Conectate con El Argentino

Investigación 🔎

“Nadie me informó sobre barrabravas”: la jueza Karina Andrade expone las mentiras del Gobierno

La magistrada que ordenó la liberación de los detenidos tras la represión en la marcha de jubilados afirmó que no recibió información sobre la supuesta presencia de hinchas de fútbol en la protesta. Patricia Bullrich había señalado a los barrabravas como responsables de los incidentes.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-La jueza Karina Andrade.

La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos tras la violenta represión policial en la marcha de jubilados, contradice la versión oficial. Aseguró que “nadie” le informó sobre la presencia de barrabravas en la protesta, esta afirmación echa por tierra el relato del Gobierno de Javier Milei, que había justificado el accionar represivo señalando a grupos de hinchas de fútbol como responsables de los disturbios.

“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, afirmó la magistrada en diálogo con la prensa. Además, advirtió que varias de las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad “no fueron informadas ni cumplieron con los requisitos mínimos”.

La estrategia oficial: desviar el foco con los barrabravas

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que los disturbios registrados durante la protesta frente al Congreso fueron generados por “barras bravas del fútbol argentino y grupos kirchneristas que buscan desestabilizar”. Sin embargo, las palabras de la jueza Andrade desmienten esta afirmación, dejando en evidencia la falta de pruebas para sostener esa teoría.

Las imágenes de la represión, en las que se observa a la Policía Federal y la Prefectura disparando balas de goma y gases lacrimógenos contra jubilados, docentes y trabajadores, generaron una ola de repudio y obligaron al oficialismo a buscar un culpable externo.

Un intento de criminalizar la protesta social

El intento del Gobierno de vincular la manifestación con el accionar de barrabravas no es nuevo. Durante las protestas contra la Ley Ómnibus, el oficialismo también intentó instalar la idea de “infiltrados violentos” para justificar la represión. Ahora, con la jueza Andrade desmintiendo la versión oficial, se refuerza la sospecha de que se trató de una estrategia para criminalizar la protesta social y deslegitimar las demandas de los jubilados.

Repercusiones y próximos pasos

Las declaraciones de la jueza generaron un fuerte impacto en la arena política y judicial. Desde la oposición, dirigentes peronistas y de la izquierda exigieron explicaciones al Gobierno y denunciaron que se busca instaurar un “protocolo de represión sin límites”.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y sindicatos anunciaron nuevas movilizaciones en rechazo al accionar represivo del Gobierno. En este contexto, las palabras de Karina Andrade dejan expuesto el intento oficial de manipular la información para justificar la violencia institucional.

Puntos clave

  • La jueza Karina Andrade afirmó que “nadie” le informó sobre la presencia de barrabravas en la marcha de jubilados.
  • Sus declaraciones contradicen la versión del Gobierno, que culpó a hinchas de fútbol y sectores opositores por los disturbios.
  • La ministra Patricia Bullrich había asegurado que la protesta fue infiltrada por violentos, pero no presentó pruebas.
  • Se refuerza la hipótesis de que el Gobierno busca criminalizar la protesta social para justificar la represión.
  • Crece la tensión política y se anuncian nuevas movilizaciones en rechazo al accionar represivo.

Investigación 🔎

Investigan nexo entre agujas halladas en Palermo y robo de drogas en hospitales

La aparición de agujas en un edificio de Palermo y la muerte de un anestesista revelan un entramado de consumo y desvío de insumos hospitalarios. La inacción de las autoridades sanitarias bajo el actual esquema de gestión profundiza la crisis de control en el sistema público.

Publicado hace

#

Tramas de impunidad en el caso de las drogas de quirófano

★ La investigación judicial sobre el desvío de drogas de uso exclusivo en quirófanos, conocidas coloquialmente como «drogas de diseño para fiestas», sumó en las últimas horas elementos que comprometen la situación de Delfina Fini Lanusse y Tati Leclerc. Según información judicial a la que pudo acceder este medio, la justicia investiga si el hallazgo de agujas hospitalarias en lavarropas comunitarios de un edificio en Avenida Santa Fe 5300 guarda relación directa con el consumo problemático y el robo de insumos en el Hospital Rivadavia.

El rol de las autoridades y el secreto corporativo

El caso, que cobró relevancia tras la muerte del anestesista Alejandro Salazar, pone bajo la lupa no solo a los profesionales implicados, sino también la cadena de responsabilidades jerárquicas. De acuerdo a testimonios de una testigo clave incorporados recientemente, las autoridades del Hospital Italiano ya tenían conocimiento de las irregularidades y del estado de vulnerabilidad de algunos profesionales a mediados de febrero, semanas antes del fallecimiento de Salazar.

Esta demora en la intervención institucional sugiere una preocupante falta de control estatal sobre los recursos estratégicos de salud y el personal médico. Mientras el Gobierno nacional promueve la desregulación de los controles, este escenario de libertad de acción sin supervisión parece facilitar circuitos de ilegalidad y riesgo sanitario dentro de los propios efectores públicos y privados.

Desvío de insumos y el «negocio» de la anestesia

La justicia trabaja sobre dos expedientes que podrían unificarse en el corto plazo; los participantes y las mecánicas de obtención de sustancias se repiten. Se investiga el posible robo de material anestésico en el Hospital Rivadavia, destinado presuntamente a eventos sociales privados.

En el departamento de la calle Santa Fe, los vecinos denunciaron hace más de un año el hallazgo sistemático de agujas de uso hospitalario en áreas comunes. Tras el allanamiento del inmueble, se confirmó que Tati Leclerc no regresó a la propiedad; su defensa alega que es una víctima del sistema de adicciones iniciado por otros profesionales, como Hernán Boveri. Sin embargo, para la fiscalía, la desaparición de una tablet en la casa de Salazar, presuntamente retirada por Lanusse, complica la situación procesal de ambas jóvenes ante la sospecha de encubrimiento.

Implicancias de un Estado ausente

Este escándalo no es un hecho aislado de la crisis institucional que atraviesa la Argentina. La degradación de los controles en los hospitales públicos y la falta de una política integral de soberanía sanitaria permiten que insumos críticos terminen en circuitos clandestinos. El tratamiento del caso bajo el nombre de «Porpofest» no solo trivializa el desvío de fondos y recursos públicos, sino que oculta una matriz de corrupción donde la solidaridad social brilla por su ausencia, reemplazada por el individualismo extremo y el desprecio por la salud colectiva.

Puntos clave:

  • Se investiga el hallazgo de agujas hospitalarias en un edificio de Palermo vinculadas a Tati Leclerc.
  • Las autoridades sanitarias conocían la situación semanas antes de la muerte del anestesista Salazar.
  • La justicia evalúa unificar las causas de desvío de drogas y muertes dudosas por la repetición de los imputados.
  • Desapareció una tablet de la escena de muerte de Salazar, lo que sugiere maniobras de encubrimiento.
  • La falta de controles estatales facilita el robo de insumos estratégicos en el Hospital Rivadavia.

Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo