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Economía

Energía: el Gobierno eliminará los subsidios a los grandes usuarios

El secretario de Energía explicó que “para avanzar en la reducción de los subsidios se está desarrollando esta herramienta de segmentación, para la cual ya hemos relevado el 80% de datos.

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El secretario de Energía, Darío Martínez, señaló este lunes que desde esa dependencia se ha “tomado la decisión de eliminar los subsidios a los grandes usuarios” y anticipó que se avanzó «en un 80 por ciento de usuarios» para implementar la «reducción de los subsidios a partir de la herramienta de segmentación”.

“En materia de política energética, las decisiones macro las toman el presidente y el ministro de economía, y desde nuestra secretaria aportamos herramientas para que se tomen las mejores decisiones”, explicó el funcionario ante la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que analiza la proyección de gastos y recursos para 2022.

Martínez agregó: “Hay una línea muy clara que nos han dado el presidente de la Nación y la vicepresidenta, que es la de tener un esquema tarifario que en términos reales ayude a sostener el salario”.

“Buscamos que la evolución de los salarios vaya por debajo del salario, para que el bolsillo del usuario tenga margen para pagar el resto de sus necesidades. A este parámetro obedecen nuestras decisiones y esto tiene que ver con el resto”, aseveró.

El secretario dijo que “para avanzar en la reducción de los subsidios se está desarrollando esta herramienta de segmentación, para la cual ya hemos relevado el 80% de datos, que implica a unos 16 millones de usuarios”.

El funcionario destacó también que “se ha tomado la decisión de eliminar subsidios a grandes usuarios, ya que, entre otras cosas, había un reclamo por desigualdades entre diferentes actores, ya que algunos tenían beneficios y otros no”.

“Fue una decisión acertada ya que no ha traído mayores inconvenientes; sobre todo teniendo en cuenta que quedaron exceptuados los sectores de Salud y Educación”, añadió.

En otro pasaje de su exposición precisó que “se ha mejorado la cobrabilidad de Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) con una herramienta que aportó el Congreso y que permitió que el porcentaje esté en el 80%, tras haber caído a un 30% en el marco de la pandemia”

Por último, advirtió sobre el contexto mundial en la materia: “La crisis internacional energética genera cortes programados en China e incremento de 200$ o 300% de tarifas en países de Europa. Hay una gran volatilidad en el escenario internacional en cuanto a energía”.

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Economía

¿Que debería incluir la nueva ley de alquileres?

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

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La Unión Argentina de Inquilinos (UAI) y las entidades del sector inmobiliario coinciden de manera general en la necesidad de una nueva ley de alquileres, pero las diferencias aparecen al discutir las parámetros que tendría que contener la potencial norma ya que los inquilinos postulan que en la actualización anual debe haber poca o nula incidencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mientras que los propietarios pretenden un ajuste semestral o acuerdos específicos entre las partes.

Otro ítem en el que sí están de acuerdo es que la nueva ley debe incluir estímulos fiscales y crediticios para ambas partes.

La Ley 27.551 de alquileres aprobada por el Congreso en 2019 prevé contratos con una duración máxima de 3 años, actualizaciones anuales y, en el caso de rescindir el contrato, un preaviso de 3 meses para no tener que abonar una indemnización, entre otras cuestiones.

La actualización anual del índice por el cual se hace el ajuste anual la ley prevé en su artículo 14 que debe estar constituido por partes iguales entre la variación mensual del IPC y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

Al respecto, el presidente de la Cámara de Inmobiliaria Argentina, Alejandro Bennazar, sostuvo que una nueva ley de alquileres debería «volver a los dos años de contrato con un ajuste cada seis meses como máximo ajustado por un coeficiente valor salario (CVS)».

En ese sentido, manifestó, que el nuevo índice de actualización no debería contener el IPC al lado porque «es una incógnita para todas las partes y obliga a negociar constantemente».

Por otro lado, Bennazar dijo que para que pueda haber un descenso de precios en el mercado son necesarios incentivos para que aumente la oferta de inmuebles acompañado por «la vuelta al acceso al crédito, como política de Estado de acceso a la vivienda y al suelo».

«Lo último que hemos incorporado son la compra de viviendas usadas para el blanqueo con dos condiciones, uso del bien propio o para su familia, y en el caso de invertir es aumentar la locativa habitacional por el término de 10 años», afirmó.

En enero en la ciudad de Buenos Aires los aumentos en los precios de alquileres -respecto a diciembre pasado- fueron de 6,2% en los monoambientes, 2,6% en los departamentos de dos ambientes y 4,3% en los de tres ambientes, según un relevamiento del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

En tanto, el acumulado de 12 meses de 2022 fue de 102,9% para los monoambientes porteños; 105,1% en las unidades de dos ambientes y 100% en los de tres ambientes.

Estos números cotejan con la suba de 94,8% que marcó el IPC a lo largo del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El presidente de la Unión Argentina de Inquilinos (UIA), Ricardo Botana, dijo que una nueva ley de alquileres tendría que «fomentar que vuelvan al mercado inmobiliario las viviendas que ya no están con incentivos fiscales, de ese tipo, para que la gente construya».

«En algunas grandes ciudades, algunos barrios, también pasó que se fueron volcando mucho a las plataformas de alquileres transitorios, lo que hizo también que se retiraran muchos inmuebles», sostuvo Botana al referirse a la falta de oferta de inmuebles en las ciudades, lo que hizo impulsar los precios de alquileres de viviendas de uso permanente.

Además, indicó que en una nueva ley el cálculo del aumento tendría que tener más preeminencia el Ripte -la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino- sobre el IPC para fijar el índice.

Por último, señaló que la ley de alquileres vigente si bien «trajo consigo nuevos derechos para los inquilinos», falló el artículo 14 donde se plasma el cálculo del índice por el cual se calculan los aumentos anuales «con aumentos de 83%, aproximadamente, desbarajuste dándole al inquilino los primeros 4 o 5 meses».

En tanto, el presidente de la Fundación Vocación Inmobiliaria, Hernan Iradi, enfatizó que lo que están reclamando es que «el plazo sea por dos años y que haya acuerdo de partes como siempre fue. Hoy los alquileres comerciales se alquilan por debajo de precios de la vivienda».

«La actual ley está mal porque está atada a la inflación con aumentos anuales, en febrero los aumentos van a superar el 85%, Argentina tiene inflación muy alta, masivamente se retiraron inmuebles del mercado cuando el plazo lo cambiaron a 3 años», dijo el representante inmobiliario.

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