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Islas Malvinas

Ley de Soberanía: el capítulo 7 corre riesgo y necesita 129 votos

El oficialismo tiene los votos para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero el capítulo de injerencia extranjera necesita mayoría absoluta y los aliados piden cambiarlo. La sesión es el miércoles 18 e incluye la reforma del Banco Central.

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Mujer sonriente en una reunión de trabajo junto a un hombre de traje

El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional llega a la sesión con los votos para ser aprobado en general, pero su capítulo más duro, el de la «injerencia extranjera», necesita 129 votos y hoy no los tiene asegurados. El oficialismo negocia ese tramo antes del miércoles 18 de noviembre.

El capítulo 7 del dictamen, titulado «Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones», reforma los códigos Electoral y Penal y el régimen de partidos políticos, por lo que exige una mayoría absoluta de 129 votos en la Cámara de Diputados. La Libertad Avanza ya definió el temario de la sesión: además del proyecto sobre soberanía, se votará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (el oficialismo debe votar los cambios que introdujo el Senado), el tratado de libre comercio entre el Mercosur y la EFTA, y el traspaso de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sesión se hará antes del debate del Presupuesto 2027, previsto para el 25 de noviembre.

La reunión a puertas cerradas

Según trascendió, el asunto se discutió en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, con el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y referentes del PRO, la UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y bloques menores. El Gobierno envió a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, que responde a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para tomar nota de los reclamos.

Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y Gisela Scaglia (Provincias Unidas) pidieron eliminar o modificar a fondo el capítulo 7. Banfi lo definió como un capítulo que «penaliza la expresión». El PRO, en cambio, se comprometió a apoyar el proyecto con cambios o sin ellos.

Qué dice el capítulo 7

El capítulo prevé multas para extranjeros sin residencia permanente y para personas jurídicas del exterior que financien campañas electorales. También fija penas de prisión por facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial, por poner secretos a disposición de un servicio de inteligencia extranjero y por ayudar a operaciones clandestinas.

En términos generales prohíbe organizar, financiar y ejecutar «campañas de injerencia extranjera» y «actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes». El texto aclara que no constituyen injerencia la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública de opiniones de un Estado extranjero, la actividad periodística, la investigación académica ni la representación abierta de intereses. Según trascendió, esa definición se acotó tras los cuestionamientos de entidades periodísticas.

Los cambios que ya concedió

El oficialismo suavizó las multas por explotación de recursos en la cuenca de Malvinas: pasaron de entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo a entre 2.000 y 40.000. También excluyó a los accionistas con participaciones de hasta 2% y a los fondos de inversión con intervención indirecta, aunque mantuvo penas de hasta 20 años de prisión para directivos, socios y proveedores.

A pedido de bloques aliados aceptó ampliar el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el Presidente de la Nación e integran los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica, con el presidente de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores como miembros no permanentes. Ese órgano podrá disponer medidas urgentes ante una «amenaza externa grave»: restringir operaciones cambiarias y financieras, congelar fondos, suspender contrataciones, limitar el comercio exterior o elevar aranceles.

Se creó además una comisión bicameral de seguimiento y el Ejecutivo deberá informarle las medidas del Consejo en un plazo máximo de 48 horas; según trascendió, el cambio surgió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID). El texto también le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y permite inscribir organizaciones cuando existan «motivos razonables para sospechar».

El derribo y las críticas

Los puntos más discutidos que siguen en pie son el protocolo para derribar aeronaves y hundir buques, y la autorización para que las Fuerzas Armadas participen en «operaciones no convencionales», algo que según los críticos desdibuja la separación con las fuerzas de seguridad y la seguridad interior.

Para el peronismo y la izquierda, el proyecto es un «caballo de Troya» que concentra poder en el Poder Ejecutivo y normaliza las medidas de excepción. La oposición también cuestiona que «terrorismo» y «amenaza externa» tengan definiciones laxas, lo que, advierte, abre la puerta a la discrecionalidad para perseguir la disidencia.

Lo que tenés que saber

  • Diputados sesiona el miércoles 18 de noviembre por Defensa de la Soberanía Nacional y la Carta Orgánica del Banco Central.
  • El capítulo 7, sobre injerencia extranjera, reforma los códigos Electoral y Penal y necesita 129 votos.
  • Argentina Federal, Adelante Buenos Aires y Provincias Unidas piden eliminarlo o cambiarlo; el PRO lo apoya con o sin cambios.
  • El proyecto crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para restringir operaciones cambiarias y congelar fondos.
  • El temario incluye el tratado Mercosur y EFTA y el traspaso de competencias penales a la Ciudad.

