Santa Fe
Santa Fe implementa narcotests obligatorios para fuerzas de seguridad: Pullaro fue el primero
Los controles serán sorpresivos, obligatorios y condicionarán el ingreso y los ascensos en la Policía y el Servicio Penitenciario. “Aquí no se persigue, pero tampoco se permite el consumo en funciones sensibles”, advirtió el gobernador.
En una apuesta por mostrar rigor institucional y liderazgo político, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, anunció este miércoles la puesta en marcha de controles antidoping obligatorios para todos los integrantes de las fuerzas de seguridad de la provincia. La iniciativa, que contempla pruebas sorpresivas y periódicas, alcanzará tanto a policías como a agentes del Servicio Penitenciario y también a funcionarios políticos del Ministerio de Seguridad.
Para dar el ejemplo, Pullaro fue el primero en someterse a la prueba. Lo hizo ante cámaras y obtuvo un resultado negativo.
🧪 Narcotest: qué mide, a quién alcanza y cómo se aplica
El test es un hisopado bucal que detecta cocaína, marihuana, benzodiazepinas, opioides, metanfetaminas y anfetaminas. Será obligatorio en los ingresos y ascensos, y se aplicará también de manera sorpresiva y no preanunciada. El examen se realizará en laboratorios externos, mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología. Los resultados serán confidenciales, entregados en sobres cerrados a superiores jerárquicos y, en última instancia, al propio gobernador.
🧑✈️ Pullaro: “Queremos la mejor fuerza del país”
Durante la presentación, el mandatario defendió la iniciativa como una herramienta clave para fortalecer la integridad institucional:
“Queremos tener la mejor fuerza de seguridad de la Argentina. Para eso no alcanza con la infraestructura: también necesitamos que nuestros hombres y mujeres estén en condiciones”.
Pullaro remarcó que no se trata de una medida punitiva ante consumos problemáticos, sino de una política de control con criterios de salud pública y transparencia:
“Aquí no se persigue a nadie por un consumo, pero no vamos a permitir que funcionarios que cumplen roles sensibles consuman sustancias ilegales”.
📌 ¿Qué pasa si un test da positivo?
Si se detecta un consumo problemático, se priorizará la atención desde el sistema de salud. Sin embargo, si la persona ocupa un rol jerárquico o sensible, podrá ser apartada del cargo de forma inmediata. La falta injustificada a una convocatoria será considerada una falta disciplinaria grave que incide en la carrera del agente.
🛡️ Una política diseñada en 2017
Pullaro ideó esta medida cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad provincial en 2017, pero recién ahora logró implementarla. Su actual ministro, Pablo Cococcioni, también se sometió al test junto a otros 30 funcionarios.
“Es una política de integridad institucional. Queremos fuerzas que protejan a la sociedad y que exhiban transparencia activa”, concluyó Cococcioni.
Santa Fe
El Gobierno recurre al FBI para encuadrar la violencia juvenil como un fenómeno tecnológico
Tras el crimen escolar en Santa Fe, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva descartó el factor del bullying y apuntó a la existencia de grupos juveniles misantrópicos. Con el respaldo del FBI, el oficialismo busca encuadrar la tragedia en un fenómeno de criminalidad digital mientras se debate la baja de la edad de imputabilidad.
San Cristóbal: el Gobierno agita el fantasma de las culturas subdigitales
★ En una conferencia de prensa brindada este miércoles en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la investigación sobre el tiroteo en una escuela de San Cristóbal permitió detectar la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas en Argentina. La funcionaria, acompañada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que estos grupos no responden a dinámicas de acoso escolar tradicional sino a pautas de admiración por asesinatos y tiroteos masivos, con un fuerte componente de misantropía y voluntad de ejecución de actos violentos.
El diagnóstico oficial y la sombra del FBI
Según los datos aportados por la ministra, el análisis exhaustivo realizado por la Policía Federal en conjunto con el FBI permitió identificar 15 casos similares en los últimos dos años, sumados a otros cuatro que actualmente se encuentran bajo estudio. El Gobierno sostiene que estos jóvenes integran comunidades virtuales donde se analizan masacres previas y se fomenta el odio generalizado hacia la sociedad.
Esta caracterización técnica ocurre apenas días después de que la justicia santafesina confirmara la detención de un segundo adolescente por el encubrimiento del tiroteo. Como ya se informó en este medio, la causa se expandió rápidamente a otras ciudades a medida que las pericias sobre los dispositivos electrónicos revelaron conexiones más allá de los límites de la provincia de Santa Fe.
La inimputabilidad y el vacío de políticas públicas
El foco puesto en la tecnología por parte de la cartera de Seguridad parece eludir un debate que el Ministro de Justicia santafesino ya puso sobre la mesa (el adolescente responsable del ataque no es punible bajo el régimen legal vigente). Al catalogar el hecho como un fenómeno de cultura subdigital, el discurso oficial tiende a desplazar la responsabilidad del entorno social y las carencias del sistema educativo para detectar señales de alerta temprana.
Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, si bien el uso de plataformas como Discord facilitó la coordinación o el intercambio de material violento, el problema de fondo sigue siendo la ausencia de un Estado eficiente que garantice la contención de menores en situación de vulnerabilidad psicológica. La insistencia del Gobierno en resaltar la cooperación con organismos extranjeros como el FBI refuerza una narrativa de seguridad nacional sobre un hecho que, para diversos especialistas en niñez, requiere un abordaje integral de derechos sociales y laborales.
Antecedentes y derivaciones de la causa
El caso de San Cristóbal se suma a una serie de incidentes que el Ministerio de Seguridad intenta agrupar bajo una misma lógica criminalística. Sin embargo, el análisis crítico de estos hechos revela que la focalización en la violencia digital suele ser utilizada para justificar medidas de vigilancia más estrictas sobre la juventud, omitiendo el impacto de la crisis económica y el sobreendeudamiento de las familias en la salud mental de los adolescentes.
Mientras la investigación avanza, queda claro que la etiqueta de cultura subdigital será el eje de la estrategia oficial para pedir reformas en el código penal, alejando el foco de la soberanía educativa y la inversión en políticas de prevención que el sector libertario ha desmantelado sistemáticamente bajo la premisa del ajuste fiscal.
Puntos clave:
- La ministra Alejandra Monteoliva descartó que el caso de San Cristóbal sea un episodio de bullying.
- Se detectaron 15 casos de conductas violentas ligadas a grupos digitales en los últimos dos años.
- La Policía Federal y el FBI colaboran en el análisis de las redes de los adolescentes implicados.
- El Gobierno utiliza el concepto de culturas subdigitales para explicar la admiración por tiroteos masivos.
- La justicia santafesina mantiene el debate sobre la no punibilidad de los involucrados debido a su edad.
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