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Cancillería pidió a Qatar la captura del iraní Mohsen Rezai, acusado por el atentado a la AMIA

El fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, remitió una presentación formal ante la cartera que conduce el canciller Santiago Cafiero para que se cumpla con las alertas rojas vigentes.

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La Cancillería argentina pidió este lunes a Qatar la captura del vicepresidente iraní Mohsen Rezai, sobre quien pesa un pedido de captura internacional de la justicia por ser considerado uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

La solicitud de detención fue formulada por la Unidad Fiscal AMIA (UFI-AMIA) y la Cancillería le dio curso al pedido por vía diplomática, informaron a Télam fuentes del Palacio San Martín.

El fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, remitió una presentación formal ante la cartera que conduce el canciller Santiago Cafiero para que se cumpla con las alertas rojas vigentes.

En la presentación, Basso pidió a la Cancillería que «se activen los mecanismos diplomáticos y de política exterior que estimen corresponda para dar cumplimiento con la orden judicial de captura de Mohsen Rezai, (dispuesta por el entonces juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral el 9 de noviembre de 2006) sobre quien pesa alerta roja emitida por Interpol por su presunta participación en el atentado contra la AMIA y quien, conforme surge de distintas páginas en Internet viajó al Estado de Qatar».

En su escrito el fiscal adjunta dos links de medios locales que informaron que Rezai llegó a Doha el domingo y que fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores de Qatar y el Embajador de Irán en ese país.

La presentación, dirigida a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Aldana Rohr, Basso señala que el «presente requerimiento se formula en el marco de la coordinación que el Ministerio Público debe tener con las demás autoridades de la República (art. 120 de la Constitución Nacional), y en el contexto de que la medida a desarrollarse comprende actividades vinculadas a las relaciones internacionales de nuestro país, de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo de la Nación (arts. 27; 31; 75 inc. 13, 15, 22 y 24; 99 inc. 7 y 11; 116, 124 y 126 de la Constitución Nacional).

Ante el pedido de la UFI AMIA, y luego de corroborar la información sobre la visita de Rezai a Qatar, Cafiero instruyó al embajador argentino en Doha, Guillermo Nicolás, a que reclame ante la Cancillería qatarí que «se dé cumplimiento a las alertas rojas vigentes y se detenga» al vicepresidente iraní, indicaron a esta agencia fuentes del Palacio San Martín.

En enero pasado, el Gobierno argentino expresó su «más enérgica condena» a la presencia de Rezai, requerido por la Justicia argentina por el atentado a la AMIA, en el acto de toma de posesión del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

«La Argentina expresa, como también lo ha hecho en agosto pasado ante la designación de Rezai como vicepresidente de Asuntos Económicos de la República Islámica de Irán, que su presencia en Managua constituye una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), cometido el 18 de julio de 1994″, expresó en esa oportunidad la Cancillería.

Ese documento también indicaba que «el Gobierno argentino exige una vez más al Gobierno de Irán la cooperación de manera plena con la Justicia argentina, permitiendo que las personas que han sido acusadas de participar del atentado contra la AMIA sean juzgadas por los tribunales competentes».

Entonces, la Argentina formuló junto con Estados Unidos una declaración conjunta aprobada en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se condenó la presencia de Rezai en Managua e instó a todos los países a dar efectivo cumplimiento a las órdenes de captura del funcionario iraní con alertas rojas de Interpol.

Rezai, vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, tiene un pedido de captura internacional de la justicia de Argentina por ser considerado uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA.

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La Justicia procesó a Día Argentina por evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones

La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.

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El-Argentino-Cadena de supermercados Día.

Procesaron a Día Argentina por evadir aportes de 13.690 trabajadores

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a la cadena de supermercados Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional agravada y le trabó un embargo de $800 millones sobre sus bienes. La maniobra investigada habría consistido en utilizar contratos de franquicia, concesión y consignación como pantalla para encubrir relaciones laborales directas y eludir el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social de miles de trabajadores.

Una causa que lleva años: de los allanamientos de la AFIP al procesamiento penal

La investigación no es nueva. En 2018, la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la empresa ante el mismo juzgado, luego de detectar una maniobra de evasión previsional agravada que en aquel momento superaba los $20 millones. La hipótesis de los investigadores era entonces la misma que hoy sostiene el procesamiento: la compañía habría designado a empleados propios como titulares de las franquicias para que figuraran formalmente como responsables del pago de cargas sociales, trasladando así una obligación que le corresponde a la empresa matriz.

