Washington dejó de disimular su incomodidad con la ley Malvinas. Un día antes de reunirse con Javier Milei, el número dos del Departamento de Estado admitió ante la prensa, junto al canciller argentino, que Estados Unidos sigue de cerca el alcance de las sanciones previstas para las empresas que operen en las islas sin autorización argentina, porque están en juego los intereses de sus propias compañías.

Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos y mano derecha de Marco Rubio, habló este jueves en conferencia de prensa en el Palacio San Martín, acompañado por el canciller Pablo Quirno. Llegó a Buenos Aires desde Paraguay junto a Juan Pablo Segura, secretario adjunto para el Hemisferio Occidental, y tiene prevista para este viernes una reunión con Milei en la Casa Rosada.

Las empresas, en el centro de la escena

Consultado sobre el malestar de Washington por el proyecto, Landau dijo que las leyes argentinas son un asunto de las autoridades del país, pero admitió que su gobierno observa, «obviamente», los intereses de las empresas estadounidenses. Sostuvo que es natural que cualquier país se preocupe por eso y agregó que Estados Unidos respeta «el proceso legislativo de la gran nación argentina».

Según trascendió de fuentes oficiales consultadas por este medio, el embajador Peter Lamelas ya había transmitido en los últimos días a funcionarios argentinos la preocupación de Washington y de empresas norteamericanas por el alcance de las sanciones del Título I del proyecto. También trascendió que el tratamiento de la iniciativa en el Congreso se encuentra postergado.

Qué sanciona el proyecto y por qué incomoda

El proyecto 0010-PE-2026, impulsado por el Poder Ejecutivo, modifica la Ley 26.659, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa prevé sanciones no solo para las compañías Rockhopper (británica) y Navitas (israelí), a cargo del proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas a Malvinas, sino también para firmas asociadas a ellas en otros emprendimientos. Según trascendió, las penalidades podrían alcanzar a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores.

Milei presentó el paquete en cadena nacional, junto con un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios de la ley vigente. Anunció además que el proyecto permitiría juicios en ausencia y crearía el Consejo de Seguridad Nacional.

Quirno defendió el texto: dijo que la ley actual no le da al país las herramientas necesarias para defender sus intereses y que la iniciativa «no va en contra de nadie en particular». Planteó que las empresas podrán elegir entre una oportunidad legítima de mayor potencial, en referencia a Vaca Muerta, y una operación más riesgosa e ilegítima en las islas. «Esperamos que elijan siempre al continente argentino por sobre las licencias ilegítimas», afirmó.

El C-24, en la agenda de reformas de Trump

Sobre la propuesta estadounidense de disolver el Comité Especial de Descolonización, formulada el 15 de octubre ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de la ONU, Landau la encuadró en una reforma general de las Naciones Unidas. Afirmó que existe una enorme variedad de comités que «no han hecho casi nada» y pidió que en la Argentina no se confunda un proyecto para agilizar el organismo con un tema en particular. También sostuvo que el comité «ha tomado posiciones bastante radicales» contra Estados Unidos, entre ellas en el caso de Puerto Rico.

Quirno separó el debate de la causa: calificó el reclamo de «innegociable» y aseguró que la eventual desaparición del C-24 no tiene «ningún tipo de mella» en la posición argentina. Dijo que las resoluciones que la respaldan son de Naciones Unidas en general y no de un comité en particular, aunque reconoció que es «un foro que nos interesa», porque allí se presenta el reclamo cada año.

Solo la Asamblea General puede poner fin al mandato del comité, y la resolución 2065 de 1965, que reconoce la disputa de soberanía y pide negociar, no depende de su existencia. Aun así, el C-24 es el ámbito donde cada año queda registrado el reclamo argentino. El mismo 15 de octubre, la Argentina se abstuvo en dos de los 23 proyectos sobre descolonización de la Cuarta Comisión: Quirno lo atribuyó a «razones técnicas», mientras la oposición lo interpretó como un gesto hacia Washington.

Alineamiento total, soberanía con matices

Landau aseguró que «no hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados» y elogió al Gobierno por generar las condiciones de «otra época dorada». Consultado sobre si el respaldo de Washington está atado a una reelección de Milei en 2027, Quirno respondió que «el único condicionamiento» es seguir con el rumbo actual, aunque admitió que el embajador Lamelas sostiene que su visión es que el Gobierno sea reelecto. Según se informó, Lamelas había cifrado en 20.000 millones de dólares las inversiones previstas hasta 2027 y las condicionó a que el país siga «hacia la derecha».

El contraste es difícil de ignorar. Milei presentó la ley en cadena nacional como la respuesta a un «nuevo peligro» para la causa Malvinas y dijo que Trump había declarado que Estados Unidos revalúa sus posiciones históricas sobre las islas. Ahora, el mismo aliado pide atención para sus empresas y propone cerrar el foro donde la Argentina deja asentada la disputa cada año. El Gobierno, por su parte, reconoció esta semana que su postura frente al pedido estadounidense «está bajo análisis» y no descartó cambios en la ley durante el debate parlamentario.

Lo que tenés que saber

• Landau admitió que Estados Unidos sigue «con interés» el alcance de las sanciones de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional sobre sus empresas.
• El proyecto 0010-PE-2026 prevé sanciones para Rockhopper y Navitas, y para firmas asociadas a ellas en otros emprendimientos.
• Estados Unidos propuso el 15 de octubre disolver el Comité de Descolonización, y Landau lo encuadró en una reforma general de la ONU.
• Quirno calificó el reclamo por Malvinas de «innegociable» y sostuvo que la ley «no va en contra de nadie en particular».
• La Argentina se abstuvo el 15 de octubre en dos de los 23 proyectos sobre descolonización de la Cuarta Comisión de la ONU.