Judiciales ⚖️

Crimen del empresario: hallaron sangre y un aro en la camioneta de una de las detenidas

El fiscal había requerido la detención de la gestora Flavia Lorena Bomrad, en virtud del «rol gravitante en momentos previos a la muerte de Pérez Algaba, en razón de la intima amistad y relación de confianza que unía a ambos».

Publicado hace

3 años

14.08.2023

ElArgentino.ar

Una gestora y amiga de Fernando Pérez Algaba, el empresario de 41 años hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge en julio pasado, fue detenida esta tarde tras un allanamiento en su casa y el secuestro de su vehículo, en el que se hallaron rastros de sangre, pelos y hasta un aro que, se presume, pertenecía a la víctima.

Fuentes policiales y judiciales aseguraron que se trata de la gestora Flavia Lorena Bomrad, quien se convirtió en la cuarta persona detenida en el marco de la causa, mientras que otros dos hombres, exsocios y examigos de la víctima aún permanecen prófugos.

Los investigadores aseguraron que la detención de Bomrad se concretó esta tarde durante un allanamiento realizado por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora en la casa de la gestora, en la calle Vicente López al 2658, de la localidad de Morón, en el oeste del conurbano bonaerense.

Allí, los policías secuestraron el automóvil de la mujer el que fue sometido a un peritaje y, según las fuentes, se hallaron rastros hemáticos, pelos y un aro que, se cree, que era el que utilizaba «Lechuga» Pérez Algaba cuando fue visto por última vez, en julio pasado.

Todos esos rastros ahora deberán ser peritados para establecer si puede extraerse un ADN y, en ese caso, poder ser comparado con el patrón genético del empresario descuartizado.

El juez de Garantías 4 de Lomas de Zamora, Sebastián Monelos, había rechazado en un principio el pedido del fiscal del caso, Marcelo Domínguez, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Lomas, respecto a la detención de la gestora, argumentando que no había elementos suficientes como para mantenerla tras las rejas.

En su pedido, el fiscal había requerido la detención de la gestora en virtud del «rol gravitante en momentos previos a la muerte de Pérez Algaba, en razón de la intima amistad y relación de confianza que unía a ambos».

También, como consecuencia del análisis de las comunicaciones que mantuvo el 18 de julio pasado la gestora con uno de los prófugos en la causa, Maximiliano Pilepich, que -a su criterio- «fueron con el propósito de asegurar el arribo de la víctima al predio ‘Renacer’ de General Rodríguez», donde fue visto por última vez Pérez Algaba.

Finalmente, para el fiscal también fue importante el hallazgo de una fuella de Bomrad en el emprendiendo inmobiliario Renacer.Sin embargo, el juez, en su resolución, había descartado todas estas cuestiones al asegurar que no eran suficientes como para dejarla detenida.

Fuentes judiciales y policiales admitieron que todo cambió en el allanamiento realizado esta tarde, ante el hallazgo de los restos hemáticos, pelos y el arito en el auto de la gestora, por lo que el juez Monelos convalidó la detención.

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Defensa

Fraude en la Armada: nueve militares apartados por una estafa millonaria en sueldos

Ocho capitanes de corbeta y un suboficial fueron pasados a disponibilidad tras detectarse irregularidades en la acreditación de haberes por casi 1.000 millones de pesos entre 2022 y 2026. La denuncia penal apunta a 23 personas, incluyendo civiles que cobraron sumas millonarias sin ningún vínculo con la fuerza.

Publicado hace

22 horas

18.09.2026

ElArgentino.ar

Nueve militares (ocho capitanes de corbeta y un suboficial) fueron pasados a disponibilidad por la Armada Argentina.

Cerca de 1.000 millones de pesos acreditados de forma irregular en cuentas de personal ajeno a la fuerza y de familiares de oficiales. Esa es la magnitud del fraude que sacude a la Armada Argentina y que derivó en el apartamiento inmediato de nueve militares de sus funciones, mientras la justicia federal avanza sobre una trama que involucra a 23 personas.

El almirante Juan Carlos Romay, jefe de la Armada Argentina, dispuso el pase a disponibilidad de ocho capitanes de corbeta y un suboficial como primera medida disciplinaria ante las irregularidades detectadas en la acreditación de haberes registradas entre julio de 2022 y enero de 2026, por un monto cercano a los 938 millones de pesos. La causa tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2, y la denuncia penal apunta a una maniobra de adulteración de recibos de sueldo con la inclusión de viáticos falsos por supuestos viajes al exterior.

La ingeniería del fraude

Según informó la propia Armada mediante un comunicado oficial, el esquema consistía en adulterar los recibos de haberes e incluir viáticos de personal que supuestamente viajaba al exterior, liquidando gastos que nunca se produjeron. Las irregularidades fueron detectadas en el marco de una investigación interna impulsada por la propia fuerza, que posteriormente derivó en la denuncia penal.

Entre los militares apartados se encuentra el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff, jefe del Departamento Revista de la Armada. Su esposa, María del Carmen Prieto, figura entre las beneficiarias de los pagos irregulares: recibió 152,2 millones de pesos distribuidos en 46 acreditaciones en su cuenta bancaria personal.

Civiles sin vínculo con la fuerza cobraron millones

La denuncia también incluye a tres personas sin ninguna relación con la Armada que percibieron sumas de dinero provenientes del mismo circuito irregular. Andrés Santana cobró 99,4 millones de pesos; Amalia Cristina Díaz recibió 91,9 millones; y Natalia Carolina Yahia percibió 90,4 millones. La participación de civiles externos a la estructura castrense revela que la maniobra no fue improvisada ni acotada: requirió articulación con personas ajenas a la cadena de mandos para dispersar los fondos sustraídos.

En total, la estafa asciende a una suma cercana a los 1.600 millones de pesos si se consideran todos los montos denunciados, aunque la investigación interna de la Armada acota en 938 millones el período comprendido entre 2022 y 2026.

La respuesta institucional y sus límites

El comunicado oficial de la Armada remarca la «política de tolerancia cero frente a cualquier situación de fraude, corrupción, irregularidad o conducta contraria a la ética». Sin embargo, el apartamiento del personal tendrá vigencia solo hasta que se determine la eventual responsabilidad disciplinaria, lo que deja abierta la posibilidad de reincorporación según el resultado de las actuaciones. A los militares involucrados se les aplicará el Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas, en paralelo a la causa penal federal en curso.

El caso expone una vez más las vulnerabilidades del sistema de control interno de las fuerzas de seguridad y el riesgo de captura institucional cuando los mecanismos de auditoría son insuficientes o tardíos. Que la irregularidad haya podido sostenerse durante más de tres años sin ser detectada por los controles ordinarios es, en sí mismo, un dato que merece respuesta institucional más allá de los apartamientos.