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“Nadie me informó sobre barrabravas”: la jueza Karina Andrade expone las mentiras del Gobierno

La magistrada que ordenó la liberación de los detenidos tras la represión en la marcha de jubilados afirmó que no recibió información sobre la supuesta presencia de hinchas de fútbol en la protesta. Patricia Bullrich había señalado a los barrabravas como responsables de los incidentes.

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El Argentino Diario-La jueza Karina Andrade.

La jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de los detenidos tras la violenta represión policial en la marcha de jubilados, contradice la versión oficial. Aseguró que “nadie” le informó sobre la presencia de barrabravas en la protesta, esta afirmación echa por tierra el relato del Gobierno de Javier Milei, que había justificado el accionar represivo señalando a grupos de hinchas de fútbol como responsables de los disturbios.

“Nadie me trajo información de que había barrabravas”, afirmó la magistrada en diálogo con la prensa. Además, advirtió que varias de las detenciones realizadas por las fuerzas de seguridad “no fueron informadas ni cumplieron con los requisitos mínimos”.

La estrategia oficial: desviar el foco con los barrabravas

Desde el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo que los disturbios registrados durante la protesta frente al Congreso fueron generados por “barras bravas del fútbol argentino y grupos kirchneristas que buscan desestabilizar”. Sin embargo, las palabras de la jueza Andrade desmienten esta afirmación, dejando en evidencia la falta de pruebas para sostener esa teoría.

Las imágenes de la represión, en las que se observa a la Policía Federal y la Prefectura disparando balas de goma y gases lacrimógenos contra jubilados, docentes y trabajadores, generaron una ola de repudio y obligaron al oficialismo a buscar un culpable externo.

Un intento de criminalizar la protesta social

El intento del Gobierno de vincular la manifestación con el accionar de barrabravas no es nuevo. Durante las protestas contra la Ley Ómnibus, el oficialismo también intentó instalar la idea de “infiltrados violentos” para justificar la represión. Ahora, con la jueza Andrade desmintiendo la versión oficial, se refuerza la sospecha de que se trató de una estrategia para criminalizar la protesta social y deslegitimar las demandas de los jubilados.

Repercusiones y próximos pasos

Las declaraciones de la jueza generaron un fuerte impacto en la arena política y judicial. Desde la oposición, dirigentes peronistas y de la izquierda exigieron explicaciones al Gobierno y denunciaron que se busca instaurar un “protocolo de represión sin límites”.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y sindicatos anunciaron nuevas movilizaciones en rechazo al accionar represivo del Gobierno. En este contexto, las palabras de Karina Andrade dejan expuesto el intento oficial de manipular la información para justificar la violencia institucional.

Puntos clave

  • La jueza Karina Andrade afirmó que “nadie” le informó sobre la presencia de barrabravas en la marcha de jubilados.
  • Sus declaraciones contradicen la versión del Gobierno, que culpó a hinchas de fútbol y sectores opositores por los disturbios.
  • La ministra Patricia Bullrich había asegurado que la protesta fue infiltrada por violentos, pero no presentó pruebas.
  • Se refuerza la hipótesis de que el Gobierno busca criminalizar la protesta social para justificar la represión.
  • Crece la tensión política y se anuncian nuevas movilizaciones en rechazo al accionar represivo.

Investigación 🔎

“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA

La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.

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El Argentino Diario-Elías Piccirillo-Jésica Cirio.
Peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio de Elías Piccirillo (ex de Jesica Cirio), dejaron al descubierto el "sistema paralelo".

Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones

★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.

Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.

«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan

La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.

«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.

El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.

«Pipo» y los nexos en el interior del sistema

Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.

En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.

Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa

Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.

El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.

La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.

Puntos clave:

  • El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
  • Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
  • El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
  • Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
  • Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.

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