★ El juez Herman Mendel, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 30, suspendió este martes mediante una medida cautelar la totalidad de los efectos del acuerdo que disponía la transferencia del Fuero Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La resolución se dictó en una causa iniciada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), el sindicato que conduce Julio Piumato, afiliado a la CGT, y tendrá vigencia hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión. El magistrado ordenó además al Estado Nacional presentar un informe en el plazo de tres días hábiles.

El acuerdo suspendido es el mismo que figura como Anexo I de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, firmado entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que conduce Jorge Macri, y que preveía el cierre progresivo de 30 juzgados de primera instancia y de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT), afectando a más de 1.500 agentes judiciales.

Por qué prosperó esta cautelar y no la de la CGT

El contraste con lo ocurrido la semana anterior es políticamente significativo. El miércoles 11 de marzo, el juez federal Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7, había rechazado la cautelar que la propia CGT presentó el 6 de marzo contra los mismos artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral, al considerar que no se habían acreditado el perjuicio irreparable ni el peligro en la demora requeridos para ese tipo de medidas de urgencia.

El juez Mendel llegó a la conclusión opuesta. En su resolución, consideró acreditados en esta etapa inicial del proceso los dos requisitos procesales que Lavié Pico había descartado: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. La diferencia no es menor desde el punto de vista técnico: el juzgado laboral que dictó la cautelar tiene competencia directa sobre las condiciones de trabajo de los empleados judiciales afectados por el traspaso, lo que le otorga una perspectiva distinta a la del juzgado contencioso administrativo federal donde la CGT había radicado su presentación.

Mendel también señaló en su fallo posibles irregularidades en el procedimiento de transferencia: según el magistrado, no se habría cumplido con mecanismos previstos en la Ley 24.588, en particular la intervención de la Comisión Bicameral que esa norma exige para determinadas transferencias de competencias entre el Estado Nacional y la Ciudad. El juez mencionó además antecedentes recientes en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal que avalan planteos similares sobre la implementación de órganos judiciales locales en materia laboral.

Qué había pedido la UEJN y qué logró

La UEJN solicitó en su presentación la declaración de inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley, del decreto reglamentario y del acuerdo de transferencia, al sostener que afectan derechos laborales, la estabilidad de los trabajadores judiciales y la estructura del fuero especializado. El sindicato advirtió sobre la ausencia de garantías respecto del traspaso del personal, los posibles cambios en las condiciones laborales y el impacto sobre los más de 1.500 agentes judiciales involucrados. Con la cautelar dictada, esos efectos quedaron suspendidos hasta que haya sentencia definitiva.

La CGT celebra y recuerda el trasfondo político del traspaso

La CGT recibió el fallo con declaraciones públicas de satisfacción. En un comunicado, la central sostuvo que la resolución «expone la gravedad institucional de las medidas impulsadas, que avanzaban sobre este fuero sin respetar los procedimientos constitucionales ni las garantías que aseguran la independencia judicial y la protección efectiva de los derechos laborales».

La central también advirtió que «este ámbito de Justicia es clave para equilibrar las desigualdades entre capital y trabajo» y que «debilitarlo o desarticularlo implicaría un retroceso en materia de derechos sociales y una afectación directa al principio protectorio de la Constitución Nacional«. El comunicado recordó que la transferencia generaba «incertidumbre sobre las condiciones de miles de trabajadores judiciales, afectando su estabilidad, su carrera y sus derechos».

El trasfondo político de la disputa es explícito: que el Fuero Laboral pase a depender del gobierno de Jorge Macri implica que los jueces especializados en conflictos entre trabajadores y empleadores queden bajo la órbita de un ejecutivo porteño aliado del presidente Milei. Para el sindicalismo, esa subordinación no es administrativa sino política, y apunta a reducir la capacidad del fuero de actuar como contrapeso institucional frente a los atropellos de los empleadores, precisamente en el momento en que la reforma laboral modifica en profundidad las reglas del mercado de trabajo.

Un mapa judicial que se complejiza

La cautelar dictada este martes por Mendel se suma a un escenario judicial que, en apenas diez días, acumuló varios pronunciamientos relevantes. El juez cordobés Ricardo Gileta declaró inconstitucional el artículo 55 el 10 de marzo; el Tribunal del Trabajo N° 3 de La Plata replicó ese criterio el 13 de marzo; Lavié Pico rechazó la cautelar cegetista el 11 de marzo; y ahora Mendel suspendió el traspaso del fuero desde un juzgado laboral nacional.

La Ley de Modernización Laboral enfrenta así una impugnación judicial simultánea en múltiples fueros y jurisdicciones, con resultados dispares pero con una tendencia que los tribunales del trabajo del interior y de la provincia de Buenos Aires vienen marcando con claridad: la norma presenta problemas constitucionales serios que la Justicia no está dispuesta a ignorar.

Puntos clave:

• El juez Herman Mendel, del Juzgado Nacional del Trabajo N° 30, suspendió este martes 17 de marzo los efectos del acuerdo de transferencia del Fuero Laboral a la Ciudad de Buenos Aires (fuente: texto de la resolución judicial).
• La cautelar fue dictada en una causa iniciada por la UEJN, sindicato que conduce Julio Piumato, afiliado a la CGT.
• El fallo suspende el Anexo I de la Ley 27.802, que preveía el cierre de 30 juzgados laborales y la Sala VII de la CNAT, afectando a más de 1.500 agentes judiciales.
• El juez señaló posibles irregularidades en el procedimiento de transferencia por incumplimiento de la Ley 24.588, que exige intervención de la Comisión Bicameral.
• La medida tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva; el Estado Nacional deberá presentar un informe en tres días hábiles.