Economía
El boleto mínimo del AMBA sube a $700 desde este lunes: cómo queda el cuadro tarifario completo
El Gobierno de Milei aplica desde este lunes la segunda etapa de un aumento escalonado del 41,46% en las tarifas de las 104 líneas de jurisdicción nacional. El impacto golpea el bolsillo de millones de trabajadores del conurbano en un contexto de salarios que no alcanzan a cubrir la canasta básica.
★ El Gobierno nacional oficializó un aumento del 41% en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires, a través de la Resolución 8/2026, aplicado de forma escalonada entre febrero y marzo. El primer tramo del incremento comenzó a regir el 17 de febrero, con una suba del 31%, que llevó el boleto mínimo a 50. El segundo ajuste se aplica desde el 16 de marzo, con un alza adicional del 10%, que eleva ese mismo tramo a 00.
La decisión fue oficializada por la Secretaría de Transporte a través de la Resolución 11/2026. La medida alcanza a las líneas que cruzan la General Paz o el Riachuelo, es decir, a los servicios que conectan la Ciudad Autónoma con el conurbano bonaerense y que son el principal medio de movilidad laboral de millones de trabajadores del Gran Buenos Aires.
El cuadro tarifario completo
El boleto mínimo de 00 se aplica para los tramos de 0 a 3 kilómetros de recorrido, y asciende a .113 para pasajeros con SUBE sin nominar. Para recorridos de 3 a 6 kilómetros, el precio pasa a 79,78 (.239 para SUBE sin nominar). Para quienes viajen entre 6 y 12 kilómetros el precio a pagar será de 38,86 (.335,38 sin nominar). Para recorridos de entre 12 y 27 kilómetros el boleto aumenta a 99,99 (y un 59% más caro si pagan con SUBE sin nominar, a .430,98). Para quienes viajen más de 27 kilómetros el costo será de 59,71 (.525,94 sin nominar).
La diferencia punitiva entre tener o no la tarjeta registrada a nombre del usuario sigue siendo uno de los aspectos más regresivos del esquema: quienes no registren la SUBE pagarán entre un 60% y un 70% más por el mismo recorrido.
El argumento oficial y sus límites
La resolución de Transporte que habilitó el aumento señala que «se han registrado y reconocido incrementos en los precios de insumos y servicios, incluyendo al gasoil, seguro de responsabilidad civil del parque móvil del autotransporte público de pasajeros, el precio del material rodante y el de los repuestos necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo», y que resulta «necesario trasladar una parte de los costos de explotación de tales servicios a los cuadros tarifarios».
Lo que el texto oficial no menciona es que ese traslado de costos al usuario se enmarca en una política deliberada de desfinanciamiento del transporte público. Los aumentos dispuestos por el área de Transporte se inscriben en la política económica oficial de reducir constantemente el monto de subsidios públicos, parte del gasto fiscal.
El anterior aumento de los boletos de colectivos en el AMBA había sido en noviembre, cuando la variación fue del 10%. La acumulación de ajustes sucesivos configura un patrón sistemático de transferencia de costos hacia los sectores de menores ingresos, precisamente los que más dependen del transporte público.
La brecha que no cierra
A pesar de que el Gobierno nacional presenta la tarifa de las líneas interjurisdiccionales como la más accesible del AMBA, la fotografía completa muestra una fragmentación que perjudica en especial a los trabajadores del conurbano. En el caso de los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires, la diferencia entre boletos mínimos llega al 18,93%, y el boleto mínimo en la provincia es de 32,57 en marzo. En las líneas que circulan íntegramente dentro del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros es de 81,85 con SUBE registrada.
La fragmentación tarifaria entre jurisdicciones implica que un trabajador que, en su traslado diario, combina una línea provincial con una interjurisdiccional, acumula costos de distinto escalón en cada viaje.
El salario que no alcanza
El dato que la Secretaría de Transporte omite en sus comunicados es la relación entre la tarifa y el poder adquisitivo real de los trabajadores. El salario mínimo vital y móvil en Argentina se ubicó en 46.800 mensuales en febrero de 2026. Un trabajador que percibe ese ingreso y realiza dos viajes diarios en líneas de jurisdicción nacional, con SUBE registrada, gasta en transporte solo de ida y vuelta a su trabajo aproximadamente 0.800 mensuales, lo que representa alrededor del 8,9% de su salario mínimo. Si además debe realizar combinaciones o usa tramos más largos, ese porcentaje trepa considerablemente.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Argentina registró una fuerte reducción del poder adquisitivo de los salarios, siendo el único país de América Latina con una variación negativa a lo largo de la última década.
