DDHH
El CELS conmemora el 2001 con la consigna «Protestar es un derecho»
El Centro de Estudios Legales y Sociales presenta su agenda de actividades para entender y reflexionar sobre los sucesos del 19 y 20 de diciembre de 2001
El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) organizará esta semana una serie de actividades para conmemorar el 20° aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001 con la consigna «protestar es un derecho», en las cuales participarán investigadores, activistas, artistas, políticos, organizaciones sociales y de derechos humanos.
«Veinte años después del estallido social que marcó a la Argentina, las consecuencias de esa crisis aún condicionan la vida política actual. Pensar lo que viene también es entender lo que sucedió después del 19 y 20 de diciembre. En este aniversario, convocamos a encontrarnos para conversar sobre las maneras de organizarse, protestar y transformar«, afirmó el Cels en un comunicado de prensa.
La primera conversación será transmitida en vivo en Instagram el martes 14 desde las 19 y en la que participará el ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, y la legisladora Ofelia Fernández para pensar «la política, la transformación y el Estado después de un crack» y el lugar de la resistencia.

La siguiente actividad tendrá lugar el miércoles 15 a las 19 horas con el eje puesto en el arte y activismo de la mano de las investigadoras María Pia López, Leyla Bechara y la música Luciana Jury. Allí se propone debatir sobre «el rol de los artistas en los tiempos de crisis» y el arte como «herramienta transformadora».
El jueves 16 a las 19 horas a través de IG, la propuesta es conversar sobre «la construcción colectiva, movilización y organización, de la protesta a la asamblea» y las formas de construcción política con el historiador Ezequiel Adamovsky y la activista Georgina Orellano.
El cierre será el viernes 17 en la Plaza Congreso con la presencia de activistas, miembros de organizaciones sociales y sindicales y de derechos humanos. Entre las 17 a 18.30 habrá una reflexión sobre «los horizontes de la organización y de la movilización política» y a partir de las 18:30 y hasta las 20 la propuesta será mirar al futuro.
«La salida de la pandemia se superpone con problemas que limitan los derechos de las mayorías. Mientras el sistema político tiene una fuerte tracción hacia la derecha. Somos parte de un campo social dinámico, creativo, con formas de organización y articulación en movimiento», detalló el CELS.
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Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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