Judiciales ⚖️
Procesan a referentes de Revolución Federal por daños frente a la casa de Cristina
Los procesamientos fueron dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y abarca a los referentes de Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, y a Natanael Rinstein Menin, quien habría llegado a morder a un policía en el momento en el que intentaban reducirlo, según surge de la reconstrucción de los hechos.
Dos miembros de la agrupación Revolución Federal y una tercera persona fueron procesados hoy, sin prisión preventiva, por los daños y los incidentes ocurridos en las proximidades de la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de agosto del año pasado, el mismo día en el que el fiscal Diego Luciani pidió que la condenaran a doce años de prisión en la causa vialidad.
Los procesamientos fueron dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y abarca a los referentes de Revolución Federal, Jonathan Morel y Leonardo Sosa, y a Natanael Rinstein Menin, quien habría llegado a morder a un policía en el momento en el que intentaban reducirlo, según surge de la reconstrucción de los hechos.
Al momento de su aprehensión, además, Reinstein Menin «llevaba consigo una botella con combustible y con un trapo dispuesto a modo de tapón», lo que se conoce popularmente como cocktail molotov.
Morel y Sosa fueron procesados por el delito de daños en grado de tentativa, a raíz de que rompieron un vallado de madera de la vía pública con el aparente afán de utilizarlo contra militantes kirchneristas que habían ido a apoyar a la vicepresidenta, mientras que Reintein Menin fue procesado por tentativa de lesiones, daños e intimidación pública y como autor del delito de resistencia a la autoridad y por haber puesto sus manos sobre un policía.
En el marco del expediente que tiene como fiscal a Gerardo Pollicita, el juez Martínez de Giorgi ordenó mandar a trabar embargos sobre los bienes de los imputados hasta cubrir los montos de 350 mil pesos en el caso de Reinstein Menin, 200 mil pesos para para Sosa y 150 mil pesos sobre los bienes de Morel.
«Los encausados habrían tomado una valla de madera de color blanco, que formaba un perímetro delimitando una zona de trabajo sobre la acera, y habrían intentado dañarla», se explicó en la resolución judicial en la que, además, se refirió que un policía que intervino en aquella situación aventuró que el objetivo de Sosa y Morel habría sido «obtener fragmentos del vallado para tener a su disposición elementos que pudieran arrojar hacia sus contendientes».
El proceso judicial se inició «a raíz de los hechos ocurridos con fecha 22 de agosto del año 2022» cuando, a partir de las 21 horas, «diversos grupos de personas comenzaron a aglomerarse en las inmediaciones de la intersección de calles Juncal y Uruguay de esta ciudad, a fin de manifestarse, sosteniendo consignas en favor y en contra de la Vicepresidenta Cristina Kirchner, por tratarse esa zona del lugar donde se emplazaba el domicilio particular de la funcionaria», relató el juez en su resolución.
«La situación derivó en el inicio de altercados entre los integrantes de cada una de las facciones, quienes se propinaban insultos, empujones y se arrojaban objetos, motivando a su vez que las fuerzas policiales dispuestas en las cercanías intentaran contener la situación y disuadir los enfrentamientos», reseñó.
«En ese contexto se desarrolló la prevención policial efectuada por parte del Oficial Primero Waldemar González y del Oficial Inspector Martín Morales, ambos de la Unidad Investigativa II de la División Investigaciones Comunales N° 2 de la fuerza policial local, que derivó en la aprehensión de Leonardo Franco Sosa y de Natanael Reinstein Menin».
Los policías refirieron en sus actuaciones que dos de los imputados «intentaban dañar una valla de madera que delimitaba un área de trabajos sobre la calzada – más precisamente se encontraba situada del lado izquierdo de la calle, en sentido del tránsito-«.
«Ante esa circunstancia el personal policial procedió a la advertencia de una de las personas -quien durante el transcurso de la investigación se determinó que se trató de Jonathan Ezequiel Morel-, y a la identificación con fines de prevención de la restante, verificándose luego que era Leonardo Franco Sosa», continuó el magistrado.
«En el mismo momento cuando el oficial González se encontraba alejando de los tumultos a Sosa con motivo de identificarlo, fue tomado alrededor del cuello por Natanael Reinstein Menin -fue descripto vistiendo una campera deportiva color negro y azul junto con un pantalón deportivo gris y portando también una mochila de color negro-, quien se acercó desde su espalda y lo sujetó en la zona del cuello con el brazo, intentando tirarlo hacia atrás», detalló.
El oficial González «procedió a reducir a Reinstein Menin, lo que a raíz de la resistencia empeñada por este último motivó que por el forcejeo ambos cayeran al suelo. En esa misma ocasión el prevenido habría aprovechado para morder al efectivo policial en su pierna izquierda», indicó el juez en su resolución.
En ese contexto, los policías detectaron que de la mochila de Reinstein Menin «emanaba olor a combustible» por lo que, ante los testigos de rigor, «se lo aprehendió y se procedió a su requisa», señaló el magistrado, para luego dar cuenta de que en la mochila «se hallaron restos de una botella de vidrio – presumiblemente de cerveza- de color verde, trozos de tela – de color azul- y líquido vertido producto de la fragmentación de dicho envase».
Los procesamientos dictados hoy se suman a los ya dictados contra Morel, Sosa y otros dos integrantes de Revolución Federal (Sabrina Basile y Gastón Guerra) por incitación a la violencia colectiva.
En el tramo central de esta investigación, la justicia busca determinar además si la agrupación Revolución Federal fue financiada por Caputo Hermanos, sociedad vinculada a los hermanos del exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri, Luis Caputo.
Esa hipótesis surge de que para las mismas fechas en las que Revolución Federal agitaba consignas violentas en las calles, su líder Morel fue contratado para hacer trabajos de carpintería para obras de Caputo Hermanos en Neuquén.
Por otra parte se está investigando la pista de la «9 milímetros» vinculada con una mujer que permanentemente ofrecía una pistola de ese calibre en los grupos de Revolución Federal: la mujer ya fue identificada y su teléfono y la pistola secuestrados por la justicia.
CABA
La defensa del Pity Álvarez denunció riesgo de vida y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño
Con 34 testigos ya escuchados y dos pendientes, declaran tres especialistas en salud mental y el Padre César, mientras el músico, internado en una clínica de Castelar, sigue el debate por Zoom. La defensa denunció riesgo para su vida y pidió la intervención del Tribunal Superior porteño.
Con 34 testigos escuchados y apenas dos pendientes, el juicio por el crimen de Cristian Díaz entra en su tramo final con un acusado internado en una clínica psiquiátrica y una defensa que advierte por su vida. Este lunes se desarrolla la audiencia número 16, en la que declaran tres especialistas en salud mental y el Padre César.
El músico Cristian “Pity” Álvarez, exlíder de Viejas Locas e Intoxicados, está acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018 en Villa Lugano. El debate se realiza ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, y la jornada comenzó a las 11.30 con testimonios por Zoom.
Quiénes declaran en la audiencia 16
Fueron convocados los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj, el psiquiatra Ezequiel Norberto Mercurio y el sacerdote César Scicchitano Tagle, el Padre César o “cura rockero”, quien mantiene desde hace años un vínculo cercano con el músico. Su declaración es una incógnita, porque informó que por la tarde un familiar será sometido a una operación y podría postergarse.
Álvarez permanece internado desde el 2 de octubre en la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar, a la que fue trasladado tras pasar por el Hospital Tornú, y sigue el juicio por Zoom. Sus abogados, Javier Baños y Sebastián Queijeiro, se dividieron las tareas: Baños está en Tribunales y Queijeiro lo acompaña en la clínica. Se espera además que el propio acusado declare, y que el Tribunal fije próximamente la fecha de los alegatos, etapa en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes del veredicto.
El reclamo de la defensa al Tribunal Superior
En la previa de la audiencia, Baños y Queijeiro difundieron un comunicado en el que advierten sobre riesgos “para la vida y salud” del músico y piden la intervención urgente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad. Informan que tramitan tres recursos de queja, presentados tras la denegación de recursos de inconstitucionalidad, referidos al rechazo de cinco acciones de hábeas corpus, al inicio del juicio sin determinación previa de su aptitud para afrontarlo y a la omisión de la audiencia de recusación del Tribunal Oral N° 29.
La defensa denuncia “tratos crueles, inhumanos y degradantes” y vulneraciones de garantías constitucionales y de tratados de protección de las personas con discapacidad. También cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal, al que acusa de presunto ocultamiento de pruebas y falta de objetividad, lo que motivó la intervención de veedores del Colegio Público de Abogados. El comunicado aclara que deja a salvo el buen nombre de los tres jueces y del fiscal subrogante que intervino ante la ausencia del fiscal Sandro Abraldes, quien tomó vacaciones durante el debate. Se trata de planteos de la defensa, que aún no fueron resueltos.
Lo que resolvió la Justicia hasta ahora
El Tribunal rechazó los pedidos de la defensa para suspender el debate y avaló un informe que considera al músico apto para afrontar el juicio. Al mismo tiempo, el Juzgado Civil N° 4 había convalidado su internación por 90 días, a partir de un informe de la Clínica Dharma que señala que presenta “riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros”. Una misma persona es considerada apta para ser juzgada y, a la vez, en riesgo cierto e inminente que justifica su internación.
En la audiencia anterior, el miércoles 21 de octubre, declararon cinco testigos de identidad reservada: un empleado de un kiosco, una kinesióloga y tres vecinos del barrio Samoré, de Villa Lugano. Según se informó, las cinco declaraciones fueron favorables a la postura de la defensa, que sostiene que el músico actuó en legítima defensa.
Lo que tenés que saber:
- La audiencia 16 del juicio por el crimen de Cristian Díaz comenzó a las 11.30 ante el Tribunal Oral N° 29.
- Declaran los psicólogos Carlos De Marco y Daiana Sinigoj, el psiquiatra Ezequiel Mercurio y el Padre César, cuyo testimonio podría postergarse.
- Ya declararon 34 testigos y restan dos; el Tribunal podría fijar la fecha de los alegatos.
- Álvarez está internado desde el 2 de octubre en una clínica de Castelar y sigue el juicio por Zoom.
- La defensa denuncia riesgo para su vida y reclama la intervención del Tribunal Superior de Justicia porteño.
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