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Diversas organizaciones LGTBIQ repudiaron el ataque al bar Maricafé
«Estamos exigiendo consecuencias porque si no, la ley queda en nada», pidió el dueño del lugar.
Organizaciones del colectivo de la diversidad sexual, organismos y funcionarios usaron este lunes sus redes sociales para repudiar el ataque a un bar LGBT+, del barrio porteño de Palermo, perpetrado por desconocidos en la madrugada del sábado y exigieron «justicia» por este hecho que calificaron como un ataque de odio.
Al amanecer del sábado y cuando ya estaba cerrado, el bar Maricafé de Honduras 4096, fue objeto de un atentado que quedó registrado por las cámaras de seguridad, que permiten ver como dos hombres arrojan una almohada prendida fuego a las puertas del lugar.
La agresión y las imágenes que daban cuenta de ella fueron difundidas por el bar en sus redes sociales pocas horas después. «Esta madrugada, a las 5:23 AM, dos individuos prendieron fuego -lo que aparenta ser- una almohada destrozada y arrojaron en llamas su contenido hacia nuestra puerta, reforzando en una segunda instancia el remanente en llamas. Antes de marcharse se quedaron observando por segunda vez y se retiraron», postearon ese mismo día.
«Ningún otro local de la zona padeció algo parecido, con muchísima suerte, el fuego no ingresó al local y no hubo daños materiales», agregaron.
El propietario del lugar, Pablo Terrera, explicó que las grabaciones ya fueron entregadas a la Fiscalía donde quedó radicada la denuncia, sin que hasta el momento hayan podido ser identificados los dos sospechosos.
«La verdad, tuvimos mucha suerte de que estaba la reja y lo que tiraron no rompió el vidrio, con lo cual el fuego no agarró las mesas y no se incendió más», dijo.
Terrera explicó que conforme fueron pasando las horas se fue convenciendo de que se trató de un ataque de odio y pidió a las autoridades un rápido esclarecimiento del hecho como un «mensaje político» de apoyo a la comunidad LGBT+.
«Somos una minoría legitimada por la mayoría, por un Parlamento, y desde ese lugar estamos exigiendo consecuencias (para acciones como ésta), porque si no, la ley queda en nada», agregó.
Terrera contó que si bien «nunca tuvimos un ataque parecido» en los tres años de vida del local, «lo más parecido» tuvo lugar durante las celebraciones del Día del Orgullo el pasado 6 de noviembre, cuando «46 denuncias de vecinos» del barrio intentaron poner fin a un festival callejero que contaba con todas las habilitaciones y la transmisión en vivo de la Radio de la Ciudad, dejando en evidencia que «lo molesto no es el ruido sino la visibilidad».
«No había instancia para que pudieran decir algo, era solo el odio de vecinos que se ocultan detrás de denuncias burocráticas porque no todos tienen esa impunidad de hacerlo tan explícito» como los atacantes del sábado, dijo.
Conocida la noticia, las organizaciones de la diversidad expresaron su rechazo. «Repudiamos el ataque a uno de los lugares de encuentro más significativos de nuestra comunidad», comienza el comunicado la organización.
Además de expresar su solidaridad con los dueños de este emprendimiento, la Federación informó que «junto con la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la CABA nos pusimos a disposición desde el primer momento para acompañar en las denuncias correspondientes»
«La violencia que sufre la comunidad LGBT+ es muchas veces invisibilizada, por eso volvemos a exigir el tratamiento urgente del proyecto que hemos presentado en el Congreso de la Nación de una nueva Ley Antidiscriminatoria Nacional, que permita una real garantía de acceso a la Justicia en los casos de violencia y de crímenes de odio contra las personas LGBT+, como el que ocurrió en Maricafé», expresó Flavia Massenzio, Presidenta de la Federación Argentina LGBT+.
También la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) repudió el «ataque homofóbico al Bar Maricafé, uno de los espacios de encuentro de nuestra comunidad LGTBIQ+ de la Ciudad de Buenos Aires» «Estos hechos de homofobia continúan repitiéndose y en algunos casos han sido ataques a las sedes de nuestras organizaciones, como lo fue el intento de incendio en las ventanas de la sede de la CHA el año pasado, y la Justicia no está dando respuestas en la mayoría de los casos», dijeron en un comunicado.

Por eso, exigieron a la justicia «celeridad en las investigaciones penales, para saber quiénes son los responsables de estos ataques y solicitamos a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires redoblar sus esfuerzos para evitar estos daños y el amedrentamiento a las personas y a los espacios de encuentro de nuestra comunidad».
A su turno, desde las redes de Fundación Igualdad reclamaron «¡Basta de LGBTIQ+odio y violencias contra las personas y espacios de la diversidad sexual! Exigimos justicia para terminar con el silencio y la impunidad cómplice». «Venimos denunciando el avance de la violencia y los discursos de odio en todo el país y la región, pero específicamente en la Ciudad de Buenos Aires estamos viendo hace varios años que no hay una política pública de repudio, de condena y de búsqueda de justicia porque la mayoría de los eventos queda impune», dijo a Télam el titular de la Fundación, Pedro Paradiso Sottile.
En relación a la Justicia, el activista señaló, además, que la institución «no está preparada en perspectiva de diversidad y derechos humanos» para recepcionar estas denuncias y, «en lo que tiene que ver con la investigación penal», cuando se producen estos ataques «no está desde el principio la mirada sobre la LGBTI fobia o el LGBTI odio».
Interviene la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°5, a cargo del Dr. Kessler, quien ante la Secretaría Única de la Dra. Zalazar, dispuso actuaciones por «Averiguación de daño, incendio e intimidación». Además solicitó la revisión de las cámaras de seguridad.
Por su parte, el secretario de Transporte y Obras Públicas de Ciudad de Buenos Aires, Juan José Méndez, tuiteó un mensaje de apoyo a la búsqueda de justicia. «Por actos de odio como este es que tenemos que seguir marchando y visibilizando. La homofobia todavía es una realidad. Mi solidaridad con los amigxs de Maricafé», escribió.
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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