Fernández demandó por 100 millones de pesos a la exministra de Mauricio Macri por decir que el Gobierno intentó colocar un «socio local» en las negociaciones con Pfizer para obtener un «retorno» a cambio de comprar las vacunas.

Un juez convocó al presidente, Alberto Fernández, y a la titular del PRO, Patricia Bullrich, a una audiencia de conciliación en el marco de la demanda que el jefe de Estado le entabló a la dirigente opositora, luego de que ésta afirmara en televisión que el Gobierno nacional había intentado obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.

La audiencia está prevista para este martes a las 12 en la sede del juzgado civil 21, ubicada en Talcahuano 490, y fue convocada por el juez Luís Sáenz, informaron fuentes con acceso al expediente.

La demanda del Presidente tiene por objetivo que la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri se retracte y asuma que lo que dijo no tenía anclaje en información cierta o que pague por sus dichos. Si Bullrich no se retracta avanzará la demanda, informaron las fuentes consultadas.

El año pasado ambas partes habían protagonizado una mediación prejudicial que no llegó a ningún punto de acuerdo, por lo que Fernández, representado por el abogado Gregorio Dalbón, demandó a la presidenta del PRO por 100 millones de pesos.

«La difamación en relación a las negociaciones con la vacuna del laboratorio Pfizer entra en etapa judicial. El presidente Alberto Fernández donará todo el resarcimiento al Instituto Malbrán como ya dijo», anunció Dalbón, en junio pasado, a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

La conciliación prevista para este martes es diferente a la anterior dado que la misma será ante el juez del caso y, sí la demandada no cambia de postura, el caso se abrirá a prueba, es decir que comenzará a investigarse sí efectivamente Bullrich difamó al jefe de Estado.

La exministra de Seguridad había asegurado en una entrevista televisiva que el Gobierno intentó colocar un «socio local» en las negociaciones con Pfizer y aseguró que eso significaba el intento de obtener un «retorno» a cambio de comprar las vacunas elaboradas por ese laboratorio.

Los dichos de Bullrich fueron desmentidos por el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa, primero, y por medio de sus representantes en una audiencia pública desarrollada en el Congreso de la Nación después.

El pasado 8 de junio, el propio laboratorio negó en la Cámara de Diputados la existencia de algún «pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios» en las negociaciones con el Gobierno nacional para la adquisición de vacunas contra el coronavirus y descartó tener «interés» en bienes naturales o reservas del Banco Central.

«En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios», aseveró en su momento el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara baja, en la que también aseguró que el laboratorio está haciendo «el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina».

Al momento de la demanda, el Ejecutivo consideró que los dichos de Bullrich revestían «hechos de gravedad institucional», porque implicaban sembrar sospechas en las entonces ya complicadas negociaciones para conseguir vacunas contra el coronavirus, en medio de una pandemia.