Lo que durante años tramitó como investigación preliminar culminó el 20 de abril de 2026 con la resolución del juez Pablo Yadarola, que dispuso el procesamiento formal y la traba del embargo. La decisión fue notificada al día siguiente.

El fuero laboral, además, ya había dado señales en el mismo sentido: antes de llegar al procesamiento penal, Día Argentina fue condenada en sede laboral por el uso fraudulento del contrato de franquicia para enmascarar relaciones de dependencia encubiertas al momento de los allanamientos de 2019.

13.690 trabajadores y 1.072 supuestos franquiciados

La escala de la maniobra investigada es significativa. Según el expediente, la fiscalización alcanzó a 13.690 trabajadores: 993 identificados como franquiciados y 12.697 dependientes registrados formalmente por ellos. El relevamiento también identificó un universo de 1.072 supuestos franquiciados, muchos de los cuales habrían operado como empleados encubiertos de la compañía.

Un dato central del fallo refuerza esa hipótesis: el cruce de nóminas laborales detectó que 2.267 empleados prestaron servicios para más de un franquiciado, lo que para la acusación indica que no existía una autonomía real sino una dependencia técnica y jurídica directa con la empresa matriz.

Entre las pruebas valoradas figuran intervenciones telefónicas, declaraciones testimoniales, análisis de más de 20.000 correos electrónicos corporativos y cruces de información laboral y fiscal. El fallo también citó el uso del sistema interno denominado «llave 4», que habría permitido a supervisores de Día modificar stocks y precios de manera remota en las sucursales de los supuestos franquiciados, socavando cualquier pretensión de independencia comercial. A eso se sumó que la recaudación en efectivo era retirada por empresas de caudales contratadas por la propia compañía y que los pagos electrónicos se acreditaban en sus cuentas.

Evasión simple y agravada en 34 hechos

El procesamiento abarca 34 hechos distribuidos entre 2015 y 2018. Los delitos imputados combinan presunta evasión previsional simple, por períodos en que el monto no ingresado superó los $7 millones mensuales, y presunta evasión previsional agravada por la utilización de terceros interpuestos, en casos que superaron los $14 millones. Esta última figura, contemplada en la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario, prevé penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión.

Para fijar el monto del embargo, el juzgado tomó en cuenta los importes ajustados de la fiscalización, descontados los pagos realizados en término, que arrojaron una cifra de $579.173.127,25, a la que se suman una eventual multa y los gastos del proceso.

La empresa niega y la defensa pide el sobreseimiento

Día Argentina S.A. negó los cargos y sostuvo que «cumple con todas sus obligaciones tributarias, previsionales y laborales conforme a la normativa vigente». La firma defendió la legitimidad de su modelo comercial y señaló que la causa «se encuentra en una etapa inicial de prueba». También indicó que cuenta con «sistemas de control interno, auditoría y cumplimiento» y que está «a total disposición de las autoridades competentes».

La defensa había solicitado el sobreseimiento o, en subsidio, la falta de mérito. Ambos planteos fueron rechazados. El procesamiento no implica una condena sino que el juzgado consideró reunidos elementos suficientes para avanzar con la causa penal.

Vale aclarar que el impacto de este tipo de maniobras no se limita a la empresa y sus trabajadores directos. Como señaló oportunamente la AFIP, los aportes evadidos alimentan el Sistema Único de la Seguridad Social, que financia jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo, seguros de desempleo y pensiones por discapacidad, entre otras prestaciones del Estado que sostienen a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Puntos clave:

  • El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2 procesó a Día Argentina S.A. por presunta evasión previsional y le trabó un embargo de $800 millones.
  • La maniobra investigada habría consistido en usar contratos de franquicia para encubrir relaciones laborales y eludir el pago de aportes a la seguridad social de 13.690 trabajadores.
  • La investigación se inició con una denuncia de la AFIP en 2018 y el fuero laboral ya había condenado a la empresa por uso fraudulento del sistema de franquicias.
  • El fallo abarca 34 hechos entre 2015 y 2018, con montos que superan los $7 millones mensuales en los casos simples y los $14 millones en los agravados.
  • La defensa solicitó el sobreseimiento, que fue rechazado; la empresa niega los cargos y dice estar «a disposición» de la Justicia.
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