet El, integrante de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (Conadep) en un encuentro con el histórico activista Carlos Jáuregui en 1985, sostuvo que la Comisión había detectado en su nómina de personas denunciadas como desaparecidas a cuatrocientos homosexuales que, si bien no habían desaparecido por ese motivo, el tratamiento recibido había sido especialmente sádico y violento, como así también el de los detenidos judíos.
Fue recién en el año 2011 que la Conadep recibió la declaración de personas travestis y trans detenidas en centros clandestinos».Héctor Anabitarte, histórico militante del FLH, escribió en la carta enviada para esta conmemoración: «Quisieron eliminar toda manifestación sexual que no fuera la impuesta por la tradición judeo-cristiana y su concepción heteropatriarcal de lo que debe ser una sociedad.
Sabían muy bien que la sexualidad en sí misma es cuestionadora, es rupturista, es desestabilizadora y los administradores de la moral, de la culpa, no lo podían tolerar».»Pretendieron a sangre y fuego acallar los aires de libertad que empezaron a soplar en los finales de los años 60 y principio de los 70 del pasado siglo. No lo lograron. Fracasaron. Y una marea rosa, primero, arco iris, después, les pasó por encima e instaló nuevos derechos casi impensables en pocas décadas», enfatiza la carta.
«Somos más libres, cierto, pero esta libertad, no tiene que sorprendernos, está amenazada. En todo el mundo hay un «rearme moral» de las fuerzas reaccionarias y están envalentonadas por sus evidentes triunfos electorales enarbolando la homofobia como bandera», señaló.
«Lo estamos viendo en Estados Unidos, en Italia, en Hungría, en Polonia, en Rusia, en España… La derecha y la ultraderecha han vuelto al ataque y hay que estar preparados para hacerles frente», apuntó.»Para que no avancen, ¡ni un paso más! Hoy más que nunca es necesaria la organización y la movilización. Reciban el abrazo de este viejo militante. Ánimo», finalizó Anabitarte.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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