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La Cámpora analizó la quiebra del Sillicon Valley Bank: «El Estado al rescate del sector privado, una vez más»

La organización liderada por el diputado nacional Máximo Kirchner criticó que los «paladines de la libertad económica ahora celebren el accionar del Estado para rescatar a la banca y al sistema financiero».

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La Cámpora analizó la quiebra del Sillicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos y, al destacar la decisión del Gobierno de Joe Biden de garantizar los depósitos, subrayó que se trata del «Estado al rescate del sector privado, una vez más».

A través de un comunicado publicado en su página web y difundido por redes sociales, la organización liderada por el diputado nacional Máximo Kirchner señaló que «la semana pasada la noticia del colapso del Sillicon Valley Bank (SVB) sacudió los mercados globales y, aún hoy, hace temblar al sector financiero de Estados Unidos» y remarcó que «en este contexto, es el Estado el que sale nuevamente al rescate del sector privado».

«Con ciertos matices, se trata de la mayor caída de un banco estadounidense desde Lehman Brothers en 2008. Si bien es un banco relativamente nuevo (fundado en los 80´), el SVB estaba entre los 20 de mayor importancia de Estados Unidos», explicó La Cámpora.

Y continuó: «El temor en torno a la caída de este banco regional es que el pánico y la desconfianza se contagie al resto del sistema bancario. A partir de marzo de 2022, el ciclo económico internacional, liderado por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) cambió rotundamente: las tasas de interés comenzaron a subir empeorando las condiciones crediticias».

La agrupación kirchnerista afirmó que «ante necesidades de liquidez, estas empresas decidieron acudir al banco donde guardaron las ganancias de los últimos años», por lo que «rápidamente se desató una `corrida´ a la cual el SVB no pudo hacer frente y debió desprenderse de tenencias de títulos públicos, muchos de ellos de largo plazo, cuyo valor venía reduciéndose ante la suba de los tipos de interés, incurriendo así en importantes pérdidas patrimoniales».

«La gerencia de riesgos del SVB debió haber sido más precavida y tener mayor disponibilidad de liquidez para poder responder a las necesidades de sus clientes. En su lugar, debieron vender activos a pérdida y, para compensar balances, debieron vender también una parte importante de sus acciones lo que derrumbó su cotización en la bolsa (-60% en 1 día)», planteó La Cámpora.

Frente a esta situación, la organización liderada por el hijo de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, continuó: «Ante el pánico desatado, durante el fin de semana el Gobierno de EEUU intentó frenar la incertidumbre financiera: primero salió a garantizar públicamente que los depósitos estarán cuando se los necesite. Paralelamente, Biden anunció que ni el Estado ni los contribuyentes se harán cargo de las pérdidas de los bancos».

«Según trascendió en Washington Post, el dinero utilizado para reembolsar a los depositantes provendría de un fondo pagado por bancos estadounidenses. De todas formas, este fondo está garantizado, en última instancia, por la FED, que, este mismo fin de semana anunció una nueva línea de créditos para los bancos que les permitiría acceder a liquidez para garantizar sus balances y hacer frente a una eventual corrida», agregó el texto.

Aunque reconoció que «no es un salvataje directo al banco, como lo fue en 2008 con Lehman Brothers, sino más bien un rescate a los depósitos», La Cámpora hizo hincapié en que «se trata de una intervención fuerte del Estado para evitar mayores pérdidas al sistema bancario que, al mismo tiempo, implican una enorme carga sobre las finanzas públicas y sobre la vida de millones de contribuyentes».

Frente a esto, criticó a la oposición al afirmar que «resulta llamativo que los paladines de la libertad económica que se oponen a toda intervención estatal que `obstaculiza el óptimo funcionamiento del mercado´, ahora celebren el accionar del Estado para rescatar a la banca y al sistema financiero cuando están sufriendo las consecuencias de sus malas administraciones».

En redes sociales, uno de los principales apuntados en ese sentido fue el legislador porteño Ramiro Marra, dirigente del entorno del referente libertario y diputado nacional Javier Milei.

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Cómo es el paquete fiscal que se tratará con la «nueva» ley ómnibus

El proyecto «es sumamente regresivo en materia impositiva y tiene un grave impacto en la inclusión fiscal de aproximadamente el 40% de la población que vive en la informalidad en Argentina». 

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La Ley de Medidas Fiscales, Paliativas y Relevantes del Gobierno logró este jueves dictamen de mayoría y se tratará conjuntamente con la «nueva» ley ómnibus en la sesión prevista para el próximo lunes.

Durante la reunión de la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside José Luis Espert, el oficialismo cosechó 27 firmas con la ayuda del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal.  Éste último bloque firmó en disidencia parcial y proponen incluir un impuesto al juego, mientras que Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría. 

El paquete fiscal se abordará en conjunto en el recinto de la Cámara baja a partir del lunes a las 11 horas, y se espera que se esté votando el martes por la noche o el miércoles por la madrugada.

Uno de los temas más destacados de la iniciativa es la reposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, rebautizado impuesto a los Ingresos Personales.

Luego de varias instancias de negociación entre el Gobierno, las provincias y los bloques de la oposición dialoguista, se definió que el mínimo no imponible estará ubicado en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros y en 2.200.000 pesos para casados con hijos. De esta manera, volverán a estar alcanzados por este tributo casi un millón de personas.

La actualización del mínimo no imponible y del piso de cada una de las escalas se realizará de forma semestral a partir del 2025 aunque este año habrá un ajuste trimestral en septiembre, en base a la variación del IPC.

El paquete fiscal también incluye un amplio y generoso blanqueo de capitales por hasta 100 mil dólares sin penalidad con un plazo de adhesión hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable al 31 de julio de 2025). 

Por pedido de la UCR, se incorporó al texto un premio a los contribuyentes cumplidores de medio punto de la alícuota.

La iniciativa también abarca una moratoria impositiva y aduanera de hasta 84 cuotas y una rebaja en el impuesto a los Bienes Personales (con la posibilidad de adelantar pagos de las cuotas correspondientes hasta el año fiscal 2027).

Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total).

Otro aspecto saliente del proyecto tiene que ver con las modificaciones en los topes de facturación del monotributo, con aumentos de entre el 300 y el 330%, y un ingreso tope anual de 68 millones para la categoría más alta (K). La categoría más baja (A) permitirá facturar hasta 6.450.000 pesos de forma anual.

Al comienzo del debate de comisión, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman cuestionó que ningún diputado de La Libertad Avanza se hiciera cargo de defender la iniciativa, para ver si era “bueno para el futuro del país”, y delegaran la tarea en los bloques de la oposición dialoguista que se disponía a firmar el dictamen de mayoría. 

“No sé si es porque no están convencidos de lo que están votando, si es porque no conocen el proyecto o si les falta pasión”, chicaneó el diputado cercano a Juan Grabois. 

Por su parte, su compañera de bloque Victoria Tolosa Paz consideró que el paquete fiscal «beneficia a unos pocos que claramente son los dueños de Argentina y a quienes gobierna Javier Milei».

Para la diputada opositora y ex ministra de Desarrollo Social, el proyecto «es sumamente regresivo en materia impositiva y tiene un grave impacto en la inclusión fiscal de aproximadamente el 40% de la población que vive en la informalidad en Argentina». 

Además, mencionó “el perjuicio” que va a causar la eliminación del monotributo social, la reversión del impuesto a las Ganancias, y que “más de 120 mil ricos no abonarán bienes personales en los próximos años, perjudicando claramente también la coparticipación de las provincias para los años 2025, 2026 y 2027”.

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