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Judiciales ⚖️

Familias de bebés muertos en La Nueva Maternidad exigen acceso al expediente judicial

Doce denuncias, tres médicos investigados y un fármaco bajo la lupa. Las madres reclaman que se levante el secreto de sumario para conocer qué investiga la Justicia en un caso que recuerda el horror del Hospital Neonatal.

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— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ La causa por las muertes de bebés en el Hospital La Nueva Maternidad de Córdoba avanza con obstáculos para las familias: aunque ya son 12 las denuncias presentadas y hay tres médicos imputados, la Justicia mantiene el secreto de sumario e impide que las querellas accedan al expediente. Juan Cruz Soria Cangiano, abogado de varias madres, denunció que «estamos trabajando a ciegas» porque el fiscal Ernesto de Aragón —titular de la fiscalía del distrito uno, turno cuarto— rechazó darles participación en los actos de instrucción.

«Esta querella solicita que, dentro del proceso penal, se nos tenga como parte, pero además se nos dé participación dentro de los actos de instrucción», explicó Cangiano. El letrado remarcó que la situación es crítica porque «hay muchísima prueba para diligenciarse, la cual es irreproducible», y alertó que sin acceso al expediente no pueden saber con exactitud qué fármaco investiga la Justicia ni quiénes lo habrían suministrado a los recién nacidos.

Tres médicos bajo investigación y un fármaco sospechoso

Las profesionales sometidas a la pesquisa por su posible participación en un hecho delictivo son Mónica Andrea Folla, Irina Sofía Conci y Agustina Masini, todas pertenecientes a La Nueva Maternidad. Según informó el abogado querellante, la Justicia secuestró varias historias clínicas para constatar la procedencia de un fármaco que habría sido utilizado en los bebés fallecidos, aunque el secreto de sumario impide conocer de qué sustancia se trata.

Los bebés fueron identificados como Isaac, Ángeles, Eliel, Luz, Ciro, Ámbar, Roma, Giuliano, Luka, Ignacio, Ailany y Luz. Las familias denuncian que la investigación no se limita al fármaco sospechoso: también se analizan casos de mala atención por cesáreas programadas que fueron postergadas, operaciones realizadas por médicos residentes sin la supervisión adecuada y el incumplimiento de medidas de bioseguridad en el hospital inaugurado en 2023.

Marcha para exigir transparencia

El lunes 22 de diciembre al mediodía las familias convocan a una marcha multitudinaria frente al hospital para reclamar que el fiscal quite el secreto de sumario. «Se espera que vaya mucha gente. Vamos a colgar una bandera y están todos invitados a participar», convocó Cangiano.

El caso reabre heridas recientes en Córdoba: ocurrió apenas unos meses después de que la Justicia cordobesa dictara sentencia contra la enfermera Brenda Agüero por la inyección de potasio e insulina a bebés en el Hospital Neonatal, que provocó la muerte de varios recién nacidos. La comunidad exige saber qué pasó en La Nueva Maternidad y que las familias puedan acceder a la información que hoy permanece bajo reserva.

Puntos clave:

  • Son 12 las denuncias presentadas por familias de bebés fallecidos en La Nueva Maternidad de Córdoba
  • Tres médicos están bajo investigación: Mónica Andrea Folla, Irina Sofía Conci y Agustina Masini
  • El fiscal Ernesto de Aragón mantiene el secreto de sumario e impide que las querellas accedan al expediente
  • Se investiga el uso de un fármaco no identificado en los recién nacidos, además de mala praxis y falta de bioseguridad
  • Las familias convocan a una marcha el lunes 22 de diciembre frente al hospital para exigir transparencia

Judiciales ⚖️

Revés judicial para el Gobierno: la Corte Suprema rechazó una presentación por el financiamiento universitario

El máximo tribunal desestimó una presentación realizada por el Poder Ejecutivo en una causa vinculada a recursos destinados al sistema universitario. Además, rechazó un pedido de excusación y ordenó avanzar con el cumplimiento de una obligación procesal prevista por la normativa vigente.

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Puntos clave

  • La Corte Suprema rechazó una queja presentada por el Poder Ejecutivo.
  • La causa está vinculada al Decreto 759/25.
  • El expediente fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras entidades.
  • El tribunal consideró que el recurso no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
  • También rechazó un pedido de excusación.
  • Ordenó intimar al Estado para el pago de un depósito previsto por la ley.
  • El caso se tramita en el fuero Contencioso Administrativo Federal.

La Corte Suprema desestimó una presentación del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar una queja presentada por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otros actores contra el Estado nacional por el Decreto 759/25.

La decisión quedó plasmada en una resolución firmada este jueves por el máximo tribunal.

Según el fallo, el recurso extraordinario cuya denegación parcial originó la queja no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la legislación para su tratamiento.

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El argumento central del máximo tribunal

Los jueces sostuvieron que la presentación impulsada por el Gobierno no estaba dirigida contra una sentencia definitiva o equiparable.

De acuerdo con la resolución, esa condición resulta indispensable conforme a lo establecido por el artículo 14 de la Ley 48 para habilitar la intervención extraordinaria de la Corte Suprema.

Por ese motivo, el tribunal resolvió desestimar la presentación.

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También fue rechazado un pedido de excusación

Además de pronunciarse sobre la queja, la Corte rechazó un pedido de excusación formulado dentro del mismo expediente.

En ese punto, remitió a lo resuelto previamente el 4 de junio de 2026 en el incidente de recusación con causa relacionado con el mismo proceso judicial.

La decisión quedó incorporada dentro de la misma resolución dictada por los magistrados.

Intimación al Estado por un depósito procesal

Como parte de la resolución, el máximo tribunal también ordenó intimar al recurrente para que efectúe el depósito previsto en el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

El pago se encontraba diferido conforme a lo establecido por la Acordada 47/91.

La intimación deberá cumplirse dentro del ejercicio financiero correspondiente, según dispuso la Corte.

Cómo se originó la causa judicial

La presentación rechazada fue impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, en calidad de parte demandada.

El expediente se inició en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11.

Posteriormente intervino la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, instancia desde la cual continuó su recorrido judicial hasta llegar a la Corte Suprema.

El conflicto por el financiamiento universitario

La causa tiene como eje el Decreto 759/25 y los planteos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a otros actores vinculados al sistema universitario.

El expediente forma parte de las controversias judiciales abiertas en torno al financiamiento de las universidades nacionales y las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo en materia presupuestaria.

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