★ El gobierno de Javier Milei formalizó este lunes un nuevo capítulo de su política de reducción del Estado con la publicación de la Resolución 68/2026 en el Boletín Oficial, que aprueba el Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR) para el personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). La medida se encuadra en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo (N° 20.744), que regula la desvinculación por «voluntad concurrente» de ambas partes, y establece una gratificación extraordinaria de hasta $80 millones pagadera en una o dos cuotas según el monto total que corresponda a cada trabajador.

Cómo funciona el esquema y quiénes pueden adherir

El plan establece que podrán sumarse los empleados de ANSES con al menos dos años de antigüedad, con un período de adhesión que se extiende hasta el 5 de abril de 2026. La norma aclara de manera explícita que la adhesión «constituye un acto estrictamente voluntario del agente, y su otorgamiento se encuentra sujeto a la exclusiva evaluación y aprobación de la ANSES, sin generar derecho subjetivo alguno a su concesión«. En términos prácticos, esto significa que un empleado puede solicitar el retiro y el organismo puede rechazarlo sin obligación de justificación.

La gratificación se calcula sobre el 90% por cada año de antigüedad efectiva, tomando como base los conceptos brutos mensuales normales y habituales, con un tope de 24 haberes brutos y un límite de pago de $80 millones. Cuando el monto supere esa cifra, el pago se dividirá en dos cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Para formalizar la desvinculación, el acuerdo deberá firmarse mediante escritura pública o ante la autoridad judicial o administrativa del trabajo y luego ratificarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) para su homologación.

Las exclusiones que revelan las prioridades del esquema

La lista de exclusiones que fijó la resolución no es neutra. Quedan afuera del plan los empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública, quienes estén en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado renuncia, quienes superen los 62 años y quienes tengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de ellos. Este último punto merece atención particular: condicionar el acceso al retiro voluntario a que el trabajador abandone un juicio laboral en curso implica, en los hechos, usar el incentivo económico del plan como herramienta para licuar conflictos judiciales contra el propio Estado empleador.

El punto más sensible políticamente, sin embargo, es otro. La resolución estipula que los empleados con mandatos sindicales vigentes deberán renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder adherir al plan. La tutela sindical es la protección legal que impide el despido de los representantes gremiales sin autorización judicial previa, un derecho consagrado por la Ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551. Exigir su renuncia como condición de acceso al plan equivale, en la práctica, a crear un incentivo económico para que los representantes gremiales abandonen su rol de protección colectiva de los trabajadores del organismo.

El contexto: ANSES en el centro de la reducción del Estado

La medida se inscribe en la política sistemática de achicamiento de la planta estatal que el gobierno de Milei viene ejecutando desde diciembre de 2023. ANSES administra el sistema previsional argentino y es uno de los organismos con mayor dotación de personal del Estado nacional. No es la primera vez que el ejecutivo lanza un esquema de retiros voluntarios en el sector público: durante 2024 se implementaron planes similares en distintos organismos, aunque los resultados en términos de reducción efectiva de personal fueron desiguales, según informaron en su momento medios como Infobae y La Nación.

El lanzamiento de este plan ocurre en una semana particularmente cargada para el mundo del trabajo argentino. El mismo lunes en que se publicó la resolución, el conflicto por la Ley de Modernización Laboral seguía abierto en múltiples frentes: la CGT aguarda la resolución de fondo de los amparos presentados ante la Justicia federal; el juez Enrique Lavié Pico rechazó la semana pasada la cautelar contra el traspaso del Fuero Laboral a la Ciudad de Buenos Aires; y el juez cordobés Ricardo Gileta emitió el primer fallo que declaró inconstitucional el artículo 55 de esa misma ley, que limita la actualización de los créditos en juicios laborales en curso.

En ese marco, un nuevo plan de desvinculación en el organismo que liquida las jubilaciones y pensiones de millones de argentinos no es solo una medida administrativa: es una señal política sobre el rumbo que el gobierno de Milei mantiene sin modificaciones, pese a la resistencia sindical, judicial y social de las últimas semanas.

Puntos clave:

• La Resolución 68/2026 fue publicada este lunes 16 de marzo en el Boletín Oficial (fuente: Boletín Oficial de la República Argentina).
• El plan se denomina RVR, se encuadra en el artículo 241 de la LCT y tiene como fecha límite de adhesión el 5 de abril de 2026.
• La gratificación es del 90% por año de antigüedad, con tope de 24 haberes brutos y límite de $80 millones; los montos superiores se abonan en dos cuotas.
• Los empleados con mandatos sindicales deben renunciar a su cargo y a la tutela sindical para poder adherir.
• Los trabajadores con litigios laborales pendientes solo pueden adherir si desisten expresamente de sus acciones judiciales.