Analítico: Ley de Soberanía, el oficialismo tiene los votos para el proyecto pero no para su capítulo de injerencia extranjera

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De Impacto Crítico: Se cae el capítulo que penaliza la expresión o se aprueba un Consejo con poderes de excepción, el dilema del oficialismo

Islas Malvinas

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar el petróleo en Malvinas: no se puede restituir

Argentina pidió al Tribunal del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas. No hay fallo: el Tribunal aún no se pronunció. Oyarzábal dijo que lo que está en juego no puede restituirse. El Reino Unido niega urgencia y apunta a 2027 y 2028.

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El Argentino Diario-Islas Malvinas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró este martes en Hamburgo la primera audiencia sobre el pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. Este miércoles se realiza la segunda y última ronda de exposiciones. El Tribunal no dictó un fallo sobre el fondo ni se pronunció todavía sobre las medidas: solo escucha a las partes.

El consejero legal de Cancillería, Mario Javier Agustín Oyarzábal, que actúa como agente ante el Tribunal, centró el planteo en el proyecto Sea Lion, que desarrollan las licenciatarias Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. En la audiencia de la mañana del martes, según la versión taquigráfica oficial del propio Tribunal, afirmó: “Señor Presidente, lo que está en juego no puede ser restituido”.

Qué se discute, y qué no se decide aún

El caso, caratulado como el Asunto 37, se limita en esta etapa a las medidas provisionales previstas en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina notificó el 28 de septiembre un arbitraje bajo el Anexo VII de esa Convención y, el 13 de octubre, pidió al Tribunal de Hamburgo que ordene medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral. Una orden del 20 de octubre fijó las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre. No hay, al cierre de esta edición, una decisión sobre ese pedido.

Oyarzábal pidió detener el proyecto mientras tramita el arbitraje. El Reino Unido sostiene que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que no habrá extracción de hidrocarburos antes de marzo de 2028. El agente argentino replicó que, aun en esa fecha, “los trabajos preparatorios ya estarían en marcha y el tribunal arbitral no estaría en condiciones de brindar a la Argentina una protección efectiva”.

Recursos que no vuelven y una disputa de soberanía

El Gobierno argentino cuestionó que el Reino Unido autorizó de manera unilateral la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea a las islas. Oyarzábal advirtió que se trata de un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente, un diferendo que las Naciones Unidas reconocen como tal. Desde el restablecimiento de la democracia, sostuvo, cada gobierno argentino buscó un arreglo pacífico, y el Reino Unido se niega a negociar una solución.

Según el proyecto, Sea Lion contempla 35 años de explotación, con la posibilidad de perforar 23 pozos de producción desde una unidad móvil anclada al lecho, y nuevas etapas de desarrollo. “Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, dijo Oyarzábal. Completó el argumento, siempre según el acta oficial: “La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marinos: los pozos pueden ser tapados, pero no pueden deshacerse. Una vez extraído, el petróleo no puede devolverse. Ninguna compensación podría restaurar el statu quo ante”.

La Argentina invoca, además, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales: esos recursos, afirmó su agente, no pueden disponerse de manera unilateral mientras la disputa permanece pendiente. El Tribunal, en esta instancia, no resuelve la soberanía de las islas: solo evalúa si caben medidas provisionales para preservar derechos que la Argentina reclama en el arbitraje.

La posición del Reino Unido

En la sesión de la tarde del martes, el Reino Unido, con su fiscal general Ellie Reeves y su agente Sally Langrish entre los expositores, rechazó el pedido. Sostuvo que la controversia que plantea la Argentina es, en los hechos, un reclamo de soberanía sobre el territorio, y que el Tribunal no debe expedirse sobre esa materia. Afirmó que no hay urgencia, porque, según su versión, nada está a punto de ocurrir antes de las fechas de 2027 y 2028, y que las medidas pedidas tendrían, en sus términos, consecuencias gravísimas para los habitantes de las islas, a quienes atribuye el derecho a la autodeterminación. La Argentina no comparte esa lectura: mantiene el reclamo soberano sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además de Oyarzábal, integran la comisión argentina María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como coagente; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, con el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

Lo que tenés que saber:

  • Argentina pidió en Hamburgo medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. No hay fallo: el Tribunal todavía no se pronunció.
  • Oyarzábal sostuvo, en el acta oficial, que lo que está en juego no puede ser restituido y que ninguna compensación restaura el estado anterior.
  • El Reino Unido autorizó el proyecto de forma unilateral, en un territorio en disputa de soberanía cuya descolonización, según la Argentina y las Naciones Unidas, sigue pendiente.
  • Londres sostiene que no hay urgencia porque la perforación no comenzaría antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción antes de marzo de 2028, y rechaza que el Tribunal se expida sobre la soberanía.
  • Este miércoles se celebra la segunda y última ronda de exposiciones.
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