Investigación 🔎
“Nadie me informó sobre barrabravas”: la jueza Karina Andrade expone las mentiras del Gobierno
La magistrada que ordenó la liberación de los detenidos tras la represión en la marcha de jubilados afirmó que no recibió información sobre la supuesta presencia de hinchas de fútbol en la protesta. Patricia Bullrich había señalado a los barrabravas como responsables de los incidentes.
La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos tras la violenta represión policial en la marcha de jubilados, contradice la versión oficial. Aseguró que “nadie” le informó sobre la presencia de barrabravas en la protesta, esta afirmación echa por tierra el relato del Gobierno de Javier Milei, que había justificado el accionar represivo señalando a grupos de hinchas de fútbol como responsables de los disturbios.
“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, afirmó la magistrada en diálogo con la prensa. Además, advirtió que varias de las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad “no fueron informadas ni cumplieron con los requisitos mínimos”.
La estrategia oficial: desviar el foco con los barrabravas
Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que los disturbios registrados durante la protesta frente al Congreso fueron generados por “barras bravas del fútbol argentino y grupos kirchneristas que buscan desestabilizar”. Sin embargo, las palabras de la jueza Andrade desmienten esta afirmación, dejando en evidencia la falta de pruebas para sostener esa teoría.
Las imágenes de la represión, en las que se observa a la Policía Federal y la Prefectura disparando balas de goma y gases lacrimógenos contra jubilados, docentes y trabajadores, generaron una ola de repudio y obligaron al oficialismo a buscar un culpable externo.
Un intento de criminalizar la protesta social
El intento del Gobierno de vincular la manifestación con el accionar de barrabravas no es nuevo. Durante las protestas contra la Ley Ómnibus, el oficialismo también intentó instalar la idea de “infiltrados violentos” para justificar la represión. Ahora, con la jueza Andrade desmintiendo la versión oficial, se refuerza la sospecha de que se trató de una estrategia para criminalizar la protesta social y deslegitimar las demandas de los jubilados.
Repercusiones y próximos pasos
Las declaraciones de la jueza generaron un fuerte impacto en la arena política y judicial. Desde la oposición, dirigentes peronistas y de la izquierda exigieron explicaciones al Gobierno y denunciaron que se busca instaurar un “protocolo de represión sin límites”.
Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y sindicatos anunciaron nuevas movilizaciones en rechazo al accionar represivo del Gobierno. En este contexto, las palabras de Karina Andrade dejan expuesto el intento oficial de manipular la información para justificar la violencia institucional.
Puntos clave
- La jueza Karina Andrade afirmó que “nadie” le informó sobre la presencia de barrabravas en la marcha de jubilados.
- Sus declaraciones contradicen la versión del Gobierno, que culpó a hinchas de fútbol y sectores opositores por los disturbios.
- La ministra Patricia Bullrich había asegurado que la protesta fue infiltrada por violentos, pero no presentó pruebas.
- Se refuerza la hipótesis de que el Gobierno busca criminalizar la protesta social para justificar la represión.
- Crece la tensión política y se anuncian nuevas movilizaciones en rechazo al accionar represivo.
Investigación 🔎
Espert, procesado por lavado: embargo de $1.000 millones y sin salir del país
El juez federal Lino Mirabelli procesó sin prisión preventiva al exdiputado libertario por los USD 200.000 que recibió en 2020 de una firma ligada a Fred Machado. También procesó a su contador, Mariano Cosentino, con un embargo de $700 millones, y embargó a Varianza S.A.
La Justicia federal de San Isidro le trabó un embargo de $1.000 millones a José Luis Espert y le prohibió salir del país. La decisión marca un salto cualitativo en una causa que ya había pasado por allanamientos, un congelamiento de bienes y una citación a indagatoria, y que ahora deja al exlegislador oficialista formalmente procesado.
La resolución fue firmada por el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien procesó sin prisión preventiva al exdiputado nacional de La Libertad Avanza como presunto autor del delito de lavado de activos. El expediente investiga los USD 200.000 que Espert recibió en 2020 de una firma ligada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos y condenado allí por fraude y lavado de activos. La investigación está delegada en el fiscal federal Fernando Domínguez.
El contador, también en la mira
El magistrado también procesó al contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, a quien consideró partícipe necesario del delito de lavado, con un embargo de $700 millones. La resolución alcanzó además a la sociedad familiar Varianza S.A., con un embargo de $500 millones.
El contrato de las minas que nunca funcionaron
Espert sostuvo, en pleno escándalo que terminó con su renuncia a la candidatura a diputado, que los USD 200.000 correspondían a un servicio de asesoramiento para una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado. Según la investigación, nunca viajó a ese país y las minas no estaban en actividad. Para el fiscal, el contrato con la firma Minas del Pueblo fue una simulación, y los fondos se usaron para comprar dos autos de alta gama y para integrar un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La causa se inició tras una denuncia del dirigente Juan Grabois. Antes del procesamiento, Mirabelli ya había ordenado una inhibición general de bienes por 90 días sobre Espert, su pareja y Varianza S.A., tras las irregularidades y omisiones que la fiscalía detectó en sus declaraciones juradas, entre ellas la no declaración de su participación en esa sociedad. La fiscalía también señaló que el 27 de octubre de 2025, pocos días después de iniciada la causa, Espert retiró USD 80.000 en efectivo de sus cuentas.
El socio detenido y el vuelo en avión privado
Machado se declaró culpable ante la Justicia federal de Estados Unidos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico, a cambio de que se desestimara la acusación por narcotráfico. La transferencia a Espert salió de Wright Brothers Aircraft Title, una de las compañías de la red ligada al empresario. El vínculo venía de antes: durante la campaña presidencial de 2019, Machado le prestó a Espert su avión privado.
El fiscal pidió la indagatoria en junio y Espert fue indagado el 7 de julio, cuando defendió por escrito la transferencia como parte de un contrato de asesoramiento. El embargo de $1.000 millones y la prohibición de salida del país son medidas patrimoniales y cautelares, y no implican una condena. Aun así, el procesamiento indica que el juez considera acreditadas, con el grado de certeza que exige esta etapa, las sospechas contra quien llegó a ser figura central de la ultraderecha libertaria.
Lo que tenés que saber:
- El juez federal Lino Mirabelli procesó a José Luis Espert como presunto autor de lavado de activos, sin prisión preventiva.
- Le impuso un embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.
- El contador Mariano Alejandro Cosentino fue procesado como partícipe necesario del lavado, con un embargo de $700 millones.
- La causa investiga USD 200.000 recibidos en 2020 ligados a Fred Machado, quien se declaró culpable de fraude y lavado de activos en Estados Unidos.
- La fiscalía sostiene que el contrato de asesoramiento minero presentado por Espert fue una simulación.
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