DDHH
A 48 años de La Noche de los Lápices: Memoria
En medio de la baja al presupuesto educativo de Milei, se conmemora un nuevo aniversario del hito de la lucha estudiantil.
Estudiantes secundarios del Colegio Normal 3 de La Plata fueron secuestrados un 16 de septiembre de 1976, hace 48 años, por efectivos a la órdenes del entonces jefe de la Policía bonaerense, coronel Ramón Camps, en el marco de un operativo de represión ilegal que se conocería como «La Noche de los Lápices».

Las víctimas eran militantes que habían participado en la movilización que un año antes había conseguido la implementación del Boleto Estudiantil Secundario (BES) en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
En agosto de 1976, la dictadura cívico militar decidió suspender este beneficio con el propósito de identificar a los referentes del movimiento estudiantil que habían encabezado este reclamo.
Así consta en un documento de inteligencia titulado «La Noche de los Lápices», que años más tarde fue hallado en dependencias de la Policía bonaerense, y en el cual el comisario mayor Alfredo Fernández describe las acciones que se debían emprender contra estos jóvenes, «integrantes de un potencial semillero subversivo».
La noche del 16 de septiembre se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército para capturar a nueve jóvenes que tenían entre 16 y 18 años. La mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), una agrupación de superficie que estaba ligada a la organización Montoneros.
Claudio De Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Racero y Horacio Ungaro eran arrancados de sus domicilios en la primera jornada de esa acción criminal.
El 17 de septiembre, los represores apresaban a Emilce Moler y Patricia Miranda, que estudiaba en el Colegio de Bellas Artes de La Plata.Cuatro días después era detenido Pablo Díaz, quien formaba parte de las Juventud Guevarista, un grupo vinculado al Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
Todos fueron conducidos al centro clandestino de detención conocido como Arana, donde se los torturó durante semanas, y luego se los trasladó al Pozo de Banfield.Moler y Díaz fueron liberados tras permanecer dos años, entre cautivos y detenidos.
Miranda también salió viva de Arana, la trasladaron al Pozo de Quilmes y finalmente quedó alojada en la cárcel de Villa Devoto, a disposición del Poder Ejecutivo hasta marzo de 1978.
Gustavo Calotti, que había terminado el secundario un año antes, cayó en cautiverio el 8 de septiembre, y se lo considera un sobreviviente de estos hechos, ya que padeció la tortura junto a estos jóvenes.
El resto de estos estudiantes secundarios permanecen aún desaparecidos y componen la nómina de 232 de adolescentes secuestrados durante la última dictadura cívico militar.
En 1985, Díaz testimonió en el «Juicio a la Juntas» donde dio cuenta de sus padecimientos, que dieron origen a una causa judicial, pero la sanción en 1987 de la Ley de Obediencia Debida impidió que el comisario Miguel Etchecolatz, autor material de estos secuestros y desapariciones, enfrentara la acción de la Justicia.
Tras derogarse en 2003 las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos dictados por el expresidente Carlos Saúl Menem, se iniciaron los juicios de lesa humanidad y Etchecolatz recibió sentencias por varios crímenes.
Al expolicía se lo halló culpable junto a otros 15 represores en el juicio por los delitos cometidos en el Circuito Camps, un proceso en el que se investigó el caso de La Noche de los Lápices, además de otros crímenes perpetrados en los centros clandestinos de detención de La Plata y zonas cercanas.
Pese al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), los cuerpos de las víctimas aún no pudieron ser identificados.
El excabo de la policía Roberto Grillo, que participó en el secuestro de los estudiantes, le confió hace años a la familia Ungaro que debió «quemar los cuerpos de los chicos», pero que él no los mató.
En reconocimiento a la lucha de este grupo de jóvenes militantes desparecidos se conmemora cada 16 de septiembre, desde el 2006 y por decisión del entonces presidente Néstor Kirchner, el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.
DDHH
Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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