Condena judicial a seis empresas de polo industrial por contaminar arroyo Saladillo
La resolución judicial de la magistrada rosarina, recayó sobre las empresas, radicadas en el polo industrial, lindantes con el arroyo Saladillo, un pequeño afluente del río Paraná.
La jueza en lo Civil y Comercial Nro 13° de Rosario, Verónica Gotlieb, condenó hoy a seis empresas por contaminar el arroyo Saladillo y las obligó a “adecuar sus procesos de gestión de efluentes” y a realizar “acciones de recomposición ambiental”.
La resolución judicial de la magistrada rosarina, recayó sobre las empresas Total Química SA, Reciclarte SRL, Euro SA, Subproductos Ganaderos Rosario SA, Mattievich SA y Shorton SA, todas lindantes con el arroyo Saladillo, un pequeño afluente del río Paraná.
La Fiscal María Laura Martínez denunció a esas empresas radicadas en el polo industrial de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, y las acusó de “descargar sus efluentes sin tratar en un tramo del arroyo Saladillo y el zanjón de la reserva”.
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Bajo el expreso precepto de “quien contamina, paga”, la Jueza Gotlieb admitió el pedido de la Fiscalía para que se ordene a las empresas “prevenir daños ambientales”.
Y también, a la recomposición “de los daños ya causados por el volcado de efluentes”, para que todo el ecosistema de la reserva natural y de la parte afectada, vuelva al “estado previo de la contaminación”.
La jueza Gotlieb dispuso además un cronograma de acciones que las empresas deberán realizar junto al municipio de Villa Gobernador Gálvez y al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, bajo control de la Fiscalía y el Juzgado.
Esas acciones implican la realización de “tareas de saneamiento, costeado por las empresas”, en el arroyo Saladillo, que desemboca entre las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez.
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En el extenso fallo, la magistrada menciona que el 13 de julio del 2020, el juez Luciano Juárez, denunció que en la reserva hídrica natural ´Arroyo Saladillo´ se estaría cometiendo un presunto “daño ambiental”, por lo que pidió la intervención de la Fiscalía.
Según la denuncia del juez Juárez, a raíz de la contaminación, se advertía una “espuma blanca en un área comprendida entre el Arroyo Saladillo, Avenida Circunvalación y Avenida San Martín”, en Villa Gobernador Gálvez.
En esa zona existen “tres o cuatro manzanas de fábricas, químicas y frigoríficos, que desechan vertidos que pasan por debajo de Circunvalación y recorren la reserva, tanto la dedicada a la conservación como la de uso público, con camping y canchas de fútbol”, finalizó.
También la secretaría de Salud y Ambiente de Villa Gobernador Gálvez, denunció en 2021 la aparición de un “valor elevado de bacterias coliformes, que permite tener una idea de contaminación con exceso de materia orgánica”, lo que representa, añade el informe “un riesgo para la salud de quienes consumen peces del arroyo (Saladillo) naden en sus aguas o pasen cerca”.
La Secretaría de DDHH señalizó la Embajada de Cuba por “hechos vinculados al terrorismo de Estado”
El acto se realizó esta tarde en la sede de la Embajada de Cuba en Argentina, ubicada en Virrey del Pino 1810 de la ciudad de Buenos Aires, indicó el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y el embajador de Cuba en Argentina, Pedro Pablo Prada Quintero, encabezaron hoy un acto en el que señalizaron el edificio de la representación cubana por ser un lugar “donde sucedieron hechos vinculados al terrorismo de Estado”.
El acto se realizó esta tarde en la sede de la Embajada de Cuba en Argentina, ubicada en Virrey del Pino 1810 de la ciudad de Buenos Aires, indicó el organismo de Derechos Humanos en un comunicado.
“A partir del trabajo en conjunto que tenemos con la embajada, tenemos grandes lazos que nos unen, tenemos un eje central en las políticas de derechos humanos, que es poder centralizarnos en la víctima y a partir de ahí intentar repararla integralmente”, valoró Pietragalla Corti.
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El embajador destacó que “más allá de cualquier consideración política o ideológica, los hechos que se cometieron contra esta embajada y este personal nunca más deberían repetirse ni en la Argentina ni en ningún otro lugar del mundo”.
Además, se indicó que la Embajada de Cuba en Argentina, sus dependencias y sus trabajadores cubanos y argentinos “fueron objetivos de la Operación Cóndor con la intención de atacar a la revolución cubana y su ejemplo, a través del plan de secuestro, tortura y desaparición ejecutado durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983) y antes de esta”.
La secretaría advirtió que “estos hechos constituyen una violación a las convenciones de la Organización de las Naciones Unidas sobre relaciones diplomáticas y consulares de 1961, de las que ambos Estados son parte”.
Entre los hechos vinculados al terrorismo de Estado, se recordó que un grupo operativo mixto de la inteligencia militar argentina y de comandos especializados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA), junto con miembros de la organización terrorista Acción Cubana, atentaron el 13 de agosto de 1975 contra el Embajador cubano.
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También que desde inicios de 1976, la Escuela José de San Martín -adscripta a la Embajada- y su personal fue hostigado.
La embajada fue asediada con tanques y por hombres armados durante días, tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, al igual que la residencia del Embajador y la oficina comercial.
El 9 de septiembre de 1976, las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraron a los diplomáticos cubanos Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández y los trasladaron al centro clandestino de detención, tortura y exterminio “Automotores Orletti”, que fue base principal en la ciudad de Buenos Aires de la Operación Cóndor, donde fueron torturados y asesinados.
Entre agosto de 1976 y agosto de 1978, secuestraron y desaparecieron a trabajadores argentinos de la Embajada y sus familias y secuestraron a otros tres diplomáticos cubanos, que luego fueron liberados.
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Participaron también en el acto la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Taty Almeida; funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Embajada Cubana; sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos.