La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, desató una ola de indignación al minimizar la violencia policial y sugerir que podrían ocurrir muertes en futuras manifestaciones. Sus declaraciones generan fuertes críticas y más polémica sobre el uso de fuerza letal en contextos democráticos.

Declaraciones polémicas en medio de la tensión social

En una reciente aparición televisiva, Lemoine se refirió a la violenta represión ejercida por la Policía Federal y la Policía de la Ciudad contra jubilados e hinchas de fútbol cerca del Congreso. Al ser consultada sobre estos hechos, la diputada afirmó: «Si pasa una cosa como la que pasó, que es un espanto, hay que entender que no podés hacer un omelet sin que se rompan un par de huevos».

Ante la pregunta del conductor Fabián Doman sobre si esta expresión incluía la posibilidad de pérdidas humanas, Lemoine respondió sin titubeos: «Puede llegar a pasar» .

Reacciones y antecedentes de violencia institucional

Las declaraciones de Lemoine provocaron reacciones inmediatas. El periodista Mariano Yezze la interpeló: «No. No tiene que pasar. No debería pasar» . Recordó, además, episodios trágicos de la historia argentina, como los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002 y el de Mariano Ferreyra en 2010, víctimas de la violencia institucional en contextos de protesta social.

Organismos de derechos humanos y sectores de la oposición también manifestaron su repudio. Denunciaron que este tipo de discursos legitiman la violencia estatal y vulneran el derecho a la protesta, consagrado en la Constitución Nacional.

Un historial de declaraciones controvertidas

No es la primera vez que Lemoine se encuentra en el centro de la polémica. Recientemente, reivindicó al senador estadounidense Joseph McCarthy, conocido por su persecución anticomunista en la década de 1950 . Además, ha protagonizado enfrentamientos públicos con colegas de su propio espacio político, evidenciando tensiones internas en La Libertad Avanza.

El debate sobre el uso de la fuerza en democracia

Las afirmaciones de Lemoine reavivan el debate sobre los límites del uso de la fuerza por parte del Estado en una democracia. Mientras algunos sectores justifican acciones contundentes para mantener el orden público, otros advierten sobre los riesgos de naturalizar la violencia institucional y erosionar las garantías democráticas.

En este contexto, resulta crucial que los funcionarios públicos adopten una postura responsable y respetuosa de los derechos humanos, promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos sociales.