El esquema de actualización mensual deja abierta la posibilidad de nuevas subas en los meses siguientes, si la inflación se mantiene en alza. En ese escenario, el valor del pasaje volverá a ajustarse antes de mitad de año.
Deuda externa
Economía salió a buscar $8 billones en el mercado y lanzó un nuevo bono en dólares para cubrir vencimientos
El Tesoro enfrentó una nueva prueba de fuego en el mercado de deuda local: licitó $8 billones en títulos públicos y anunció la emisión de un instrumento en moneda extranjera destinado a afrontar compromisos que vencen en el tercer trimestre del año. La operación puso en evidencia la persistente fragilidad del financiamiento soberano y renovó el debate sobre la sustentabilidad de la estrategia fiscal del gobierno de Javier Milei.
La licitación: $8 billones bajo la lupa del mercado
El Ministerio de Economía convocó a una nueva licitación de deuda en pesos por un monto de $8 billones, una cifra que refleja la magnitud de los vencimientos acumulados que el Tesoro debió renovar para no recurrir a la emisión monetaria directa.
Los instrumentos ofrecidos incluyeron Letras del Tesoro (LECAPs) y bonos ajustados por inflación (Boncer), con plazos que apuntaron a extender el perfil de vencimientos hacia el segundo semestre del año. La demanda del mercado, compuesta principalmente por bancos, fondos comunes de inversión y aseguradoras, fue el termómetro que determinó el costo real del financiamiento para el Estado.
El bono en dólares: un puente hacia julio
En paralelo a la licitación en pesos, el Gobierno anunció la emisión de un nuevo bono denominado en dólares. El instrumento tuvo un objetivo concreto y acotado: generar los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos de deuda externa que se concentraron en julio.
La decisión implicó aumentar el stock de deuda en moneda dura, una variable que el mercado monitorea con especial atención en el contexto del programa acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Gobierno optó por anticiparse con esta emisión en lugar de esperar a resolverlo con reservas del Banco Central, una señal de que la estrategia prioriza preservar el nivel de activos externos del BCRA.
El FMI en el cuarto de al lado
El acuerdo vigente entre Argentina y el FMI estableció metas sobre el financiamiento neto del Tesoro y sobre la acumulación de reservas internacionales, dos variables directamente afectadas por las decisiones de licitación y emisión de deuda.
El programa con el Fondo exigió que el Tesoro no recurriera al financiamiento del BCRA, es decir, que toda necesidad de caja se cubriera en el mercado, y que el resultado fiscal primario se mantuviera en terreno superavitario. Bajo ese esquema, las licitaciones dejaron de ser una opción y se convirtieron en una obligación estructural del modelo.
Endeudamiento: el elefante en la sala
El Gobierno de Milei asumió con el discurso del ajuste fiscal y la eliminación del déficit. Los números primarios acompañaron esa narrativa durante 2024 y 2025. Pero el superávit primario coexistió con un déficit financiero que siguió engordando la deuda total, porque los intereses de los pasivos ya acumulados superaron el ahorro generado por el ajuste del gasto.
Cada nueva licitación y cada nuevo bono representaron un ladrillo más en la muralla de obligaciones futuras. Los defensores de la política oficial argumentaron que se trató de deuda a tasas de mercado y sin emisión monetaria. Los críticos advirtieron que la acumulación de vencimientos en horizontes cada vez más cercanos genera una vulnerabilidad estructural que el próximo ciclo electoral podría activar.
Puntos clave
- El Gobierno licitó $8 billones en deuda en pesos para refinanciar vencimientos del Tesoro.
- Lanzó un nuevo bono en dólares para cubrir vencimientos concentrados en julio.
- La estrategia se enmarcó en el acuerdo con el FMI, que prohíbe financiamiento del BCRA al Tesoro.
- El superávit primario no eliminó el déficit financiero por el peso de los intereses de deuda.
- Cada emisión sumó presión al perfil de vencimientos futuros en un año con ciclo electoral.
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