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Judiciales ⚖️

AMIA: Casación empieza a revisar absolución a Telleldín por el ataque y condenas por irregularidades

La primera cita será el próximo martes a las 10 ante la sala II del máximo tribunal penal del país, integrada para esta causa por lo jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

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 La investigación del atentado a la AMIA tendrá esta semana dos audiencias clave ante la Cámara Federal de Casación Penal previas a resolver, por un lado, si confirma la absolución de Carlos Telleldín como supuesto partícipe del ataque y, por otro, si avala condenas impuestas por delitos cometidos durante la investigación.

La primera cita será el próximo martes a las 10 ante la sala II del máximo tribunal penal del país, integrada para esta causa por lo jueces Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

Estos dos últimos tienen a su cargo también, como miembros titulares de otra sala de Casación, la revisión del fallo que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás imputados por la firma del Memorándum con Irán por el atentado, cuya primera audiencia se hizo la semana pasada.

En lo relativo a la investigación del atentado del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos y al menos 151 heridos en Pasteur 633, la sala II escuchará el martes a la fiscalía y querellas, que apelaron la resolución del Tribunal Oral Federal 3, que absolvió a Telleldín tras un segundo juicio oral en su contra.

Telleldín quedó absuelto en diciembre de 2020 por el Tribunal Oral Federal 3 en un segundo juicio en su contra por haber sido, según la acusación, la persona que vendió la camioneta Trafic que se acondicionó como cochebomba y explotó en la sede de la AMIA.

La fiscalía, en un recurso que mantuvo el fiscal ante Casación Raúl Pleé, pidió condenar a Telleldín como supuesto «partícipe necesario» del atentado.

Al absolverlo, el Tribunal sostuvo que el único acusado no supo para qué entregó una camioneta Trafic que sostiene vendió a un desconocido, diez días previos al ataque.

La defensa reclamará confirmar este veredicto.

La fiscalía pidió a Casación en su apelación que se condene a prisión perpetua al exreducidor de autos y actual abogado por supuesto «homicidio calificado por la utilización de un medio idóneo para causar un peligro común en perjuicio de 85 víctimas, lesiones leves, graves y gravísimas en perjuicio de al menos 151 víctimas y daños».

La querella por los familiares de las víctimas también había reclamado prisión perpetua mientras que la de la AMIA-DAIA solicitó, al momento del alegato final en el juicio, condenarlo a 20 años de cárcel.

Telleldín ya había sido juzgado tras quedar detenido en la investigación en un primer juicio oral por el ataque terrorista que terminó en 2004, y en el cual el TOF3 con otros jueces absolvió a todos los acusados, ordenó libertades inmediatas y declaró nula toda la investigación ante los delitos que, dio por probado, se cometieron.

Años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló en forma parcial esta sentencia, dio validez a los dos primeros años de la investigación y ordenó un segundo juicio para Telleldín, quien en la cárcel estudió abogacía y ahora ejerce esa profesión.

Ese debate se hizo en 2019, y en 2020 Telleldín fue absuelto por segunda vez.

Esta decisión se apeló y el fiscal ante Casación Raúl Plee mantuvo el recurso y sostuvo que hubo «una valoración parcializada, sesgada y fragmentada de la prueba» sin «un análisis conjunto» y que todo da cuenta de que Telleldín habría actuado con «pleno conocimiento del aporte realizado al mismo».

Dos días más tarde, el próximo jueves 17, la misma sala del Tribunal programó la audiencia para escuchar a las partes, pero esta vez en relación al otro juicio que se hizo por los delitos que se cometieron durante la investigación.

En este debate, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a seis años de prisión al destituido exjuez Juan José Galeano, quien tuvo a cargo la investigación del atentado durante el gobierno del fallecido expresidente Carlos Menem.

Se dio por probado que en 1996 Telleldín cobró 400 mil dólares de manera ilegal con fondos de la entonces SIDE a cargo de Hugo Anzorreguy para firmar una declaración indagatoria en la que mencionó por primera vez a cuatro policías bonaerenses como los destinatarios de la camioneta Trafic.

En esa causa, sí se condenó a Telleldín a 3 años y 6 meses de prisión por el delito de «peculado», a raíz del pago ilegal que salió a la luz y además, si el fallo queda firme, tendrá que restituir ese dinero al Estado.

Galeano quedó condenado por peculado, privación ilegal de la libertad, prevaricato, encubrimiento por favorecimiento personal y violación de medios de prueba pero permanece en libertad porque el veredicto aún no está firme.

En ese juicio el TOF2 absolvió al fallecido expresidente Menem; al extitular de la DAIA Rubén Beraja; al abogado Victor Stinfale -defensor de Telleldín al momento de los hechos-; al excomisario federal Jorge Palacios, también fallecido, y al exagente de inteligencia Patricio Finnen.

Anzorreguy fue condenado a 4 años y seis meses de prisión; y la expareja de Telledín, Ana María Boragni, a dos años de ejecución condicional.

También se condenó a tres años de cárcel al exfuncionario de la SIDE Juan Carlos Achezar y la misma pena recibió el ex policía federal Carlos Castañeda por otras irregularidades en la causa, como pérdida de casettes con escuchas que se consideraban claves para la pesquisa.

Además resultaron condenados a dos años de prisión en suspenso los ex fiscales del caso Eamon Mullen y José Barbaccia y, en su caso, el fiscal Plee desistió de mantener la apelación de los fiscales de juicio que pretendían elevar estas penas.

Buenos Aires

Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar

El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.

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Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas

★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.

La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.

El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora

La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.

Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.

En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.

«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria

El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.

Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.

El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.

Un municipio que apuesta por el Estado presente

La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.

La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.

Puntos clave:

  • El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
  • La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
  • El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
  • El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
  • El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.

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